“En la Cota 905, las aguas están revueltas”, sostuvo un residente que, por temor a represalias, prefirió no revelar su identidad.
Mientras es consultado el vecino sobre el panorama que se vive en la zona, luego del asesinato de siete delincuentes registrado el martes 12 de febrero en la tarde, mira de un lado a otro, por si es captado por algún garitero territorial de Las Quintas (una de las zonas más peligrosas de la Cota 905).
Los habitantes catalogan el hecho del martes como una masacre, encabezada por Carlos Luis «el Coki» Revette y, aunque ningún cuerpo policial ha ofrecido detalles al respecto, consideran que deben capturarse a los responsables por las muertes de seis jóvenes y un menor de edad a quienes les destrozaron el rostro a tiros, los quemaron y expusieron los cuerpos en las redes sociales.
El parte policial solo reseñó: “Sujetos desconocidos abordaron a varias personas y sin mediar palabras los asesinaron”. El móvil fue ajuste de cuentas y en su mayoría estos casos no son investigados.
A juicio del sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, lo que ocurrió el martes en la Cota 905 obedece a un fenómeno reiterativo que deja en evidencia la ineficiencia del Estado en materia de seguridad y actuación de las instituciones policiales, todo por un código tácito catalogado como acuerdo de paz.
“Las funciones del Estado fueron sustituidas por cuerpos criminales. La institución ha fallado en sus funciones porque hay complicidad al respecto e intereses del gobierno y las organizaciones criminales. Tú puedes seguir con tus negocios, pero no te metas con la policía o no asesines. Esto deriva de los acuerdos de paz o acuerdos realizados con grupos criminales; en las cárceles también se evidencian acuerdos de este mismo tipo”, dijo Briceño León.
El orden en los barrios populares y la ley del hampa se convierten en un Estado paralelo pero cuyas leyes se delegan y cumplen de manera ilegal.
El secuestro y posterior asesinato de dos funcionarios militares, ocurrido la madrugada del lunes en la Cota 905, fue el detonante para que miembros de la banda del Coki, asesinaran a los responsables del hecho por quebrantar la ley de no matar a policías en la zona.
“Los pactos que se hacen entre los grupos criminales, acuerdos económicos, división de fronteras o territorios, ciertas reglas para la distribución del negocio, implican dominación de un grupo sobre otro. Y esto ocurrió luego de la muerte de esos funcionarios”, sostuvo.
Acuerdo tácito. La Cota 905 fue decretada zona de paz a inicios del año 2015, pero dejó de serlo luego de una Operación de Liberación del Pueblo en julio de ese mismo año. Dos años después, personalidades del gobierno sostuvieron reuniones en la comunidad en las que, según residentes, también participó «el Coki».
La celebración tuvo lugar en el sector denominado Las Quintas, donde además está instalado un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Estos pactos de paz claramente permitieron la actuación de grupos criminales y la imposición de nuevas leyes, normas de convivencia, territorios y aplicación de castigos”, afirmó Briceño León.
Para el periodista e investigador en temas de criminología, Javier Ignacio Mayorca, “estas personas (refiriéndose al delincuente de ahora) vienen de la ilegalidad, megabandas y colectivos que intentan consolidar mediante la violencia un dominio territorial”.
Mayorca aseguró que “una vez que esta gente consolida su dominio empiezan a monopolizar los mercados ilegales, que vemos con los colectivos en el 23 de Enero y la venta de las bolsas de los CLAP y está ocurriendo también en la Cota 905 con la banda de Carlos el Coki Revette, con un enganche político que le permite llegar a estos niveles que hemos visto”, puntualizó.