En 8 de cada 10 hogares de Maracaibo, tanto adultos como niños, están alimentándose mal, señaló la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia en la presentación de su informe anual 2018, donde detalló la situación de los derechos humanos en la entidad.
La organización indicó que para el período octubre-diciembre de 2018 la tasa de desnutrición aguda global en el Zulia fue de 17,6%, siendo el segundo estado con el peor desempeño después de Vargas.
El informe precisó que de los 34 hospitales de la red sanitaria del Zulia, 32 están en peligro de paralización por falta de insumos y servicios esenciales.
“El Zulia es el estado más afectado por la crisis eléctrica del país, lo que dificulta el acceso a otros servicios como la educación, la salud y las telecomunicaciones”, subrayó.
“El quebrantamiento del orden constitucional y democrático se ha agravado en 2018, y con ello, la violación sistemática a los derechos humanos, en el marco de un contexto hiperinfacionario sin precedentes en la historia de Venezuela”, afirmó la organización.
Agregó: “La emergencia humanitaria compleja no ha sido reconocida por la coalición de gobierno, que dedica todos sus esfuerzos a conservar el poder político en lugar de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna”.
Codhez indicó que prestó particular atención a la situación de inseguridad alimentaria en Maracaibo.
Con el informe la organización quiso “evidenciar el empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región, sin que hasta el momento haya habido respuestas oportunas por parte del Estado venezolano”, mencionó.
“Estamos convencidos de que la sociedad tendrá un rol protagónico en la restauración del orden constitucional y democrático en Venezuela, siempre que nos mantengamos firmes en la promoción y la defensa de nuestros derechos”, observó.
El informe dedicó un capítulo a las libertades personales y al debido proceso; otro a los derechos políticos; un tercero a los derechos a la integridad personal, la vida y la seguridad ciudadana; un cuarto capítulo es sobre la emergencia humanitaria compleja; otro está dedicado a la participación en la vida cultural; y un último sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.