“Cambiar la relación entre el ciudadano y los cuerpos de seguridad para crear una alianza que garantice la vida y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos”, es una de las propuestas del plan de seguridad, presentado el pasado 11 de abril en Caracas, por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y del que el abogado y coordinador de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, es asesor.
El especialista en temas carcelarios explicó que la propuesta contempla reformas al sistema judicial y penal y al sistema penitenciario, aspecto en el que más pone énfasis, dada su trayectoria profesional.
Según Nieto Palma, el plan de seguridad de Guaidó pretende además “debilitar el poder de los jefes de la prisión, conocidos como pranes. En la actualidad, estas figuras carcelarias dominan el sistema penitenciario de Venezuela y controlan poderosas redes criminales desde su reclusión”, precisó.
A juicio de Nieto Palma, la figura el pran se consolidó con la gestión de Tareck El Aissami, cuando era Ministro de Interior y Justicia. El resultado: centros penitenciarios que se convirtieron en sedes de las organizaciones criminales. “El pran pasó a ser la única figura con la que el gobierno establecía tratos, lograba acuerdos, pero detrás de eso –y como premio– el pran ganaba territorio, tomaba decisiones para ser ejecutadas fuera de los muros, con apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio de Servicios Penitenciarios”.
Agregó el experto que la figura del pranato consolida la actividad delincuencial: “Como bien lo decía Gómez Grillo: las cárceles son un negocio tan productivo como Petróleos de Venezuela y, nuestras cárceles son universidades del delito, donde se planifican secuestros, extorsiones y otras actividades de crimen organizado”.
Otro de los aspectos que contempla en plan de seguridad de Guaidó es el retardo procesal. Nieto Palma, a través de la ONG Una Ventana a la Libertad, registró que al menos 80% de los presos en Venezuela tiene retardo procesal y no tienen una sentencia definitivamente firme. “Según lo que dice la misma Constitución son presuntamente inocentes, pues son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad”, concluyó.