Sucesos

Briceño-León: “El gobierno aplica el exterminio como política de Estado”

Los cuerpos de policía y seguridad matan a 17 personas cada día, en supuestos enfrentamientos en todo el país, y “esto está debilitando al gobierno”, afirma el investigador y director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Violencia

Suceso
Por Olgalinda Pimentel R.| Opimentel@el-nacional.com

De cada tres muertes violentas reportadas en el país, dos fueron ejecutadas por el hampa común y una por la policía, según registros oficiales de 2018, que indican, además, una disminución del homicidio, entre otros delitos, en comparación con el año pasado. “Esa baja, si se da por cierta, no significa que la tasa de homicidios haya disminuido”, advierte el sociólogo Roberto Briceño-León, director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Violencia, quien no descarta el efecto de la diáspora en las cifras.

No obstante, señala que hubo un aumento “dramático y preocupante” de fallecidos en enfrentamientos policiales en todos los estados del país. Más de 2.000 personas murieron en lo que va de año bajo la figura de resistencia a la autoridad, es decir, 17 cada día, aproximadamente, a manos de policías, lo cual no se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía, afirma.

“La única política de seguridad que el gobierno está aplicando es la incapacitación selectiva final, la pena de muerte caprichosa y, además, ilegal, porque en otros países donde está normada, se evita la discrecionalidad”, añade.

Explica que las políticas de control de delito en el mundo tienen la finalidad de prevenirlo o de evitarlo incapacitando temporalmente al delincuente con la cárcel para ahorrarle el daño a la sociedad: “Pero en Venezuela, como el gobierno no ha podido responder al problema carcelario como generador de delitos, decidió incapacitar a los que considera hampones, eliminarlos; aplica la política del exterminio”.

Hay zonas del país donde la relación homicidios por hampa-resistencia a la autoridad, se invierte: por un fallecido debido a la acción del criminal común, hay 1,3 por actuación de organismos de seguridad del Estado, de acuerdo con los reportes oficiales. “La policía ha matado más que los delincuentes en 3 entidades”, dice.

En Anzoátegui, en primer lugar, fueron reportadas unas 71 muertes por delincuentes y 114 aproximadamente por la policía, en los primeros 3 meses de 2018, cifra que se incrementó a 90 y 130, respectivamente, en el cuarto mes. Lo atribuye a la existencia de bandas criminales, narcotráfico y grupos vinculados a los sectores petrolero y de cemento. En Trujillo, particularmente en los municipios La Ceiba y Andrés Bello, colindantes con el lago de Maracaibo, también se incrementaron los casos de resistencia a la autoridad, y el estado Sucre se ubica en tercer lugar. En las tres entidades el tráfico de drogas determina la dinámica criminal.

En el Distrito Capital y el estado Miranda, puntualiza, las cifras de muertes por resistencia a la autoridad son “muy altas” y se constatan cada día en operativos desplegados por la FAES de la PNB, la GNB y el Cicpc. Los casos más frecuentes en Caracas se reportan en El Valle, Santa Rosalía, La Pastora, 23 de Enero, y Antímano; en Miranda, en Petare, Brión (Higuerote) y zonas de los Valles del Tuy.

Para el investigador de violencia en las ciudades, estas ejecuciones extrajudiciales están no solo anulando los enunciados de la Misión A Toda Vida Venezuela, que catalogaban el uso de las policías en el combate del crimen como una modalidad “de la derecha”, sino que, además, están generando rechazo en sectores populares. “Eso está debilitando al gobierno y socavando sus bases políticas”, asegura. La idea de la fuerza, propia de las dictaduras, puede afectar las libertades políticas para un sector, pero para los más pobres está relacionada con una acción criminal, dice.

La actuación violenta del gobierno, a través de la incapacitación selectiva final, lo convierte en criminógeno al no actuar en prevención, y en criminal, al centrarse en la represión brutal, y solo tiene un objetivo, según Briceño-León: “Amedrentar a la población más pobre con una supuesta protección policial, pero que en la realidad crea la percepción de un gobierno asesino e infunde temor”.

Gobierno criminógeno

El hurto para la venta ilegal de antimaláricos donados desde Guyana o Brasil, que son manejados solo por el Estado, y de otros medicamentos en centros de salud públicos, es expresión no solo de supervivencia, sino también de una situación social provocada por el gobierno “criminógeno” para mantener el control, afirma Roberto Briceño-León.

“En la lucha por la proteína, la gente socialmente ya no está vinculada al trabajo como valor social, porque lo que gana es insuficiente para vivir, y entonces incurre en modos fuera del trabajo: robo, hurto, bachaqueo, incluso personas que no son delincuentes, para resolver sus carencias”, advierte.

Desde su perspectiva sociológica, observa otras situaciones anómalas que en el pasado configuraban delito: el uso de moneda extranjera para sobrevivir; o inducir al pago ilegal de comisiones al no conseguir una cita por la página web del Saime para renovar el pasaporte. “El gobierno es criminógeno hasta cuando envía a funcionarios de la GNB o la FAES a realizar operativos sin darles dinero y comida, los ponen a buscar sus proteínas, y eso los hace matraquear. Ha creado las condiciones por omisión o por incompetencia, porque no le importa otra cosa que mantenerse en el poder; pero, además, porque al generar el control social lleva al ciudadano a buscar vías ilegales para hacerlo; entonces todo el mundo delinque”, afirma.

Considera que no hay freno, porque el marco legal está en suspenso y ya no es eficaz para regular la vida social: “La base de la regulación de la vida desaparece y cuando eso ocurre aparecen la fuerza y el delito organizado”. Sostiene que al empujar a la sociedad a incurrir en prácticas delictivas crea las condiciones y convierte a los ciudadanos en imputables: “Se imputa a quien quieren imputar. La ley se usa para los enemigos”.

“Lo que hay detrás es un sistema personalista autoritario que implica un gran retroceso social, es la idea de una revolución que quiere destruir e imponer un nuevo modelo político”, señala.