Tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adscritos a la subdelegación San José de Barlovento, estado Miranda, fueron acusados por la muerte de Héctor Luis Urbina Parra (27) y Alexander Daniel Rodríguez Aragot (22), ocurrida el 9 de octubre en una vivienda situada en el sector Potrero Rubí de la parroquia Arévalo González, municipio Acevedo del estado Miranda.
La Fiscalía 10º de la aludida jurisdicción, con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, acusó a los efectivos Joel Rivas Lugo, Nixon Bastardo Lozano y Jesús Carreño Añazco, por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
El acto conclusivo fue consignado ante el Tribunal 4º de Control de esa entidad federal, extensión Barlovento, instancia a la cual fue solicitada la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los tres hombres, quienes están recluidos en las instalaciones de la subdelegación Barlovento del Cicpc.
Aproximadamente a las 5:00 am del 9 de octubre una comisión mixta del Cicpc irrumpió en la vivienda de Urbina Parra y Rodríguez Aragot en el sector El Clavo como parte de un aparente operativo de inteligencia policial.
Los funcionarios habrían sacado a los familiares de los jóvenes del domicilio y sin ningún motivo les habrían disparado a ambos para luego trasladarlos hasta el Centro de Diagnóstico Integral de El Clavo, municipio Acevedo. Sin embargo llegaron sin signos vitales.
Un familiar de las víctimas denunció la situación irregular en la mencionada dependencia fiscal mirandina, por lo que iniciaron labores de investigación coordinadas por los fiscales y los funcionarios de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.
La investigación arrojó que los efectivos de la policía científica habrían simulado un enfrentamiento en la residencia para justificar la muerte de Urbina Parra y Rodríguez Aragot.
Los tres hombres resultaron aprehendidos el pasado 2 de noviembre en su sede de adscripción a razón de una orden de aprehensión solicitada por los fiscales del caso y acordada por el Tribunal 4º de Control del estado Miranda.
Con información de La Patilla.