“No sabemos cuándo se perdió el control de todo esto”, expresó un funcionario de la GNB que sostenía su fusil con ambas manos y aunque parecía estar listo para disparar, solo asumía una posición simulada de combate. Su mirada se perdía entre las torres de 15 y 4 pisos que integran una parte de Ciudad Tiuna, un urbanismo de la Misión Vivienda, pero que sus habitantes llaman Los Rusos, dentro de las instalaciones militares de Fuerte Tiuna. Es una construcción de edificios que comenzó en 2002 y que sería habitada por funcionarios del Estado, familiares y periodistas simpatizantes del gobierno, que trabajan en medios oficiales.
Este guardia, junto con otros dos compañeros –bajo reserva de sus identidades– manifestaron que aunque figuren como funcionarios de orden y control en la zona, esta postura no les permite actuar frente al hampa que se estableció en el urbanismo desde 2013, cuando los apartamentos le fueron asignados a familias damnificadas y no como se tenía previsto.
“Aquí hay delincuentes, pero son chamos que realizan delitos comunes. Hay venta de drogas, pero no pranes. Son hombres y muchachos que tomaron el control de los edificios. Nosotros estamos aquí porque obviamente es territorio militar, aunque no pareciera”, agregó el guardia mientras se mantenía alerta debido al alboroto que se formó por la caravana fúnebre de uno de los ocho muertos en un presunto enfrentamiento con la FAES, el sábado. “Váyase, porque es posible que comiencen a disparar”, le aconsejaron a la reportera.
Para ingresar a las residencias Los Rusos hay que atravesar la alcabala número 4. Asimple vista pareciera ser un vecindario tranquilo. Hay tres alcabalas de guardias militares y tres puntos de control. Al ingresar, los funcionarios le preguntan al conductor hacia dónde se dirige, mientras se asoman al interior del vehículo.
Ayer, mientras esto ocurría, un grupo de vecinos de la torre 8 se preparaban para el cortejo fúnebre de una de las víctimas del operativo de la Fuerzas de Acciones Especiales ocurrido el sábado. Desde las azoteas de los edificios, incluso de los cinco cuyas construcciones quedaron a la mitad, hombres silbaban, eran sonidos que se convirtieron en clave para despedir a uno de los suyos. Aunque las versiones de los parientes de los ocho individuos ultimados aseguraron que se trató de hombres inocentes, la versión se contradice con la ofrecida por fuentes policiales, que indican que estos hombres eran delincuentes con amplios antecedentes.
Historiales. El 14 de julio de 2014 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas “madrugaron” a los habitantes de Ciudad Tiuna: allanaron siete edificios a las 5:00 am. Residentes indicaron que entraron al edificio número siete porque se había denunciado la venta de drogas. Sin embargo, días antes algunos residentes atacaron a pedradas a un vehículo del Cicpc por la detención de un traficante de drogas, a quien luego de la arremetida vecinal, los funcionarios se vieron en la obligación de dejarlo en libertad.
En diciembre de 2014, se denunció el robo de una pistola Sig Sauer y de dos cajas de municiones calibre 9 mm en la Dirección de Logística del Ejército y el 6 de ese mes, unos delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Samuray, modelo 1982, estacionada frente al patio de la Academia Militar. El 18 de diciembre, hurtaron una camioneta Chery X1, de color dorado, estacionada frente a las residencias Villanueva, asignadas a personal militar.
El segundo operativo policial ocurrió el 15 de julio de 2015. Para la fecha Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat, y responsable en la asignación de apartamentos, acudió dos días después de los allanamientos y sostuvo una reunión con los habitantes en la que les expresó: “Quienes son delincuentes, traficantes de drogas y amenazan la tranquilidad del pueblo, son enemigos del pueblo. No puede ser que si aquí ya hay 2.114 familias viviendo, estén sometidas a la zozobra diaria”, al tiempo que indicó que no se explicaba de dónde salían tantas armas y drogas, y manifestó que esos grupos delincuenciales eran para desestabilizar lo que, a su juicio, consideró como “las buenas obras del gobierno”.
Para ese entonces, el operativo contó con 1.200 hombres de varios componentes, incluso el militar, y detuvieron a 102 personas.
“Salieron a comprar medicinas”
Enger Lugo Pérez y Eduardo Pérez, ambos de 21 años de edad, fueron ultimados en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se registró el martes 4 en el kilómetro 11 de El Junquito, vía Antímano, a las 12:00 de la noche. Ayer, familiares indicaron en la morgue de Bello Monte que Lugo y Pérez salieron de su casa en el kilómetro 3 de El Junquito con destino a una farmacia. Durante el trayecto fueron abordados por la comisión policial. Sin embargo, fuentes del organismo dijeron que los dos hombres se enfrentaron a los policías cuando se les dio la voz de alto. “Pero ellos no portaban armas. Les robaron sus ropas y calzados, teléfonos celulares y 120 dólares. Enger salió a comprar una medicina para su hija y le pidió a su amigo que lo acompañara. La moto no aparece”, dijo Génesis Lugo, hermana de Enger Lugo. Parientes estaban a la espera del registro post mórtem a cargo de un fiscal del Ministerio Público.