La ONG Espacio Público entregó una carta, respaldada por 32 comunicadores sociales y miembros de la sociedad civil, al director del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Carlos Fernández, exigiendo que se respete el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión.
Reporteros de la fuente de Sucesos señalaron que fueron intimidados y retenidos por funcionarios de la morgue de Bello Monte luego de tomar una fotografía de una furgoneta accidentada el 11 de mayo pasado.
Según la página web de Espacio Público, también había ocurrido un incidente similar en el que funcionarios de la morgue restringieron el acceso de periodistas a la institución.
El 3 de agosto de 2016 los reporteros que cubrían la fuente de Sucesos se concentraron en esa dependencia para protestar y exigir el acceso a la información y respeto a la labor periodística, que se vio limitada debido a la instalación de una cerca que rodea la medicatura forense.
Los medios de comunicación y sus trabajadores juegan un papel indispensable en la permanencia y existencia de estos derechos, pues se encargan de difundir información y contribuir a que la sociedad genere su opinión sobre cualquier acontecimiento que consideren de relevancia.
La Constitución es clara en cuanto a la existencia y predominancia de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información como fundamentales para el desarrollo y desenvolvimiento de una sociedad democrática, indica la ONG.
“Ataques a periodistas intentan tapar la irresponsabilidad del Estado”, señaló el CNP del estado Zulia y la ONG Aula Abierta.
Agregaron que las agresiones y amenazas permanentes a los periodistas se han convertido en una política de Estado en Venezuela, que atenta contra el derecho ciudadano de estar informado y contra el libre ejercicio de la prensa, indicó Leonardo Pérez, secretario general del CNP Zulia.
Pérez afirmó que es alarmante como en los últimos meses se han incrementado las violaciones a la libertad de información y las agresiones a los reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas por parte de funcionarios tanto de la GNB, PNB y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, que arremeten contra el ejercicio, integridad física y equipos de trabajo, en la cobertura de las protestas.
Indicó que en menos de una semana, del 5 al 11 de mayo, se han contabilizado 39 casos de violaciones a la libertad de expresión, cuyas víctimas son periodistas, camarógrafos y manifestantes.