Imputados del caso narco avión Valencia tienen 3 años y 7 meses esperando juicio

Alexandra Andreina Hernández se graduó de educadora en la Universidad de Los Andes, mención Lenguas Extranjeras, con una distinción magna cum laude. Realizó una maestría en Gerencia Avanzada en Educación en la Universidad de Carabobo e impartió clases en la Academia de Rennes, en Francia, durante el lapso escolar 2010-2011. Pero su vida cambió: ahora tiene 30 años de edad y está presa desde hace 3 años y 7 meses por el caso Narco Avión Valencia 2012.Los familiares, que sostienen que ella es inocente y no hay pruebas que demuestren lo contrario, piden que al menos se le otorgue una medida cautelar para poder ser procesada fuera del anexo de mujeres del penal de Tocuyito, estado Carabobo.Así como ella hay otras 16 personas imputadas por los hechos que ocurrieron en 2012. Hernández dirigió una carta al país, en la que expresa su temor por el tratamiento que la justicia venezolana le da al caso y por posibles represalias que tomen en su contra o su familia.Los hechosLa noche del 12 de agosto de 2012 una aeronave tipo mini jet, identificada como Bombardier BD-7000 A-910 con siglas 9HFED, despegó de las adyacencias del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, sin autorización y en horario no operativo.?Inmediatamente se activaron nuestros sistemas de emergencia, se inició un procedimiento de la identificación de la aeronave. En primer lugar, se supuso un proceso de interferencia ilícita, lo que supone un robo del Bombardier, pero se constató que se trataba de la misma tripulación?, informó Tareck El Aissami, para entonces ministro para el Interior y Justicia.El cargo que ocupaba Hernández era operadora de rampa. Esa noche no le correspondía trabajar, pero su jefe inmediato le pidió cubrir una guardia. ?Únicamente me dediqué a hacer mi trabajo al anochecer, en horas operativas y apegada a la norma?, narró.La aeronave fue interceptada en las Islas Canarias, España, con 47 sacos que sumaban 1.588 kilos de cocaína, envueltos en empaques que tenían emblemas de una organización humanitaria internacional.28 personas fueron detenidas en Valencia por su presunta implicación en el hecho. Todas las personas que estaban de guardia esa noche fueron apresadas, al igual que los tripulantes del jet que aterrizó en España, que incluían dos pilotos alemanes y una azafata australiana. Algunos fueron condenados, otros salieron libres y 17 venezolanos aún esperan por la apertura del juicio.ImpunidadLas 17 personas presuntamente involucradas solo asistieron a una audiencia preliminar y les imputaron los cargos. La espera del juicio lleva 38 audiencias diferidas a casi 4 años del suceso.Foto: noticias24carabobo.comFamiliares de los detenidos solicitan que al menos otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad, que han aplicado a varios funcionarios, para que sus parientes puedan ser juzgados desde sus casas. Sin embargo, se les ha negado.La Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo explicaron a los familiares que para otorgar medidas cautelares sustitutivas deben dar inicio al juicio.No obstante, hay funcionarios beneficiados de esta figura, lo que evidencia una violación al artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual especifica que debe haber un principio de igualdad entre las partes involucradas siempre que se encuentren en la misma posición.Tras la audiencia preliminar, se determinó que no saldría nadie hasta la apertura del juicio. Sin embargo, el 25 de marzo de 2015 otorgaron medida cautelar sustitutiva de libertad a la funcionaria Maury Montilla Azuaje, trabajadora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).Además, después de dicha audiencia salió Neosocy Calzadilla, funcionaria del Seniat y José García Pinto, comisario del Sebin señalado en España de haber recibido un soborno de 190.000 bolívares (aproximadamente 27.000 euros al cambio de 2012), para que obviara las medidas de seguridad, ambos empleados públicos con sobreseimiento.?El proceso es un limbo jurídico?, sostiene Alexandra Hernández en la carta. ?No ha tenido avance alguno desde el día de la injustificada aprehensión hasta hoy. El sistema de leyes en vez de dilucidar el enredo, lo que ha hecho es complicarlo cada vez más?, denunció.En este sentido, aseveró que la Fiscalía solicitó unir el caso de la narco avioneta con otro llamado caso del Barco-Ucrania, el cual existía desde hace 5 años. De 17 pasaron a ser 25 involucrados, lo que dificulta aún más que se realice la audiencia.Según reseñó abc.es en España, el piloto, copiloto y la azafata permanecieron detenidos dos meses. Durante el proceso judicial comprobaron su inocencia. Además, esclarecieron que la noche del suceso fueron amenazados con armas de fuego por militares venezolanos para llevar la carga.DetenidosAl igual que Hernández, hay otros 16 imputados en el penal de Tocuyito. Lisbet Bello aseguró que su familiar José Luis Rojas está detenido sin siquiera trabajar en el aeropuerto, debido a que alguien compró dos teléfonos a su nombre implicados en el caso, con copias de su cédula.Rojas estudiaba cuarto semestre de Ingeniería al momento de ser apresado. Tuvo que dejar el trabajo y los estudios.Bello sostuvo que el Cicpc realizó la investigación y su hijo fue hallado inocente. El informe estaría en manos de la Fiscalía.El sargento Juan José también fue detenido. Familiares informaron que el militar de 40 años de edad estaba en su casa esa noche, luego de entregar la guardia en el aeropuerto. Además, sostienen que tenía 15 años de servicio militar con una hoja de vida limpia.Otro de los detenidos es José Roberto Machuca, quien trabajaba en la rampa del Aeropuerto Arturo Michelena. Para ese fin de semana colaboraba como testigo. Su familiar informó que éste recibió la aeronave en la rampa y luego se fue a su casa.Machuca, de 43 años de edad, tiene 3 hijos. Al momento de la detención dejo a una niña sola en casa.Los familiares esperan con ansias que se realice el juicio. Confían en la inocencia de los implicados, por lo que no temen que se haga justicia.SobornosEn una publicación en la página web de abc.es se difundió que un colombiano, cuyo nombre es Jan Bilbao, gastó más de tres millones de bolívares en sobornos, cerca de 450.000 euros al cambio de 2015, para colocar las sustancias en la aeronave.El gerente de la empresa aeronáutica, Leonardo José Cabañas, reveló al cuerpo policial venezolano que Bilbao le pidió gestionar el ingreso de la aeronave y contactar a policías, militares y personal del aeropuerto, según reseñó abc.es.