Familiares y allegados del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y de su grupo, muertos a manos de cuerpos de seguridad del Estado, han sido víctimas de acoso policial, afirmó Alonso Medina Roa, abogado y director del Foro Penal.

“El gobierno abrió un accionar de violaciones de los derechos humanos, y los órganos del Estado no investigan los hechos”. Entre esas violaciones se encuentran desapariciones forzosas, tortura durante la reclusión, allanamientos sin orden de cateo, entre otras, añadió.

La Operación Gedeón, la cual dio caza a Pérez y a su grupo, estuvo rodeada de muchas irregularidades y fue lo que observaron los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga la masacre de El Junquito. La diputada Delsa Solórzano, presidente de la comisión, informó que esa instancia seguirá averiguando, pues si bien los familiares constataron las identidades y sepultaron a Pérez y a sus acompañantes, dijo que  »deben responder ante la ley todos los funcionarios que actuaron y deben explicar porqué en ese operativo estuvieron civiles armados».

Puntualizó que hay evidencias suficientes circulando por las redes sociales sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estadoen el hecho. “Utilizaron armas de guerra y no podrán negarlo pese a que destruyeron el sitio del suceso, violando la ley de policía”, manifestó.


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