Sucesos

El limbo de los niños agresores

El año pasado el Ministerio Público imputó a 22.000 adolescentes involucrados en delitos y acusó a otros 10.000.  

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Un grupo de niños entre 6 y 17 años termina involucrado en el asesinato de dos guardias nacionales en Sabana Grande, el sábado 18 de marzo. La sola idea de imaginar a varios niños acuchillando a dos adultos generó reacciones llenas de indignación, tristeza y horror en las conversaciones de la gente. Durante unos días todas las miradas apuntaron hacia los niños en situación de calle y llenaron mucho centimetraje en los medios de comunicación, un exceso de atención al tema que un mes después del hecho parece haberse diluido entre los gases lacrimógenos de las protestas.
Pero para especialistas, trabajadores sociales y organizaciones de atención a la niñez, este hecho apenas mostró la punta del iceberg que condensa el silencioso pero continuo proceso de desmantelamiento, que desde hace por lo menos diez años, enfrenta la estructura jurídica e institucional de atención a la infancia vulnerable y en situación de riesgo.  


Los números muestran una parte de un problema que crece peligrosamente. En el informe de gestión 2016 presentado por el Ministerio Público, las 41 fiscalías especializadas en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes imputaron a 22.000 adolescentes y acusaron a 10.000 más. En el mismo período las fiscalías con competencia penal ordinaria imputaron a apenas 9.000 adultos, cifra que no alcanza ni la mitad de la cantidad de imputaciones hechas a adolescentes.


En los centros de atención tanto públicos como privados coinciden en que el fenómeno se ha desbordado y que es muy poca la capacidad de atención para desarrollar las medidas individualizadas de abordaje y seguimiento que exige la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), instrumento legal con 17 años de haber sido promulgado, tan adolescente como a quienes ampara, ya lleva dos reformas y sin embargo aún tiene pendiente el Reglamento que permite la ejecución de toda Ley.


La Lopnna versus la realidad. “Me da dolor ver las consecuencias de algo que alertamos diez años antes porque estaba de anteojito”, dice Javier Vivas, docente, ex presidente del consejo estadal de derechos de NNA en Nueva Esparta y ex coordinador de defensorías educativas en el mismo estado.
Vivas explica que con la entrada en vigencia de la Lopnna, el 1° de abril del 2000, Venezuela ponía en práctica uno de los mejores sistemas de protección de América Latina para la infancia y la adolescencia. Pero su advertencia se refiere al alerta que hicieron varios grupos y organizaciones en 2006, cuando se anunció la primera reforma de la Lopnna, llevada a cabo al año siguiente por la entonces diputada Gabriela Ramírez (luego Defensora del pueblo).


Una de las consecuencias de la reforma fue la eliminación del Consejo Nacional y los Consejos Estadales de Derechos del Niño y del Adolescente (Cedna), organismos rectores en materia de protección y prevención que se encargaban de articular acciones con los consejos municipales, orientaban a las defensorías, al Ministerio Público y a los tribunales de la materia para fortalecer los programas dirigidos a familias en situación de pobreza o de vulnerabilidad social.


Vivas formó parte de los consejos estadales y señala que su estructura funcionaba de manera eficiente porque la presidencia era rotativa, seis meses para miembros de la sociedad civil y seis meses para funcionarios del Estado, lo que permitía una supervisión y contraloría de los programas continuamente. Pero la reforma eliminó los fondos estadales de protección, los consejos de derechos se quedaron sin recursos para los programas y las iniciativas para atender niños abandonados (medidas de abrigo) o para desarrollar proyectos fueron desmantelados administrativa y jurídicamente, explicó el docente.


Ese debilitamiento institucional impactó en las organizaciones privadas dedicadas a atender a esta población. Un ejemplo lo viven las Casas Don Bosco, donde todos los días llegan de 10 a 16 niños en situación de calle como parte de su programa Patio Abierto que funciona desde hace 15 años pero que se ha visto disminuida en capacidad de atención porque la demanda aumenta pero la institución no puede abarcar a más jóvenes. Leonardo Rodríguez, director de la institución, explica que en la teoría la Lopnna establece todo el procedimiento a seguir y es muy clara en el artículo 124 cuando refiere que el eje transversal de la atención son los programas: “El problema es que esos programas no existen y los que permanecen están muy debilitados”.


Como representante de las Casas Don Bosco, Rodriguez forma parte de una asociación llamada Asamblea de entidades y programas de atención de NNA, en el que participan unas 100 instituciones de la sociedad civil en todo el país que tienen una capacidad de atención aproximada de 5.000 niños y jóvenes. A esta infraestructura se suma la reducida red del Estado, a cargo del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. El Idena cuenta con unas 20 entidades de atención a escala nacional. En su página web, el espacio dedicado a describir los programas que desarrolla solo despliega una única pestaña señalada como “Atención”, que no despliega contenido.


La papa caliente

El Idena, adscrito al viceministerio de la Felicidad, nació con la reforma de la Lopnna hace diez años pero no se diseñó como órgano rector del sistema sino como ejecutor, la misma función que cumplía el antiguo Instituto Nacional del Menor (Inam), como parte de un enfoque tutelar que debió ser superado cuando los NNA se convirtieron en sujetos de derecho.


La reforma de la ley diluyó en más de 20 organismos del Estado las responsabilidades rectoras del sistema de protección pero no hay un ente directo que se encargue de las políticas de prevención, derechos y ejecución de los programas.


Carla Serrano, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Ucab en la línea de derechos de NNA, apunta hacia esta especie de limbo en el que ningún organismo del Estado quiere asumir directamente la rectoría de niños y adolescentes, especialmente los que están en conflicto penal, “es como el juego de la papa caliente en el que todo el mundo quita la mano cuando se quema”.


Lo ejemplifica con los casos en materia penal de adolescentes que fue a dar al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que se encarga solo de la ejecución de las sentencias pero sin un enfoque doctrinario adecuado y tampoco aborda prevención del delito.


“No está claro quién se encarga de qué y con la reforma de 2015 el pastel se puso peor porque crecieron los integrantes del sistema de responsabilidad penal pero no hay ente rector, es como un Estado gigante que quiere cubrir todo pero no hace las mínimas cosas”, señala Serrano.


Este limbo de responsabilidad se estrella de frente con la práctica. Mónica Marrero, socióloga del Servicio Autónomo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del estado Miranda (Sepinami), explica que hay un vacío importante para aplicar las medidas socioeducativas que establece la Ley porque hay un grupo grande de niños entre 12 y 14 años, que son inimputables y a los que solo se les estipula atención psicológica con programas especialmente diseñados para ellos, pero esas instituciones no existen y tampoco los programas. “Están en el papel pero tenemos problemas como el número de niños abandonados que es altísimo y como no hay tantas instituciones que los alberguen, entonces no podemos encargarnos de desarrollar cada una de las medidas porque todos los casos son distintos”.


Y si la demanda de atención para niños menores de 14 años de edad cada vez es más alta, la situación se complica aún más para los que están entre los 14 y los 17 años de edad porque necesitan sitios especializados de reclusión con un enfoque multidisciplinario para que no cumplan privación de libertad en el sistema ordinario. “Hay adolescentes que son detenidos y se quedan hasta dos años en las comisarías en situación de hacinamiento con el resto de los adultos, porque están esperando cupo para las instituciones especializadas que rige Sepinami, pero la demanda supera la capacidad”, advierte Marrero.


En el Sepinami, los jóvenes en conflicto con la ley se atienden bajo dos modalidades: privados de libertad y libertad asistida (condicional) que deben integrarse a un programa de trabajo durante el tiempo que decida el juez. Pero aunque tienen dos centros en los que están divididos por sexo apenas tienen capacidad para 200 jóvenes, entre hombres y mujeres. Aparte solo cuentan con una casa hogar para las medidas de abrigo pero pueden atender un promedio de 20 niños, sin contar que deberían tener otro programa u organismo que se encargue de hacer seguimiento para incidir en el entorno familiar pero esta figura tampoco existe.  


Responsabilidad compartida

El caso de los niños de Sabana Grande despertó el temor y la preocupación colectiva pero para quienes trabajan a diario con los niños en situación de calle y los que tienen conflicto con la ley, este es apenas un hecho dentro de una realidad cada vez más desbordada.


Un estudio realizado hace diez años por Yudey Rodríguez y Maria Alejandra López, docentes e investigadoras de la Universidad Simón Bolívar (USB), detectó que de un total de 754 niños y adolescentes observados y 369 entrevistados, la principal razón por la que estaban en situación de calle se relacionaba con problemas económicos en el hogar, seguido de maltratos en el núcleo familiar y en el tercer lugar, las drogas.


Estas razones se han agudizado, según observa Rodríguez, pero señala que no se puede desarrollar con claridad un abordaje del problema porque no hay un diagnostico que muestre la magnitud. “Si no se atienden las causas del problema, mucho menos se pueden abordar las consecuencias”.


“Es un problema sumamente complejo que no se puede atender solo porque ocurre algo que nos escandaliza como sociedad, es más profundo y debe atenderse más allá de que se ponga de moda el tema de los niños”, considera Serrano.  


Esa preocupación la comparte Leonardo Rodríguez, director de las Casas Don Bosco. “La gente reacciona porque hay un grupo de muchachos que mata pero luego son estigmatizados y señalados, sin entender que ellos están reproduciendo una conducta violenta y agresiva generalizada. Por supuesto que no podemos validar ese tipo de conductas pero la solución no puede ser desparecerlos porque la mayoría son víctimas de un círculo que los abandona y donde los principales responsables son tanto sus familias como el Estado. Esas conductas no surgen de la nada”.


El profesor Javier Vivas lo resume así: “Este el resultado de un abandono sistemático. Un niño que está en esa condición no llegó a la calle ayer y día a día todos los estamos viendo”.

Artículo 124 de la Lopnna: tipos de medidas

La Lopnna establece los tipos de medidas que deben acompañar la ejecución de los programas con carácter de asistencia según las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentren en situación de pobreza. Las medidas especificadas mencionan, entre otras, las de apoyo u orientación para estimular la integración en el seno de su familia y de la sociedad; las de colocación familiar para organizar la colocación de NNA en familias sustitutas mediante un proceso de selección, capacitación y apoyo; las de rehabilitación y prevención para atender a quienes sean objeto de torturas, maltratos, explotación, abuso, discriminación, crueldad, negligencia u opresión o que sean consumidores de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas; las de abrigo para atender a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten y finalmente las de carácter socio-educativas que deben estar diseñadas “para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las adolescentes por infracción a la ley penal”. Las organizaciones que atienden la infancia y enfrentan estos problemas señalan que aunque el marco legal las contempla, la ejecución de las medidas es poco efectiva porque no hay capacidad para ponerlas en práctica con el abordaje idóneo y el equipo multidisciplinario que se requiere.

Sin censo, ni diagnóstico

En 2007 las investigadoras de la USB, Yudey Rodríguez y María Alejandra López, hicieron un estudio sobre la niñez en situación de calle en Venezuela y el principal problema que consiguieron fue la dificultad de acceso a cifras oficiales sobre esta población. Los censos e informes disponibles solo mostraban datos parciales del problema. En el artículo presentaron los resultados del abordaje de un grupo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el municipio Libertador, Distrito Capital. Observaron un total de 754 NNA y lograron entrevistar junto a un equipo de educadores de calle a 369 niños. De este grupo 199 fueron categorizados como NNA que viven en la calle. Del total de niños y adolescentes entrevistados, 229 respondió que llegaron a la calle por los problemas económicos que atravesaban sus familias, 93 dijeron que dejaron sus núcleos familiares porque eran maltratados, 53 niños dijeron que era por consumo de drogas y solo 15 niños respondieron que estaban en la calle porque eran huérfanos.

22.066 adolescentes fueron imputados durante el año 2016, según el informe de gestión presentado por el Ministerio Público

10.713 menores de edad recibieron acusación formal por parte de las 41 fiscalías del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes

111.460 actuaciones oficiales se presentaron ante los tribunales especializados en materia de NNA