“Usted ha sido beneficiado con el programa Mi Casa bien equipada, pero antes de indicarle la dirección para retirar la mercancía debemos corroborar otros datos personales a través del sistema”, se escuchó una voz a través de la línea telefónica.
La mujer de servicio, cegada por la promoción, a todo respondió de forma positiva y aportó datos que no debía. Lo que vino después fueron llamadas amenazantes, en las que exigían dinero a cambio de seguir vivos, relató Marinés Aguilar, víctima de extorsión, un delito que, según expertos, se ha incrementado en los últimos cinco años.
El abogado Fermín Mármol García dijo que el delito de extorsión, propio de mafias o bandas organizadas tiene su centro de operaciones en las cárceles del país, donde el pran ordena, a través de otros integrantes de la banda que actúan en las calles, para que ejecuten medidas de presión a personas que son escogidas al azar o grupos familiares estudiados previamente: rutina, clase social, lugar de residencia o trabajo, casa de estudio de los hijos y otros elementos de interés criminal.
A Aguilar la llamaron a su residencia y la persona que atendió cedió a todas las peticiones, en especial reveló el número de teléfono celular, al que luego llamaron en más de cinco ocasiones. “Como ya tenían toda mi información de trabajo y otros detalles de mi vida laboral, esa persona me amedrentó y amenazó de muerte si no cancelaba los dólares que me estaban solicitando”, relató la víctima.
Aguilar cambió su número de celular, pero las llamadas continuaban en su residencia, por lo que presentó su caso en las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sede en Santa Mónica, donde le indicaron que no hiciera caso. “Desconecte el teléfono de su casa por unos días, que esos tipos se van a cansar de llamar”, indicó Aguilar que le recomendaron. Luego contactó de forma personal a un funcionario del organismo detectivesco, con el fin de ubicar el número del cual la llamaban, lo cual dio como resultado que procedía del penal Uribana, situado en el estado Lara. A Aguilar no volvieron a llamarla.
“En las cárceles del país debe pagarse semanalmente la causa: una cuota dominguera que varía de monto. Si un recluso no paga, o la deja acumular por un tiempo, el pran le indica que debe buscar las maneras para conseguir el dinero y lo más fácil es la extorsión o en otros casos más concretos: la prostitución de hermanas o parientes cercanas, la venta de drogas en la calle a través de otros familiares”, detalló Mármol García.
Otro caso fue el de Antonio Mendoza, un comerciante de charcutería a quien le ofrecieron una nevera. El modus operandi fue el mismo aplicado a Aguilar. La llamada también provenía de Uribana. “Seguí lo que me indicaron en la División Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo.