Solamente en la Gran Caracas, por lo menos 53 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, con rangos de oficial y oficial agregado, han sido detenidos e investigados por la Fiscalía por incurrir en delitos de extorsión, robo y uso excesivo de la fuerza en los últimos 8 meses, de acuerdo con reportes del Ministerio Público.
Estos registros, según expertos en materia policial, apuntan a serias fallas en la formación de quienes ingresan en el principal cuerpo de policía de seguridad y control de orden público del país. “Al comenzar en la Universidad Nacional de la Seguridad reciben un mensaje muy pobre, no se les instruye en técnicas ni tácticas policiales y cuando salen a las calles piensan en hacerse ricos cometiendo delitos igual que los grupos delincuenciales comunes”, afirmó un funcionario jubilado de la antigua Disip, quien participó en la comisión para formar el pensum de estudios.
Denuncias de aspirantes a ser policías y de funcionarios señalan que en la UNES no hay rigurosidad para el ingreso a las filas de la PNB, pero sí exigirían la inscripción en el PSUV. Afirman que uno de los directores de la PNB, ante la carencia de voluntarios, incorporó con la modalidad de contrato a 400 ex agentes de la extinta Policía Metropolitana, muchos de los cuales tenían en su hoja de servicio graves registros disciplinarios, policiales y penales. “Aun así los uniformó y les dio jerarquía dentro de la PNB, y son los que cometen fechorías como matracas a negocios (los llaman los parceleros), extorsiones y cobros de vacunas”, señaló una fuente.
La PNB, creada en 2009, está integrada por 27.000 funcionarios repartidos en todo el territorio nacional, y este año se espera la incorporación de otros 10.000 egresados de la promoción de la UNES correspondiente a 2017, cuya formación está regida por la Ley de Funcionarios Policiales.
El comisario general Luis Rodríguez Vieira, director fundador de la oficina de Control de Actuación Policial de ese organismo, reconoció las deficiencias de formación y señaló que deben capacitarse constantemente para ser funcionarios íntegros. Para empezar, deben rescatarse e implementar los cursos de subinspector y subcomisario, que se impartían en la antigua PTJ y tenían una duración de ocho meses, como requisitos para los ascensos.
“Cuando iniciamos la PNB en el año 2009, bajo la dirección del comisario general del Cicpc Luis Fernández, usamos un estricto control para los ingresos. Trabajábamos mancomunadamente con el Consejo General de Policía, Asesoría Legal del Ministerio y el director de la OCAP, ahora ICAP, en la revisión minuciosa de las carpetas de personal de la PM en todas las jerarquías; evaluábamos los récords disciplinarios y de procedimientos policiales, estudios y cursos aprobados con los que veíamos si el aspirante tenía el perfil y los requisitos necesarios para formar parte de la PNB”, relató.
Pero esa labor, sostuvo, no se hace al momento de ingresar al personal. “En el escaso tiempo de formación de los futuros egresados, hay 2 trayectos de 12 semanas cada uno, en los que figuran materias con sentido ético-político y un componente teórico de sociedad y democracia socialista”, refirió un policía jubilado de la institución regida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Y tampoco se hace estricta supervisión de la actuación de los funcionarios. “La PNB necesita mayor supervisión y control, y debe blindarse con la columna vertical de la institución que es la Inspectoría de Control de Actuación Policial (ICAP) y el Consejo Disciplinario”, dijo, aunque este último no tiene sede propia: “Lo ideal es que tuviese un despacho que se encuentre fuera de las oficinas regulares de la PNB, para que las víctimas de abusos o situaciones irregulares de funcionarios puedan acudir con seguridad a denunciar las malas actuaciones en procedimientos”.
José González, comisario jubilado de la Policía Metropolitana y presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de la PNB, afirmó que la UNES no está formando agentes de control del orden público: “La seguridad del país está en manos de egresados de una universidad que acabó con el patrimonio educativo de las escuelas de policías donde se formaban especialistas en orden público y otras ramas de investigación científica, para convertirse actualmente en sistemas de preparación bajo un concepto político que la aleja del problema real: acabar con la inseguridad”.
Afirmó que del proyecto académico inicial solo quedó “una casa de estudios incompletos y carente de directrices para el ejercicio policial y la defensa del venezolano de a pie”.
Un cuerpo policial civil bajo dominio militar
“La UNES debe ser un agente de cambio”, sostuvo la profesora universitaria, Soraya el Achkar, al recibir la rectoría de la UNES, en febrero de 2011, que se apresuró en graduar al primer contingente de 8.137 hombres y mujeres egresados en 2012, año de elecciones. La formación de oficiales se hizo con cursos de 12 semanas en seguridad ciudadana, derechos humanos y respeto a la vida. “Nunca hubo preselección de los aspirantes porque ya había 4.421 policías de la PM y otros cuerpos de seguridad”, confirmó el comisario general Luis Rodríguez Vieira.
La meta de 2012 fue graduar a 90.000 policías. El entonces ministro de Interior, Tarek el Aissami los repartió en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Anzoátegui, Táchira y en el Distrito Capital, porque el país no disponía de funcionarios suficientes para resguardar la seguridad en espacios públicos.
La deficiente formación fue reconocida por Freddy Bernal, comisionado general, en marzo de 2015. “Hay fallas en la captación de los postulados, muchos eran homicidas y vendedores de drogas, no habían sido reseñados. Un grupo fue detectado después de graduados”, agregó Rodríguez Vieira.
En 2012 el Consejo General de Policía, que realizó las primeras intervenciones de cuerpos de seguridad estatales y municipales, acordó, mediante resolución, que los militares no podían ocupar cargos ni jerarquías en las policías porque son de carácter civil. “Es alarmante, ilegal e inconstitucional que casi todos los cargos de la PNB estén ocupados por militares. Me pregunto si no va contra las normas y basamentos legales actuales, ¿podría yo ocupar un grado y alto cargo como policía en las FANB?”, manifestó el comisario general Rodríguez Vieira, jubilado del Cicpc donde laboró durante 28 años.