Un trabajador informal de 32 años, a quien indentificaremos como Rafael Ontiveros, fue detenido hace 8 meses acusado de complicidad con unos ladrones de autobuses Yutong. Desde entonces espera un juicio que aún no tiene fecha. Su caso, como el de muchos, cayó en un agujero negro. Mientras tanto vive en una continua zozobra en la cárcel de Yare III, donde está recluido.
Sus familiares relataron que se mantienen con miedo. Indicaron que son comunes las agresiones y el pago de sobornos.
Explicaron que Ontiveros solo puede ser visitado por mujeres con vínculos cercanos: madre, hermanas y esposa. Deben vestirse con camisa y ropa interior blanca, jeans y sandalias sin tacón. La madre aseguró que una custodio la desnuda completamente y la requisa. Señalaron que algunos reclusos privilegiados tienen teléfonos que alquilan a otros presos. Las llamadas generan una deuda que es debitada a los familiares a la hora de la visita por medio de una transferencia a una cuenta bancaria. Los montos son establecidos en bolívares y generan intereses con el paso de los días. Lo mismo pasa en el caso de la compra de cigarros y cortes de cabello.
Los parientes aseguraron que tienen miedo de que sea agredido por otros reclusos si no pagan las deudas. La última fue de 50.000 bolívares. “Los presos deben cuidarse de los mismos custodios, que les roban hasta la ropa cuando realizan las requisas”, afirmaron.
Ontiveros recibe la comida que le llevan los fines de semana, pero el resto de los días debe comer arroz sin ningún acompañante y, en el mejor de los casos, le dan lentejas. Sus familiares informaron que lo ven más demacrado.
El caso de Ontiveros es uno de los casi 100.000 presos que hay en el país, en los 41 centros de reclusión y en los calabozos policiales. El hacinamiento pasa de 125%.
Las cárceles en Venezuela son centros de violación de los derechos humanos, indicó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Allí se sufren torturas, desnutrición, enfermedades no tratadas y sobrepoblación.
Un informe del OVP indicó en los primeros 3 meses del año murieron 46 presos: 37 por problemas de salud como tuberculosis, desnutrición, hepatitis, salmonella, neumonía y VIH, mientras que otros 9 fallecieron por causas violentas, como ataques con arma blanca, arma de fuego, ahorcamiento y traumatismo generalizado.
Sobrepoblación
Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que hay hacinamiento crítico en las cárceles. Explicó que en un espacio destinado a 5 personas conviven más de 25 individuos. “Las condiciones de insalubridad son dramáticas. Solo trabaja 15%, el resto vive en hacinamiento, maltrato y corrupción, de lo cual el Estado no tiene control”, aseguró.
La infraestructura está deteriorada y no hay una política de mantenimiento y asistencia. En los centros de reclusión hacen falta profesionales que hagan la reinserción a la sociedad: psicólogo, trabajador social, jefe en el área laboral, coordinadores de cultura y deporte, abogados, enumeró.
“Hay extorsiones de los reclusos hacia el ciudadano común y el Estado no tienen ninguna capacidad de orden, por lo que responden torturando y maltratando, incluso al familiar”, subrayó.
“En la cárcel se dice que el bueno sale malo y el malo sale peor”, agregó.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Solo tres países tienen medidas provisionales en sus cárceles: Venezuela, que es el que más medidas tiene, con seis; Brasil, con dos, y Argentina, una. A estas naciones se les aplicó el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos resoluciones con medidas cautelares para seis centros de reclusión: el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); los centros penitenciarios Yare I y Yare II; el Centro Penitenciario de la Región Centroccidental (Cárcel de Uribana) y los internados judiciales Rodeo I y Rodeo II. La provisión se emitió el 30 de marzo de 2006 y el 30 de noviembre de 2007.
“Venezuela se caracteriza por tener uno de los sistemas en los que se maltrata al ser humano; es uno de los más violentos que hay en el mundo”, señaló el director de la organización.
Desnutrición
Prado denunció que la mayoría de las veces los presos comen alimentos descompuestos. “Es una combinación que no reúne las vitaminas, calorías y lípidos necesarios para una persona”, señaló.
La alimentación no reúne las calorías que establece la Organización Mundial de la Salud, la cual es de 2.000 al día, según un informe publicado en agosto de 2018.
La delincuencia, a sus anchas en centros penitenciarios
Prado aseguró que los presos tienen un sistema de crimen organizado que perjudica a la sociedad civil, “tienen su propio autogobierno”. Subrayó que están mejor armados que los mismos cuerpos de seguridad y prefieren estar recluidos porque “dentro de las cárceles mantienen un control bajo la mirada cómplice del régimen”.
Denunció que la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro, Iris Varela, usa a los presos para que participen en marchas oficialistas y como soldados en algunas situaciones de tensión (los llamados colectivos). El 23 de febrero fueron vistos algunos presos armados en la frontera al lado de Varela, subrayó.
“La única forma de que un preso salga de la cárcel por un tiempo determinado es bajo el permiso escrito de un juez para asistir a un centro médico o a tribunales. La ministra no tiene la facultad de sacar a ningún recluso”, recalcó.
La normativa indica que un juez es quien ordena la privativa de libertad y el traslado de un ciudadano a un centro penitenciario. En la actualidad, un jefe policial debe pedir un cupo al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para resguardar a los presos.
Calabozos policiales
El OVP registró la muerte de 31 presos en centros policiales, “de los cuales 12 han fallecido de forma violenta, bien sea por tiros en intentos de fuga, estrangulados, asfixiados, por el uso de armas blancas y golpes; así mismo, ha habido 2 suicidios, y 17 presos han muerto por problemas de salud”.
Los calabozos policiales tienen la capacidad de albergar a 8.000 personas por 48 horas, como dice la Constitución, pero los presos pasan hasta 6 años en centros policiales no aptos. Los policías que deberían estar al cuidado de los ciudadanos deben dejar su labor para estar como custodios, para lo que no están preparados.
Más de 14.000 personas tienen medidas cautelares y cumplen su condena en la casa. Entre ellos hay estudiantes, periodistas y políticos, los cuales en su mayoría fueron detenidos en manifestaciones y tienen que presentarse cada 7, 15 o 30 días y no pueden salir del país, participar en manifestaciones ni dar declaraciones a los medios.