La opacidad cubre los bienes incautados al narcotráfico

E n la calle El Limón de El Cafetal, un grupo de guardias nacionales se mudó a lo que, según el Cicpc, era la base de operaciones del Cartel del Toro, un grupo de pequeños traficantes de drogas. Esta organización fue desmantelada con poca fanfarria durante un allanamiento a la quinta Chicuchicu de esa urbanización, en el municipio Baruta, el 26 de junio. El objeto de mayor valor incautado en este procedimiento fue precisamente esa edificación.  Desde entonces y hasta agosto, el inmueble permaneció desocupado. En las puertas y la reja de estacionamiento estaban calcomanías colocadas por la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados (SNB), que indicaban claramente que la casa había sido confiscada.  Ahora, los militares están día y noche en el inmueble, sin saberse a ciencia cierta para qué. Las calcomanías fueron arrancadas. En el estacionamiento ya colocaron un Chevrolet Corsa. Uno de los ocupantes señaló que los servicios de luz y agua potable son cancelados por la ONA.  En Punta Mulatos, estado Vargas, una familia fue despojada de su vivienda al determinarse que supuestamente fue usada por uno de los implicados en el escándalo de transporte de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. Según la abogada Maria Eva Chacón, el uso del rancho fue circunstancial. Como era el único techo de una familia, la Oficina Nacional Antidrogas les dijo que para volver allí debían pagarles un canon de alquiler.  Fortunas en la sombra.  La custodia de los bienes incautados durante averiguaciones sobre tráfico de drogas siempre ha sido un problema para el Estado. Hasta 2010 era norma que los organismos oficiales no podían disponer ni usufructuar de ninguna forma de las fincas, casas, vehículos o dinero «asegurado» durante estos procedimientos, hasta que el TSJ emitiese una decisión definitivamente firme.  Esto podía tomar años y los bienes se deterioraban. La pérdida de valor era tal que, según el ex presidente de la Conacuid, Carlos Tablante, en el caso de los vehículos ni siquiera se podía compensar el servicio de la depositaria judicial.  En noviembre de 2010, gracias a una reforma de la legislación sobre drogas, se abrió la posibilidad de disponer por anticipado de los bienes incautados durante estas averiguaciones. El artículo 184 de la norma indica que la ONA tiene la facultad de designar administradores especiales.  El único requisito es que sean funcionarios públicos.  Se abrió así la puerta para lo que Tablante calificó de «discrecionalidad»: los bienes son entregados a militares, policías y miembros del Ejecutivo para que los utilicen como deseen.  Esto ocurre en medio del mayor sigilo hasta que algún hecho inesperado lo pone al descubierto. Así sucedió el 23 de diciembre de 2014 en la marina del conjunto Bahía Redonda, de Puerto La Cruz. A las 10:30 pm comenzó a incendiarse una embarcación sin motivo aparente.  La nave de 47 pies de eslora llamada Predatore, había sido incautada en septiembre de 2012, durante una pesquisa contra un grupo de traficantes que operaba entre Higuerote y Caracas. El dueño era Emiliano Zapata, detenido junto a su pareja de entonces, la modelo Karla Osuna.  La ONA asignó como depositario del yate al Secretario de la Presidencia, Willian Amaro, quien ordenó sacarla de Carenero y llevarla a donde pudiera usarla con tranquilidad.  Otros yates, como el incautado durante la pesquisa contra el capitán retirado de la GN, Vassily Villarroel, son el centro de reclamos judiciales luego de ser vistos los fines de semana en las costas de Anzoátegui y Vargas, usados por militares y sus familias.  La directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, afirmó que la opacidad caracteriza el manejo de los bienes incautados en casos de drogas.  «Es opaca, como el resto de las cosas que se manejan desde el resto de la administración pública», señaló.  Tanto la ONA como el SNB tienen páginas web, que nada dicen sobre las cifras de bienes incautados ni su destino.  La Memoria y Cuenta de Relaciones Interiores tampoco rinde explicaciones al respecto.  En el caso de las aeronaves, según Tablante, existen fuertes indicios de que son usadas por altos funcionarios para fines personales. Entre 2010 y 2014 fueron decomisadas 122, incluida una ultraliviana.  Una de las últimas en pasar a la flota oficial fue asegurada en febrero de este año en el aeropuerto Josefa Camejo.  Tenía siglas estadounidenses, pero llevaba a tres mexicanos en aparente vuelo ilegal. En septiembre la entregaron al Sebin Para estos especialistas, debe actualizarse el inventario de esos bienes y el estado de las causas por las cuales fueron «asegurados». En Colombia, donde se planteó una situación similar, el Congreso aprobó en 2002 una ley que regulaba la llamada «extinción de dominio» de los propietarios de los haberes incautados.  Esta norma fue reformada en 2014, sobre la base de un modelo presentado por la ONU.  En Venezuela, Tablante propondrá ante la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley para la disposición de los bienes incautados en averiguaciones sobre drogas, así como de delitos relacionados con la delincuencia organizada.