Caracas y Recife, capital del pequeño estado de Pernambuco en el noreste de Brasil, a pesar de la distancia, tienen un signo común: la violencia, aspecto que sitúa a ambas ciudades, junto con algunas de México y Colombia, como las de mayor tasa de homicidios en América Latina. Comparten la desigualdad en el acceso a la justicia, la excesiva fuerza policial, los mercados de drogas muy fragmentados y la disponibilidad de armas de fuego, generadores de violencia.
No obstante, hay una diferencia: mientras en la capital venezolana, a pesar de 23 planes de seguridad y según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios creció progresivamente a 109 muertes por cada 100.000 habitantes en 2017, en Pernambuco se redujo sistemáticamente de 4.592 homicidios a 3.101 en un período de 7 años.
El sociólogo José Luis Ratton, doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública, es el creador del programa Pacto por la Vida, en 2007, con el cual se redujeron las muertes violentas en 40% hasta 2013 a través de políticas públicas en ese estado brasileño –el Ministerio de Salud sí difunde las cifras para elaborar políticas públicas–.
Ratton aseguró que para eso es imprescindible construir estrategias multidimensionales. “Para disminuir los homicidios es indispensable reducir también la impunidad con inteligencia policial y no con represión, lo cual se aplica también para lidiar con los mercados de drogas”.
El especialista en seguridad ciudadana fue invitado por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia para explicar en un foro realizado en la UCAB y que duró cinco días, los aciertos de su programa con motivo de la campaña internacionalInstinto de Vida, que busca reducir los homicidios en América Latina calculados en 365.000 anuales.
Los éxitos que tuvo el programa entre 2007 y 2013 fueron visibles. La investigación se focalizó en el estudio de las muertes violentas, sus locaciones y características. “Era importante saber qué estaba pasando, pues la situación económica, política y social no era buena, y trabajamos desde diferentes perspectivas”.
El equipo de Ratton logró comprobar que en Pernambuco la violencia tenía relación con el acceso a las armas y las drogas por parte de los jóvenes. “El Estado no tiene un mecanismo de seguimiento, y hay una enorme disponibilidad de esas armas”.
Constataron también que “la violencia policial genera un contexto en el que la desigualdad, la letalidad y los mercados de drogas fragmentados se vuelven una realidad palpable, al punto de que la presencia de los cuerpos de seguridad aumenta la tasa de homicidios en 50%”.
El programa dejó de funcionar en 2013 y la tasa de homicidios subió otra vez. “No se trabajó la prevención, aspecto fundamental, lo que probablemente hubiese evitado el incremento de la violencia, y además los funcionarios aprendieron cómo escapar de los controles del gobierno, hubo una crisis de liderazgo, no hubo continuidad en los propósitos. Se hizo una innovación, pero no se institucionalizó. Esto ocurre cuando los gobiernos no prestan atención”.