Sucesos

Documentaron ocho nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales en Bolívar

Dos de los procesos fueron sobre víctimas que estuvieron bajo custodia del Estado

EXTRAJUDICIALES

FOTO: REFERENCIAL

Por El Nacional Web

La Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciu), que está a cargo del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE) del estado Bolívar, documentó ocho nuevos casos de muertes ilícitas entre  septiembre y octubre de 2018.

En su tercer informe hace referencia a "Los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos", aprobados por la Asamblea General de las Nacionas Unidas en 1990, en el que se determina que las “personas privadas de libertad deben ser tratadas con el respeto debido a la dignidad intrínseca a su condición de seres humanos”.

El OEE hace mención a esto debido a que dos de los ocho casos registrados de ejecuciones extrajudiciales, fueron sobre víctimas que estuvieron bajo custodia del Estado.

Una de las víctimas documentadas fue Oswaldo Rondón, de 39 años de edad, que en septiembre falleció en el Hospital Dr. Raúl Leoni, luego de estar privado de libertad en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La causa fue por una “enfermedad”. Pero los familiares denunciaron que supuestamente fue torturado con corrientes eléctricas.

Fuera de la normativa internacional 

El Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, exhorta a los Estados partes a lograr la resolución de estrategias y ejecución de investigaciones apropiadas “metódicas y transparentes”.

El texto explicó que las ejecuciones extrajudiciales que carecen de averiguaciones eficaces, vulneran los derechos humanos a la vida y a un recurso efectivo.

OEE registró en su segundo informe 15 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en el nuevo documento, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, se suman ocho para un total de 23 asesinatos a manos de funcionarios desde agosto.

“Se exhorta al Estado a realizar las investigaciones debidas a fin de ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas”, señala el informe. Asimimso, insta a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales y les recomienda una evaluación de los centros de reclusión “a través de la inspección independiente de profesionales competentes”.

Los organismos actuantes de estos delitos fueron: Cicpc (en cinco casos), Policía del Estado Bolívar (en uno de los casos), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en uno de los casos).

El OEE hace responsable al Ministerio Para el Servicio Penitenciario por la muerte de un recluso en la cárcel de El Dorado por falta de atención médica.

El monitoreo en medios regionales tomó en cuenta el caso de Héctor Peña, joven de 18 años de edad, quien fue otra de las víctimas registradas en el tercer informe OEE. Fuentes oficiales alegaron enfrentamiento pero los familiares explican que se trató de un “ajusticiamiento”.

Por otro lado, el documento señala que funcionarios de la Policía del Estado Bolívar presuntamente asesinaron a Ángel Moreno en la parroquia 11 de abril del municipio Caroní.

Estas arbitrariedades están vistas internacionalmente como negligencias del Estado. El protocolo de Minnesota también recuerda la importancia del derecho humano a la vida: “Los Estados, sus órganos y agentes, y aquellos cuyo comportamiento es atribuible al Estado, deben respetar el derecho a la vida y no privar arbitrariamente a ninguna persona de su vida”.

Llamado de atención

Codehciu, en su observatorio, exhortó al Estado a ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas, e instó a los órganos competentes a cumplir con las obligaciones propias de los reglamentos internacionales para identificar muertes potencialmente ilícitas efectuadas por funcionarios.

El observatorio también solicita al Estado a que: “realice una investigación de oficio y de forma urgente de todas las denuncias de familiares desmintiendo las actuaciones de los órganos de seguridad, revisando que en la mayoría tienen la misma forma de actuar y que los familiares desmienten los presuntos enfrentamientos. Evaluando así el gran porcentaje de presuntos enfrentamientos.”

Los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad continúan siendo objeto de denuncia por parte de los familiares. Cada vez son más quienes deciden no guardar silencio ante la posible irregularidad de este tipo de procedimientos. OEE concluyó que: “Las diferentes parroquias de San Félix continúan siendo los escenarios de la mayoría de los hechos monitoreados”.

Con información de Nota de Prensa.