Más de 100 funcionarios jubilados, pensionados e incapacitados, de los cuales la mitad pertenecía a organismos policiales, todos dependientes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitaron la homologación de beneficios y la discusión del contrato colectivo que los rige y que lleva vencido más de 22 años.
César Bastardo, coordinador general de la Asociación de Jubilados y Pensionados, dijo que van varios meses de reuniones con personal de la Gerencia de Recursos Humanos del ministerio, en medio de la crisis económica, para acordar soluciones concretas al problema que padecen luego de 30 años de servicio al Estado.
“¿Cómo vivimos con un sueldo mínimo de 3 millones de bolívares y un bono de salud de 10 millones? No contamos con el ticket de alimentación que reciben otros jubilados del CNE, Saime, Ministerio de Salud, Educación, Seniat, Pdvsa y no nos incluye a nosotros”, expresó Bastardo.
Resaltó que viven una situación crítica no solo por los bajos ingresos que perciben, sino también por la cobertura del seguro médico que no les permite tener acceso a los centros de salud, principalmente al personal que reside en el interior del país. Aseguró que estos no son atendidos en los centros asistenciales, porque no han recibido la cancelación de la póliza del seguro.
Los ex funcionarios plantean que la homologación salarial debe tomar en cuenta el sueldo, grado y cargo asignado para el momento de la jubilación, la designación de una comisión paritaria entre miembros activos con los voceros de la asociación que vele por los derechos de los ex trabajadores, acelerar las discusiones del contrato colectivo, así como una prima de profesionalización, de hogar, que incluya los aguinaldos y fideicomisos, ayuda para gastos médicos y aprobación de subsidio alimentario equivalente al percibido por los trabajadores activos.
De igual forma, exigen se les aclare el porqué los funcionarios del Cicpc, la extinta Policía Metropolitana y de la PNB tuvieron una homologación en el mes de junio, mientras que el resto de los organismos no fue considerado.
El agremiado dijo que el lunes entregarán la propuesta al ministro Néstor Reverol, a la Vicepresidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la ANC y al Ministerio del Trabajo.
Drama del personal. Entre los problemas que atraviesan los miembros de las asociaciones se encuentra el funcionamiento del Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Bastardo aseguró que existen casos de jubilados y pensionados que no han podido hacer uso del seguro, principalmente por la cobertura insuficiente y la falta de diligencia por parte de su personal.
En junio Víctor Antía, un trabajador de 65 años de edad y jubilado del Ministerio de Interior y Justicia, falleció un viernes en la noche en el interior de su casa, a consecuencia de un infarto al miocardio. El cuerpo de Antía estuvo en una habitación de su vivienda durante dos días, sin ningún tipo de preparación, mientras familiares y ex compañeros de trabajo trataban de agilizar el papeleo del seguro. El cuerpo de Antía tuvo que ser cremado, debido a la descomposición que presentaba.
“¿Cómo vivimos con un sueldo mínimo de 3 millones de bolívares y un bono de salud de 10 millones, sin el bono de alimentación que reciben otros ex funcionarios?”
César Bastardo
Coordinador general
de la Asociación de Pensionados y Jubilados