Despachos de seguridad fueron usados en la campaña

El 29 de noviembre la sala situacional de la policía judicial envió a todas las regiones de esa institución un correo con las últimas órdenes de la viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, abogada Catherine Harrington. En el texto se establecía que cada subdelegación policial del país debía llenar cuatro formatos denominados 1×10. Eso implica que igual número de policías debían comprometerse a convocar a otras diez personas para llevarlas a votar por los candidatos del PSUV.De igual manera, cada delegación estatal debía llenar dos formatos y uno en cada región policial. Las planillas llenadas y escaneadas debían ser remitidas ese mismo domingo antes de las 6:00 pm a un correo en la central del Cicpc.Solo algunos despachos cumplieron la orden en el lapso fijado. Otros lo hicieron con retardo.Órdenes similares fueron impartidas en despachos del Ministerio de Relaciones Interiores como el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.En la PNB, el cuerpo armado civil más grande del país, apenas se pudo llenar un puñado de planillas. Algunas en poder de El Nacional indican que los correspondientes jefes de unidades colocaron nombres, números de cédula y teléfonos de su puño y letra. Algo similar a las ?planas? con las que se intentó activar un referendo revocatorio en 2004. Otros formatos fueron llenados con máquina de escribir.El Ministerio de Servicio Penitenciario también colocó sus activos y personal al servicio de la campaña oficialista. En ese despacho del área de seguridad también fueron distribuidas las planillas 1×10, y sus empleados abandonaron sus labores el jueves 1° de diciembre para asistir al acto de cierre en el centro de Caracas. El servicio de prensa de ese despacho envió la nota con sus correspondientes fotos.Coerción. La directora de Control Ciudadano Rocío San Miguel sostuvo que durante la campaña para la elección parlamentaria hubo una ?coerción? sin precedentes a los empleados del área de seguridad para que se incorporaran a actividades del oficialismo.?Esto no se había visto antes. Los niveles de coerción en 2015 sobrepasaron los de 2004. Sabíamos del uso partidista de los mandos militares y policiales. Pero ahora se construyeron redes que obligan a los empleados a mostrar incluso las cédulas de sus familiares?, afirmó.Advirtió que el uso de los activos del Estado para fines partidistas está penado por el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción.?Eso incluye a todos los funcionarios públicos, sean de la Policía Nacional, cuerpos investigativos y policías regionales y municipales. Este año se impartieron directrices que obligaron a los funcionarios de todo el Estado a transgredir la ley?, añadió.Los cadetes a la calle El Ministerio de la Defensa ordenó la incorporación de los cadetes y estudiantes de los centros de formación militar a la vigilancia de los centros de votación en todo el país. El mandato fue distribuido a las unidades castrenses el 2 de diciembre, cuando estaba totalmente activada la fase electoral de la Operación República. La orden excluye a los estudiantes que sean menores de edad o extranjeros que cursen en las academias militares.La directiva que rige el uso de los cadetes y demás estudiantes fue aprobada por el despacho militar el 24 de noviembre. Indica que serán utilizados como apoyo ?en la seguridad de los centros de votación y organismos electorales?. Igualmente, quedarán a disposición del Comando Estratégico Operacional de la FANB para otras tareas. Los cadetes deberán contar con arma reglamentaria y equipos individuales para el correcto desempeño de sus tareas. Antes de iniciar las labores de apoyo recibirán el curso correspondiente ?con especial atención en el uso de las armas, derechos humanos y demostraciones prácticas de los eventos electorales?.