342 adolescentes privados de libertad permanecen recluidos en 8 entidades de atención socioeducativas en el área metropolitana. 42% de los jóvenes detenidos se encuentran en el estado Miranda, mientras que 106 adolescentes permanecen recluidos dentro de las comisarías policiales de esa entidad, lo que constituye una vulneración a los principios de excepcionalidad de la privación de libertad, aseguró Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, quien aseguró que los derechos humanos fundamentales de los adolescentes privados de libertad son transgredidos en distintos niveles.
99% de los centros de detención preventiva monitoreados no cuenta con áreas especiales para albergar menores de edad, por lo que un total de 182 adolescentes permanecen junto con los adultos y son expuestos a presenciar hechos violentos y a contagio de enfermedades.
Esta situación resulta contradictoria al paradigma de la protección integral y vulnera el contenido del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 549 de la Lopnna, que establece que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas, a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad.
Aseguró que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administrativas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes. Los jóvenes que son privados de libertad son sometidos a prácticas utilizadas por el Estado venezolano, que no se encuentran en armonía con los enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que figuran aislamiento, adiestramiento militar de orden cerrado, adoctrinamiento ideológico basado en socialismo y trato degradante.