Seis días han transcurrido desde la masacre en la Comandancia General de la Policía de Carabobo y aún no hay información oficial que explique cómo y por qué murieron 68 personas –66 presos y 2 mujeres que hacían una visita conyugal– en el calabozo.
Elizabeth Gutiérrez, esposa Daniel Marques, de 28 años de edad, uno de los presos que murieron en la tragedia, lo resiente y contó su versión con una denuncia: “Mi esposo no solo estaba quemado, sino también tenía una herida por arma de fuego en la cabeza y puñaladas en varias partes de su cuerpo. Yo lo vi”.
Este testimonio contradice el informe de autopsia que se conoció extraoficialmente, en el que se aseguraba que murieron a consecuencia de “asfixia por inhalación de gas, sofocación debida al confinamiento en espacios cerrados y quemaduras en las vías respiratorias”.
Gutiérrez afirmó que su esposo la llamó el miércoles 28 de marzo a las 7:30 am y le notificó acerca de lo que estaba ocurriendo en el calabozo policial. “Me dijo que iban a ser trasladados a otro lugar y ellos (los reclusos) se resistieron a ese traslado”, señaló. Como pudo, la mujer se dirigió en mototaxi hasta la Comandancia General, y ya el humo se propagaba hacia las afueras del edificio. Decenas de personas se congregaban en la salida y demandaban respuestas por parte de las autoridades. No recibían información alguna. Luego se escucharon ráfagas de disparos, narró.
Su pareja saldría en libertad ayer, comentó. “Se la iban a dar el 13 de abril, pero se la adelantaron para hoy (ayer)”. Su esposo estaba preso por posesión de drogas desde noviembre de 2017.
Varios sobrevivientes del suceso, afirmó Gutiérrez, relataron lo que habría ocurrido. Por la resistencia que opusieron los privados de libertad, “los funcionarios de guardia dispararon contra los presos y además les rociaron de gasolina”, narró. Puntualizó que debido a que también había dos visitas con los reclusos (dos mujeres) los detenidos querían sacarlas antes de que algo sucediera, pero fue demasiado tarde: la masacre había iniciado.
“Una de las muchachas que estaba de visita quedó totalmente calcinada. La vi cuando la sacaban de la comandancia”, expresó Gutiérrez. “El gobierno quiso callarnos pagando los servicios funerarios porque nosotros somos pobres”. Dijo que como pudo, entre la familia de su esposo y ella, hicieron lo posible para sepultarlo en el cementerio Jardines del Recuerdo.
“Yo lo que quiero es justicia, aquí en este país no la hay ni tampoco se respetan los derechos humanos. La mayoría de los que murieron allí eran jóvenes que no pasaban los 30 años”. Agregó: “Anunciaron que habían puesto orden de detención a cinco funcionarios involucrados en el hecho, pero en realidad no sabemos si están presos o no”.
Gutiérrez informó que ayer en horas de la tarde un grupo de familiares, abogados y diputados de la Asamblea Nacional se dirigieron hasta la Fiscalía de Valencia para consignar un documento sobre el caso.
45 días para hallar más culpables. El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, no descartó que existan otros funcionarios responsables además de los cinco agentes que ya fueron imputados por el Ministerio Público por homicidio calificado y negligencia, entre otros tipos penales, dijo. Puede haber más detenidos porque apenas estamos en la etapa preliminar de la investigación, lo que nos va a permitir, en los próximos 45 días desde la imputación, profundizar y determinar la responsabilidad de cualquier otro funcionario”.
En declaraciones a Unión Radio admitió que una de las causas de la muerte de los 66 presos y de las 2 mujeres que cumplían con la visita conyugal es un “exacerbado hacinamiento” en las estaciones de policía en Venezuela. Afirmó que el sistema de justicia, en pleno, “debe declararse en emergencia”.
Aproximadamente 25.000 privados de libertad están recluidos en calabozos policiales; 3.000 de ellos han sido sentenciados, por lo que no deberían estar en esos sitios.
Indicó que no todas las personas que están detenidas son asesinas “y de la peor calaña”, pues llevan años esperando un juicio. Los funcionarios rompen las boletas de traslado y se los niegan; si hubiese juicio muchas de esas personas estarían en libertad”.
Valera: No es mi competencia
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, fijo posición sobre el suceso cinco días después de haber ocurrido y pidió una investigación; aseguró que los 68 fallecidos no son de su competencia sino del cuerpo policial. “Hubo una tragedia que nos duele en el alma, con personas que estaban allí en calabozos policiales de Carabobo que no le corresponden al ministerio, eso es función policial”, dijo Varela en su programa de Radio Miraflores, en el cual afirmó: “Venezuela hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”, reseñó EFE. “¿Por qué no van ahora a hacer un reportaje en 88 cárceles que tienen para escoger con 98% del nuevo régimen penitenciario?”, dijo.
Especialistas indicaron que con esta declaración la ministra Varela desconoce la obligación que le impone el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación del despacho, de velar por los derechos humanos de los privados en libertad, sin distinción del sitio de reclusión ni de su condición procesal. “Ella es la gran responsable de esas muertes, porque poco después de asumir el ministerio envió oficios a las cárceles para que no aceptaran más reclusos sin su autorización, por lo que las comandancias de policía, cuyos calabozos son de detención preventiva solo por 48 horas, debieron hasta comprarles kits a los presos”, afirmó el abogado Carlos Alberto Nieto, de la ONG Una Ventana a la Libertad.