La Fundación para el Debido Proceso presentó su informe anual Funcionarios Caídos, en el que se detalla que el año pasado fueron ultimados 266 funcionarios de los cuerpos de seguridad: 209 policías, 54 militares y 3 escoltas.
“Cabe destacar que las cifras de homicidios contra funcionarios policiales, militares o escoltas bajó en 2018, al compararlos con los años 2017 y 2016, en porcentajes realmente significativos”, señala el documento. Y agrega: “Dicha disminución no obedece a políticas de seguridad implementadas en los organismos involucrados o a cuidados extremos que estén realizándose, si no efectivamente a la carencia de funcionarios que están registrando estas instituciones, bien sea por renuncia o deserción”.
Las mayores bajas fueron en la Policía Nacional Bolivariana, con 48 muertes; la Guardia Nacional Bolivariana, con 44; y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 41. En cuanto a las policías estatales, en Aragua hubo 24 víctimas.
“De los números obtenidos, tanto de muertes como de detenciones y renuncias de los funcionarios de nuestro país, indudablemente tenemos que pensar que la seguridad ciudadana se encuentra en riesgo”, alertó Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro.
Muchas de las muertes ocurrieron en enfrentamientos; otros fueron víctimas de la delincuencia: 126 fallecieron en robos, en 62 de los casos les quitaron el arma de reglamento y a 24 los despojaron de los vehículos que conducían; 76 víctimas estaban trabajando y 190 disfrutaban de su día libre. En marzo murieron 32 funcionarios, siendo el mes de mayor fatalidad. Febrero, con 29 víctimas, y noviembre, con 28, fueron otros de los meses con más muertes.
Las entidades donde se dio mayor cantidad de bajas fueron Aragua, con 45 víctimas; Miranda, con 43; Distrito Capital, con 31; Carabobo, con 23; y Bolívar y Anzoátegui, con 20 víctimas cada uno.