La actuación de la Fuerza de Acciones Especiales en sectores populares de la capital ha sido cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, expertos en criminalística, abogados penalistas y familiares de las víctimas; pese a ello, este componente táctico adscrito a la Policía Nacional Bolivariana continúa en sus funciones.
Los hechos descritos por sus protagonistas no presentan variación en el relato: “Irrumpieron en la vivienda de forma violenta, el muchacho estaba dormido, a todos los miembros de la casa los sacaron al patio o a la calle, mientras que los funcionarios, todos encapuchados y vestidos de negro, disparaban dentro de la casa y gritaban, para simular un enfrentamiento”.
Este componente policial sumó a sus procedimientos una nueva modalidad. Denuncian que a las víctimas los disfrazan con uniformes de la FAES y luego los matan. Lo ocurrido en el sector La Limonera, en Minas de Baruta, el pasado 18 de marzo, es una muestra de ello: Juan Carlos, de 40 años, murió junto con su hijo, quien llevaba su mismo nombre y tenía 15 años. A Ambos, los funcionarios los vistieron con uniformes de la FAES, chalecos antibalas y capuchas, los sacaron de la casa y los llevaron a un montanal, donde fueron ejecutados. Familiares escucharon cuatro disparos, cada uno recibió dos impactos de bala.
¿Nuevo modus operandi de la FAES?
“Esto que denuncian los familiares de personas que han sido víctimas de delitos graves por parte de estos funcionarios, que consiste en sacar a las personas con uniformes de ese organismo policial y, posteriormente aparecen ejecutadas extrajudicialmente, a mi juicio puede entenderse por dos razones: sacar a la persona con mayor facilidad de su vivienda y del sector y evitar denuncias de la comunidad y la segunda pudiera ser para evitar una investigación del hecho y reducir la posibilidad de que existan testigos”, sostuvo Luis Izquiel abogado penalista, criminólogo y coordinador de la comisión técnica de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Otro hecho similar ocurrió el pasado 27 de abril. También en la sede de la medicatura forense de Bello Monte, parientes de Leonardo David Yajure, de 17 años de edad, relataron que funcionarios de la FAES lo vistieron con el uniforme policial, le colocaron un chaleco y lo sacaron de su casa en el sector Los Telares de Ruiz Pineda, hecho registrado el miércoles 24 de abril a las 7:00 am.
Antes los funcionarios lo obligaron a tomar un arma de fuego y posar para una foto que ellos mismos hicieron circular a través de las redes sociales, para dejar constancia de que Yajure era un delincuente solicitado.
En ese procedimiento, los funcionarios de la FAES dieron muerte también a Javier Alberto Morón Guaiquirima, pariente de Yajure.
En la minuta policial, lo reseñaron con el alias de “El Broder” y le colocaron “resistencia a la autoridad”.
Keymer Ávila, abogado con máster en Criminología, refirió que la simulación de enfrentamiento y del carácter delictivo con personas ultimadas, puede adoptar diversas modalidades, tantas como de la imaginación. “Una expresión de la diversidad que puede haber para simular estos hechos”, dijo.
Puntualizó: “Para decir que esto de disfrazar a las víctimas con uniformes de la FAES sea un patrón habría que estudiar una muestra significativa de casos. Dos casos hasta ahora no es suficiente, se puede decir que corresponde a una diversificación de modalidades, para simular estos hechos”.
Actuación de la FAES en cifras
Según Ávila, en 2017 murieron 4.998 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la FAES. “Esto representó para el momento 26% de los homicidios ocurridos en el país, donde uno de cada cuatro casos hubo intervención de los cuerpos de seguridad, resistencia a la autoridad”.
En 2018, Provea registró que de los casos de homicidios en el país, 86% correspondía a ejecuciones extrajudiciales de la FAES.
“Cuando matan a un funcionario policial, la estadística demuestra que 70% de los funcionarios no estaba uniformado y otro 14% murió en el contexto de enfrentamientos con grupos delictivos armados y estos son casos excepcionales”, refirió Ávila.
Agregó: “Este sistema de gobierno etiqueta a todos los fallecidos como delincuentes. Es un discurso oficial y amplificado con el discurso mediático de justificar discursivamente estas muertes”.
El informe Silencio a la fuerza de Human Rights Watch de 2018, reseñó 20 casos donde los jóvenes fueron sacados de sus casas por la FAES o cuando dormían. Otros fueron retenidos y sus familiares sacados de los hogares a la fuerza, para ejecutar a la víctima en el mueble de la sala o en el baño.