“Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional” es la primera frase del artículo 50 de la Constitución venezolana (capítulo III), de modo que la libertad de tránsito es un derecho tan importante en el marco de los derechos humanos y civiles como el derecho a la vida. Cuando por una convocatoria pública a una manifestación el Estado resuelve violar esa prerrogativa, vulnera también el derecho de reunión pública (artículo 53) y sobre todo pone en peligro el derecho a la vida (artículo 43) y a la libertad personal (artículo 44) porque por la falta de medios de transporte se puede ser blanco de ataques.
Fernando Fernández, abogado y profesor de derechos humanos en la Universidad Central de Venezuela, hizo la advertencia ante el hecho de que sorpresivamente la ciudadanía amaneció ayer desamparada en su derecho al libre ejercicio de la movilidad y, por ende, al uso de un servicio público que el Estado está en la obligación de garantizar. Por vez primera desde que tiene lugar la situación de conflictividad social en la capital, el Metro de Caracas paralizó el servicio comercial en su totalidad en “resguardo de usuari@s, personal e instalaciones”, anunció vía Twitter. Aliados con esta decisión, los sistemas Metro de Los Teques, ferrocarril del Tuy, Metrobús y BusCaracas tampoco estuvieron activos.
El “trancón” oficialista se hizo expedito también en la obstaculización o restricción del movimiento automotor en la ciudad: desde tempranas horas, la ruta La Guaira-Caracas mantuvo un solo canal de circulación en ambos sentidos; la autopista Gran Mariscal de Ayacucho (sentido Guarenas-Caracas), que comunica el oriente del país con la ciudad, fue bloqueada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); en Hoyo de la Puerta y en la Panamericana (a la altura del IVIC) puntos de control de la GNB enlentecieron el tráfico; la avenida Boyacá desde Terrazas del Ávila, en sentido oeste, fue cerrada y lo mismo ocurrió con el acceso a la Francisco Fajardo por la Plaza Venezuela.
Fernández advirtió que todo sucedió sin que ningún sector hubiera convocado a un paro, lo que implica que la población que tenía que cumplir con obligaciones académicas en colegios y universidades, los trabajadores que debían haber estado al frente de sus puestos en comercios, bancos, empresas e instituciones, todos vieron violado su derecho al libre desplazamiento. Hay que recordar que el lunes pasado, Elías Jaua, ministro de Educación, ordenó a todas las instituciones educativas privadas mantener la actividad escolar y reservó sanciones administrativas para los casos en que se comprobara el incumplimiento de la medida. Sin transporte público ni seguridad ciudadana real, ¿cómo se podrá cumplir con esa disposición?
El Código Penal venezolano, en el artículo 357, tipifica como delito la violación del derecho de desplazarse libremente en estos términos: “Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías (…) será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años”. Al dejar la ciudad prácticamente incomunicada por la paralización de su principal sistema de transporte público, violando así un derecho fundamental de la vida ciudadana, la responsabilidad recaería en quien ejecuta la medida por parte del Estado, precisa Fernández.
Pero ninguna demanda ciudadana contra el Estado ha llegado a feliz término. Para demostrarlo, el experto recuerda el trabajo del profesor Antonio Canova González y la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Fudena), publicado en 2009 con el título La realidad del contencioso administrativo venezolano. Ahí se deja constancia de que de 293 casos sentenciados, (es decir, personas que demandaron al Estado y obtuvieron respuesta por parte de la Sala Político-Administrativa) entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, solo una juez destituida sin justificación ganó el caso, un triunfo que solo pudo disfrutar durante cuatro meses, pues al cabo de ese tiempo la Sala Constitucional de oficio revocó la sentencia favorable y la expulsó del Poder Judicial definitivamente.
Si el Metro traslada unos 2 millones de usuarios como lo afirma en Twitter, ese fue el número de ciudadanos afectados por la decisión de suspender el servicio, la cual se dio a conocer ayer a las 7.30 am. El dato de la hora es importante porque, cerca del mediodía, la empresa justificaba su medida con fotografías de espacios destruidos por presuntos “ataques terroristas”.