Sin protocolo convencional, funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bello Monte abrieron la tumba en la que habían sepultado un cadáver que fue entregado por error, en la sede de ese organismo, a la familia Villarreal González.
En lugar de Eli Saúl Villarreal González, un administrador que fue asesinado al poco tiempo de ser secuestrado el 31 de diciembre en Caracas, familiares le dieron cristiana sepultura al cuerpo de una mujer que fue identificada como Miladys María Cantillo Pérez, una colombiana de 44 años de edad, que vino al país para someterse a una cirugía plástica y cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la parte alta de la Cota 905 y que, según conocidos, estaba desaparecida desde el pasado 15 de noviembre.
Villarreal González fue hallado en una zona montañosa del barrio Cruz Baja, en el municipio Sucre, estado Miranda, y pese a su avanzado estado de descomposición fue reconocido por un crucifijo que le colgaba del cuello, informaron fuentes del Comando Nacional Antisecuestro. Por este hecho fue aprehendido un hombre a quien solo identificaron como L. Sanz, de 26 años de edad, con antecedentes por homicidio.
Legalidad. De acuerdo con expertos en Criminalística, las exhumaciones tienen que ser ordenadas por jueces, previa solicitud de un fiscal del Ministerio Público. “Desenterrar un cuerpo tiene consecuencias legales. En teoría debe hacerse una inspección ocular de lo exhumado y fijarlo fotográficamente”, explicó una fuente de la morgue de Bello Monte.
El cuerpo de Cantillo fue regresado a las cavas de la morgue de Bello Monte y será entregado a sus parientes mañana viernes.