Un total de 1.364 homicidios registró el Monitor de Víctimas en la Gran Caracas en 2018, de los cuales 259 fueron a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Las cifras recogidas por el MDV, programa impulsado por Caracas Mi Convive, indica que 561 muertes fueron por ejecuciones extrajudiciales y resistencia a la autoridad, 608 cometidas por civiles y 601 por fuerzas policiales, y 975 fueron a causa de armas de fuego.

Señala que 1.292 de las víctimas fueron civiles, 7 militares y 4 escoltas, de las cuales 1.277 son hombres, 83 mujeres y un transgénero.

“Las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil más reportado en 2018. El robo, que entre mayo de 2017 y 2018 había sido la primera causa de estas muertes, quedó relegada a un segundo lugar, cobró 263 vidas”, indicó Manuel Parejo, coordinador del MDV por parte de Caracas Mi Convive. 

 

Indicó que los hogares caraqueños ya no son un espacio seguro para sus dueños debido a que ocupa el segundo espacio de violencia con 24% de los homicidios y 61% de las ejecuciones extrajudiciales.

Ronna Rísquez, coordinadora editorial del MDV, detalló que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, las muertes como consecuencia a la resistencia a la autoridad aumentaron, mientras que los delitos, como secuestros y robo, disminuyeron.

A su juicio, el régimen de Nicolás Maduro utiliza las ejecuciones extrajudiciales como una política de Estado, porque cuenta con escuadrones de la muerte leales a su gestión, paramilitares y colectivos, que violan los derechos humanos de los ciudadanos, permiten la impunidad de los casos y el control de la sociedad a través del miedo.

Hugo Hernández, cofundador de Anova Evidence Based Thinking., explicó que mediante un estudio realizado en 2011 determinaron que los factores socioeconómicos están correlacionados con las muertes violentas en el país.

 

Guillermo Sardi, coordinador de la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, mencionó que 53% de las muertes violentas en Caracas, ocurridas en el 2018, fueron jóvenes varones de las zonas populares con edades comprendidas de 15 y 29 años.

Explicó que este sector de la población es más vulnerable a la violencia debido, entre otras cosas, a que poseen pocas alternativas de ascenso social y a que buscan obtener justicia ante acciones policiales.

Propuesta

Carmen Riera, coordinadora de Planificación y Gestión del MDV, indicó que el objetivo del programa es “dignificar a la víctima y contar los casos con enfoque de derechos humanos”, por lo que ponen en contexto las cifras de violencia, mostrando los distintos puntos de vistas.  

Adriana Loreto, analista de crimen, explicó un plan de estrategia policial que fue puesto en marcha en el municipio Sucre en 2014, durante la gestión de Ángel Alvarado como jefe de seguridad ciudadana, con el cual lograron la reducción de 42,5% de los homicidios.

El mismo consistía en la aplicación de una dosis de patrullaje, una hora repartida 4 veces al día, de manera aleatoria, en los sectores donde había mayores índices de homicidios.

Afirmó que se debe recuperar la institucionalidad del país, para hacer de la policía una gran clase media, valorada por la sociedad y con sueldos dignos.

Para esto, consideró que se debe invertir en capital humano y entrenar a los oficiales en las nuevas prácticas policiales.

 


El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!