Desde julio de 2011 hasta la primera quincena de junio de 2018 ha habido 2.140 muertes en forma violenta, además de 2.781 lesionados en los retenes del país, según datos obtenidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones que dirige Humberto Prado.
Las muertes por desnutrición y tuberculosis en 3 años, superaron las 60 y las cifras van en aumento, aunque a la hora de ser trasladados a una morgue las actas de defunción reflejan un paro respiratorio, afirma Prado, quien señala que las denuncias de los familiares han sido determinantes para sacar la verdad a la luz pública.
Las enfermedades de la piel y el VIH-Sida estuvieron presentes en las cárceles y fueron causas de muerte de algunos presos. “Según han podido observar los coordinadores regionales del OVP, desde 2015 cuando la crisis de alimentación comenzó a sentirse en el país, los penales no escaparon de esta situación y las principales quejas eran la mala alimentación, las enfermedades, como la tuberculosis, comenzaron a proliferar y la desnutrición comenzó a llegar”, aseguró.
Prado respondió así a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Valera, quien destacó que en una reciente entrevista televisada que desde su llegada a ese ministerio se transformó el modelo venezolano e indicó que es el mejor del mundo. “Como se ve que no sale ni de Cuba, Rusia y China, que lo que tienen son sistemas militarizados”, explicó Prado.
El abogado y director de la OVP recordó que luego de decretarse la crisis en el sistema penitenciario en Venezuela, el 26 de julio de 2011, fue creado el Ministerio del Servicio Penitenciario que, según las promesas del entonces presidente Hugo Chávez, vendría a acabar con los problemas de violencia en las cárceles, hacinamiento y retardo procesal; sin embargo, no ocurrió así.
“María Iris Varela sería la mujer que estaba a cargo de este ministerio, que presentaron como conocedora en materia de derechos humanos, pero a lo largo de los siete años que han transcurrido se ha convertido en su principal violadora. Las cifras de los fallecidos y heridos, motines, huelgas y los testimonios de los privados de libertad y de cada uno de sus familiares a los que ha tenido acceso del OVP hablan por sí solos”, expresó Prado.
Para el director de la ONG: “En todo recinto carcelario sigue existiendo la corrupción, el tráfico de influencias, el hacinamiento crítico, así como el retardo procesal y la violencia”.
Al referirse a la implantación del orden cerrado aplicado a los presos, Prado indicó que lo que no explica la ministra es que en el momento en que los internos salen a realizarlo no toman en cuenta las patologías que tienen: estados de salud, condiciones físicas y la edad. “Son obligados a realizar el orden cerrado por más de cinco horas lo que trae complicaciones a los detenidos que no gozan de buena salud”, dijo. Agregó que quienes se nieguen a esta modalidad son confinados a celdas de castigo.
Hacinamiento desbordado
En el centro policial de la PNB, en San Agustín del Sur, hay 219 presos en 6 celdas con capacidad para 10 presos cada una. Varios de ellos presentan enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual, como tuberculosis y VIH, informaron fuentes penitenciarias. Los agentes para ingresar al área de calabozos utilizan tapabocas.
La semana pasada, en el centro de La Yaguara sacaron a presos que durmieron en patrullas durante varios días y luego de las denuncias de familiares fueron ingresados a la comisaría de San Agustín.
A este retén también llevaron detenidos que se encontraban recluidos en los centros policiales de Boleíta, antigua Zona 7, que están enfermos de tuberculosis. En la Zona 7 hay aproximadamente 1.000 presos en 15 calabozos.
Las autoridades tienen proyectado hacer una jornada tipo plan Cayapa en San Agustín y otros penales, con personal del Ministerio de Salud.