La defensa de los polichacaos presos en la sede del Sebin en El Helicoide, el 18 de enero pasado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento sobre el caso de Fred Mavarez y Reggie Jackson Andrade, los dos únicos funcionarios que no fueron liberados el 23 de diciembre. En el texto expusieron que a pesar de que los 14 policías tenían boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, aún estos dos están detrás de las rejas de manera arbitraria.
“Insistimos en que sin argumentación alguna se los deja privados de libertad. No hay justificación jurídica alguna para mantenerlos presos arbitrariamente. Están en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar que sus compañeros liberados”, dice parte del texto.
Para los familiares y abogados defensores, la razón por la cual los polichacaos continúan detrás de las rejas es desconocida. Por ello la defensa presentó la solicitud ante la CIDH a fin de que se procese la petición que se hace en el documento y “se determine la responsabilidad del Estado venezolano por la violación de derechos humanos y se restituya la libertad a las víctimas que se mantienen privadas de ella y se realice una reparación económica a todos”, indica el documento.
Pierina Medina, hermana de Venus Medina, una de las funcionarias liberadas, manifestó que “este es un acto de ensañamiento por parte del gobierno”. Señaló que el expediente del caso se encuentra desde el mes de mayo del año pasado en la oficina de Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. “Tenemos un bloqueo jurídico porque el expediente está en la oficina de Maikel Moreno en el TSJ”, indicó.
La defensa de los agentes puntualizó que otro de los pasos jurídicos es pedir el sobreseimiento de la causa, porque no hay elementos suficientes para acusarlos. No obstante, el Tribunal Noveno de Control, que conoce en su extensión el caso, no puede tomar una decisión debido a que el expediente lo tiene en su poder el TSJ. De allí que la causa, por tanto, está paralizada. La defensa exige que se envíe el expediente al tribunal correspondiente.
Dos policías, un estado de ánimo. Mavarez y Andrade no solamente comparten la celda dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sino también una enfermedad: la depresión. “Mavarez es mucho más fuerte, es el funcionario con mayor experiencia, pero con el paso de los días ha ido empeorando su estado anímico”, dijo Medina. La situación emocional de Andrade se agravó debido a que su esposa dio a luz hace apenas 3 meses y tiene 2 niñas más, una de 3 años de edad y otra de 6 años, que fue necesario enviar al estado Yaracuy porque la familia paterna vive en la entidad. “La pareja de Andrade está haciendo magia: con el bebé de 3 meses debe ir a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a las visitas conyugales”, relató. “El momento en el que sus 12 compañeros fueron liberados fue muy duro, fue una despedida realmente dura. Ellos quedaban solos”, aseveró.
Mavarez es el sostén de su familia que está integrada por su madre, su hija mayor y una nieta. “A la hija la acaban de despedir de su trabajo y la situación está cada vez más complicada”, indicó Medina.
Ambos funcionarios sufren de ansiedad e insomnio. “De noche suceden cosas que le quitan el sueño a cualquiera. Duermen muy poco y por el día apenas descansan unas horas cuando pueden”, señaló. Informó que Mavarez tuvo algunos sarpullidos en la piel, y además que ambos policías están bajo la luz blanca artificial y no se les ha permitido tomar el sol, lo cual ha traído como consecuencia que la vista se les haya debilitado en el curso del tiempo.
Los miércoles y sábados que son los días de visita, se le permite a la gente que va a verlos llevarles comida. Sin embargo, aseguró Medina, los dos agentes no comen hasta pasadas las 5:00 pm y en muchas ocasiones nada más pueden alimentarse una vez al día. Advirtió que los alimentos les duran unas 24 horas porque no hay cómo conservarlos en la sede del Sebin.
Ante estas circunstancias, Medina declaró que continuarán insistiendo en la Fiscalía, también ante el director de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, David Palis Fuentes, y en el tribunal correspondiente.
El dato
12 de los 14 polichacaos presos fueron liberados el 23 de diciembre de 2017 en horas de la noche. La excarcelación ocurrió después de que Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, declaró en rueda de prensa ese mismo día que “la Comisión ha recomendado evaluar la aplicación de fórmulas alternativas a la privación de libertad a un número significativo de personas que se encuentran detenidas o condenadas”. Los 14 funcionarios fueron privados de libertad por su presunta vinculación con el homicidio del periodista Ricardo Durán.