El comisario jefe del Cicpc Henry Asdrúbal López Thábata, de 50 años de edad, fue ultimado por un grupo de hombres que conducía una camioneta pick up color azul el domingo a las 9:20 pm, cuando iba con su esposa en una camioneta Toyota Autana por la calle principal del sector Dos Lagunas, cerca del colegio Arco Iris en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.

El vehículo fue interceptado por unos hombres armados que lo despojaron de una pistola Glock y un celular. Luego le dieron un tiro en la cabeza. El herido fue llevado a la clínica Paso Real, en Charallave, donde murió.

Una comisión del Cicpc de Ocumare del Tuy asumió las pesquisas para identificar y aprehender a los responsables de este homicidio. El vehículo de López Thábata está sometido a experticias para la activación de rastros dactilares. Igualmente los investigadores hicieron un recorrido por la zona donde ocurrió el hecho, en busca de cámaras de seguridad que pudieron haber grabado el suceso.

Hallazgo. Los cadáveres de Juan Arteaga, de 21 años de edad, militar de la GNB, y Luis Germán Gamero, de 21 años de edad, fueron localizados en el sector El Cristo de la carretera nacional, Troncal 8, en el estado Miranda.

Una comisión de funcionarios del Eje de contra Homicidios se encargó del levantamiento de los cuerpos para llevarlos a la morgue de la localidad y dar comienzo a la pesquisa.

Móvil.  El motivo que resalta en los homicidios de  policías y militares es la venganza o muerte por encargo, indican investigaciones de la Fundación para el Debido Proceso, ONG que reseña anualmente el asesinato de funcionarios a manos del hampa. Donagee Sandoval, presidente de la organización, indicó que en 33 semanas han contabilizado 158 funcionarios, entre policías y militares asesinados en todo el país, mientras que en la Gran Caracas se contaron 42 personas. “No son muertes casuales; no es solo por quitarles el arma de reglamento. Se trata de organizaciones criminales cuyo mensaje es claro y contundente: hay que matarlo. No es solo para el grupo familiar sino que debe llegar a toda la comunidad”, sostuvo Sandoval.

Para el mismo período de 2017 en todo el país sumaron 239 funcionarios. “Aunque pareciera que hay una disminución del delito contra policías y militares, la realidad refleja que actualmente hay menos agentes en las calles, dada la migración a empresas privadas o a otros países del sur del continente”, aseguró Sandoval.

La abogada e investigadora indicó que la venganza contra los funcionarios de seguridad tiene un precedente: el asesinato de un cabecilla de banda o un operativo en localidades señaladas como zonas de paz.

Las estadísticas de homicidios contra funcionarios indican que son hombres no mayores de 30 años de edad, mientras que 20% de los casos señala que son hombres con más de 40 años de edad, ”lo cual refiere una amplia experiencia en la calle, trayectoria policial, con antecedentes y de formación académica muy distinta a la de ahora. Un aspirante a policía, cuya formación dure solo tres meses, no está plenamente capacitado para ejercer funciones en zonas de alto riesgo y de altísima actuación delincuencial. Puedes ver algunos PNB en las esquinas chateando por teléfono, que los convierte en blancos fáciles de grupos delictivos”, puntualizó.

11 de agosto

Anderson Javier Graterol Morillo, de 31 años de edad, Cicpc. Sector Chaparral de la carretera nacional Cúa- San Casimiro. Los presuntos autores del hecho son integrantes de una banda que dirige un hombre apodado el Doble.

3 de agosto

Omar Gregorio Reverol Sánchez. Oficial de la PNB. Recibió un tiro en el abdomen. El suceso se registró en Los Canjilones de La Vega. El funcionario fue atacado por delincuentes del sector que le dispararon varias veces.

2 de agosto

Kervinson Gabriel Aponte Rodríguez, de 22 años de edad. Funcionario del Cicpc, asesinado con más de 100 tiros. Sector Las Tres Letras, calle Las Veras, municipio Cristóbal Rojas, Ocumare del Tuy, estado Miranda.


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