En un informe elaborado a partir de un viaje a Tumeremo, estado Bolívar, para investigar lo relacionado con la masacre de mineros ocurrida el 4 de marzo, la ONG Cofavic concluyó: «El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, así como por la falta de investigación denunciada por sus familiares y por todos los daños ulteriores que se derivaron de estos lamentables acontecimientos». Después del análisis realizado sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos, la organización insta al Estado venezolano a efectuar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil, según el artículo 29 de la Constitución. «Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa e indirecta en los hechos», indica Cofavic. La ONG recomienda impulsar un programa de salud mental en la población de Tumeremo para disminuir los efectos individuales y colectivos que dejan prácticas como la tortura y la desaparición forzada de personas. Cofavic también considera que debe establecerse la verdad como derecho fundamental, lo que garantizaría una reparación integral y que no se repitan hechos como los ocurridos en marzo.


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