La crisis económica, agudizada por la hiperinflación desde 2017, está alterando la tipología delictiva en Venezuela, afirma el abogado criminalista Fermín Mármol García.
Aunque los delitos violentos siguen copando el escenario criminal, la reaparición de otras expresiones dolosas determinadas por la subsistencia o el rebusque, preocupa a los investigadores, y puede constatarse a diario. Cada vez son más frecuentes en supermercados los reportes de empaques de comida rotos o de envases de detergentes y de champú alterados; también en empresas públicas o privadas son manifiestas las quejas de lo poco que duran las hojas blancas en la fotocopiadora o el papel tualé en los baños.
“Es el grave deterioro de la ética de los ciudadanos y puede pasar indistintamente en las aulas de clases, en los lugares de trabajo, en los pasillos de edificios de residencias y en costosos centros comerciales. Todo lo que está expuesto a la fe pública se pierde y esto se ha agravado”, señala Mármol García y menciona cuatro tipos delictivos que, de acuerdo con su percepción de criminalista, se manifiestan en el ámbito social del venezolano. El primero es el hurto. “Este se ha convertido en el delito más gravoso y de mayor crecimiento en estos últimos tiempos, y devela un grave problema ético”, afirma el especialista al hacer una comparación con años anteriores, cuando este delito contra la propiedad, penado en el Código Penal con 1 año a 5 años de prisión, era uno de los menos reportados en cualquier estudio sobre la inseguridad.
Fue en 2016 cuando el Observatorio Venezolano de Violencia y el de Conflictividad Social reportaron los primeros casos de hurtos de comida como expresión de desesperación que llevó a ciudadanos incluso sin registros policiales a cruzar la línea de la legalidad.
En segundo lugar Mármol García ubica los delitos contra la cosa pública, como la corrupción y la concusión. Estos se han agravado en el último año y propiciado por los deficientes manejos de los servicios públicos por parte de funcionarios, puntualiza.
Lo respaldan las denuncias vecinales sobre pagos excesivos para obtener un pipote de agua en cualquier sector popular de Caracas, o para restablecer el servicio de telefonía con Internet de Cantv, o para reponer un transformador quemado de Corpoelec, con la premura del caso. La crisis económica está minando el decoro y las buenas costumbres de los ciudadanos.
“En el país se está pagando por todo; a los ciudadanos no se les están dejando opciones porque hay escasez y una compleja permisología para cualquier trámite. Eso conduce a un redondeo de los ingresos a través de estas actividades al margen de la ley, que dañan el sentido de servicio público”, afirma el abogado.
Los delitos de defraudación y estafa, por su parte, son reimpulsados por la inevitable diáspora. Hay gente desesperada en buscar oportunidades, en “comprar fuerte a locha”. Cuando alguien se va de viaje y está apurada porque ya tiene listos los pasajes, señala, vende sus pertenencias a bajos precios y deja la oportunidad a flor de piel para las estafas. “La gente que se va del país está siendo timada”. Y una de las principales vías es el uso de Internet.
Recientemente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo a cuatro hombres que usaban la aplicación WhatsApp para estafar a vendedores eventuales de vehículos o aparatos electrodomésticos. O incluso dinero en moneda extranjera. “Se busca dinero de la forma más fácil”, precisa Mármol García.
El abogado criminalista también destaca que las lesiones personales, que forman parte de los delitos contra las personas, están predominando en los hogares, como parte de su cotidianidad.
Es un hecho inquietante para los investigadores, pues observan que está copando el tema de violencia. “Las personas se caen a golpes dentro de las casas”, afirma fundamentado en informaciones extraoficiales sobre cantidad de denuncias en las subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y en fiscalías.
“La gente denuncia lesiones personales, aunque no conozcamos cifras oficiales, porque no existen, pero hay un registro en las policías”. Señala que las causas de esta violencia intrafamiliar deben ser estudiadas, pero que en todo caso están determinadas por la crisis económica y social.
“Y esta situación va a profundizarse, porque ¿qué organización privada o ente público va a recibir denuncias de hurto de botellas de agua o de la falta de rollos de papel tualé o de bombillas extraviadas?”. Una crisis a la que no pueden hacer frente los cuerpos policiales por la falta de recursos y de personal.
“Si bien hemos visto esfuerzos por tratar de adecentar los salarios de policías y aumentarlos, por ejemplo, a 7 millones de bolívares, existe un problema que no pueden subsanar y es el déficit de funcionarios, bien sean de prevención o de investigación criminal. Mientras se gradúan 15, otros 30 están saliendo al exterior o a empresas privadas. El déficit de policías en Venezuela debe ser en este momento de aproximadamente 80.000 funcionarios”, indica el experto, que avizora que este cambio en la tipología delictual puede favorecer al gobierno a mediano plazo porque la inseguridad quedaría relegada.