Era viernes 14 de junio en la noche. Las sirenas comenzaron a sonar en el sector El Observatorio de la parroquia 23 de Enero. Desde varios puntos reportaron la presencia de una comisión de la policía científica que entró en la zona para ampliar una investigación.

Los delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios, y el detective José Gregorio Altuve resultó herido de un tiro en el pecho. Murió en el trayecto al hospital Ricardo Baquero González, conocido como Periférico de Catia. El hombre que mató a Altuve es conocido con el alias de Tiroloco.

Minutos después del tiroteo entre policías y delincuentes, integrantes del colectivo La Piedrita hicieron sonar sus alarmas para exigir que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se retirara del lugar.

Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, luego de conocer la muerte del detective, se reunió con el comisario a cargo de la comisión y les permitió quedarse un rato más en la zona.

 

 

A juicio del comisario jubilado del Cicpc Sergio Gonzalez, fundador de la División Nacional contra Extorsión y Secuestro, ese hecho demuestra el dominio de territorios a manos de grupos de civiles armados.

Ese fenómeno se ha extendido a todo el territorio nacional, sin que los cuerpos de seguridad puedan actuar sin el consentimiento de los grupos delictivos, “que cobraron fuerza con apoyo del gobierno”, señaló González.

Indicó que el dominio de territorios a manos de esos grupos tuvo su génesis con la banda liderada en Guárico por Antonio Tovar, el Picure Colina, y que luego amplió su eje de acción a los estados Carabobo, Aragua y Miranda.

“De allí que otros grupos copiaran la modalidad de marcar el territorio, conocer a quienes lo habitan para cobrar vacunas y extender su poder a caseríos o sectores aledaños, bajo amenazas de muerte de no cumplir códigos implementados por sus nuevos líderes, sean colectivos o delincuentes”, afirmó.

En Caracas, sectores como la Cota 905, El Valle, El Cementerio y ahora Petare, son zonas en las que no existe patrullaje policial interno “porque hay otro código establecido entre el gobierno y los líderes de bandas”, manifestó González.

“Estos delincuentes ordenan secuestros, mantienen a las víctimas en cautiverio en el mismo barrio, ordenan el pago por la liberación en el mismo sector;  y aunque los tiene ubicados, la policía no puede actuar”, subrayó.

Consecuencias de una política complaciente

González explicó que los colectivos fueron grupos con ideales políticos, en defensa de la revolución, y se convirtieron en cúpulas con armamento militar. “El Estado los financió, les dio una función: controla a tu gente, nada de alborotos en contra del gobierno, nada de protestas y manten a los habitantes tranquilos, con sus cajas de comida y otras jornadas. Y esto es lo que pasa en el 23 de Enero y otras regiones del país”, aseguró González.

A diferencia de los colectivos, los delincuentes no cuentan con el financiamiento para armas. Luego de marcar el territorio, les corresponde aplicar el segundo paso: el autofinanciamiento a través del secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, “como  la única manera de obtener dinero”.

Las consecuencias de las complacencias del Estado con grupos de delincuentes trae consigo la inoperatividad de los cuerpos de seguridad. En otras regiones, dijo González, los colectivos levantan un censo de habitantes y sus propiedades. Las zonas son monitoreadas a través de cámaras, “y es que detrás de la figura de los colectivos hay toda una organización criminal con licencia para delinquir”.


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