La Fiscalía 83 de Derechos Fundamentales del área metropolitana de Caracas investiga a un funcionario de apellido Gámez Ayala, credencial número 35.336, adscrito al Eje Central de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por su presunta participación en el asesinato de Mack Keiward Almeida Ochoa, de 24 años de edad, ocurrido el sábado a las 8:00 pm en el bulevar de Sabana Grande, cerca de la panadería La Poma.
Esa misma noche, Gámez Ayala trasladó el cuerpo sin vida de Almeida al hospital Domingo Luciani, en El Llanito, y luego a la medicatura forense de Bello Monte. En su minuta policial el funcionario escribió: “El hoy occiso estaba armado y se enfrentó a la comisión de funcionarios. Al ser verificado en el sistema se conoció que era integrante de una banda de secuestradores de la Cota 905 y estaba solicitado por homicidio”.
Al momento de ser registrado en la morgue de Bello Monte, Gámez Ayala pidió que no se entregara el cadáver a los familiares ya que requería la presencia de fiscales del Ministerio Público para realizar el procedimiento post mórtem.
La víctima fue reseñada con el código 62, clave numérica que se le coloca al cuerpo cuando se trata de un enfrentamiento con policías.
Los hechos. El sábado, Almeida estaba en casa de una amiga que residía en Sabana Grande. Al término del encuentro llamó a su padre con quien acordó encontrarse para retornar juntos a su residencia.
Vecinos escucharon varias detonaciones y cuando se asomaron en la ventana observaron a funcionarios del Cicpc que montaban a Almeida en una camioneta.
Su padre, que trabaja como escolta en el Departamento de Seguridad del despacho del ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, relató que Almeida tenía dos impactos de bala en el tórax, según le habían informado en el hospital Domingo Luciani.
Para realizar el procedimiento post mórtem, directivos de la morgue de Bello Monte se comunicaron con el Ministerio Público porque notaron irregularidades en el procedimiento ejecutado por el Cicpc.
Al organismo asistió Miguel Hernández, defensor del Pueblo II y el fiscal provisorio 127, Joenny Alexánder Hernández, ambos del área metropolitana de Caracas, que acordaron la entrega del cadáver y abrir una investigación del procedimiento.
En las actas finales especificaron: “Ambos despachos notificamos que en nuestros registros no aparece ninguna investigación contra el hoy occiso, ni está involucrado en alguna causa penal en curso”.
De forma extraoficial se conoció que el funcionario policial Gámez Ayala quiso sobornar a los funcionarios de la morgue de Bello Monte para demostrar el presunto enfrentamiento que involucraba a la víctima.
Almeida no tenía hijos y era el mayor de tres hermanos. Estudiaba segundo semestre de Administración, pero sus familiares no precisaron el nombre ni la sede del instituto. Trabajaba en una cadena de supermercados y tenía previsto irse del país.