Provea y la asociación civil Espacio Público aún esperan respuesta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a 21 días de introducir (el pasado 5 de mayo) un amparo constitucional por el cierre constante de las instalaciones del Metro de Caracas que, en opinión de estas ONG, lesiona el derecho de los ciudadanos de movilizarse libremente. Ambas organizaciones se apegan a la ley orgánica que establece la protección de las garantías individuales.
En abril el sistema de transporte subterráneo fue suspendido alrededor de 8 veces y en lo que va de mayo, alrededor de 11, lo que ha afectado el tránsito capitalino. El viernes las estaciones Chacao, Chacaíto y Altamira de la Línea 1; Los Símbolos, La Bandera y El Valle, de la Línea 3; Zona Rental, de la Línea 4; y Bello Monte, de la Línea 5, no prestaron servicio comercial por orden del ministro del Interior, Justicia y Paz, pese a la presentación del recurso de amparo que vela por el cumplimento de las garantías constitucionales, como lo es el derecho al libre tránsito.
Ricardo Rosales, abogado de Espacio Público, explicó que la organización espera desde el 5 de mayo la admisión que debe realizarse en un lapso de 48 horas. El abogado indicó que una vez aceptada la solicitud y comprobada la acción violatoria de cualquiera de las garantías constitucionales, el juez asignado al caso deberá convocar en un máximo de 96 horas a una audiencia pública en la que demandantes y demandados expongan sus argumentos. “En 24 horas debe haber una decisión. El proceso no suma más de 4 o 5 días continuos. Nuestro amparo ni siquiera ha sido admitido”.
Rosales agregó que pese a que las ONG demandantes consignaron otro documento el 18 de mayo, solicitando celeridad en el caso, la juez Carmen Zuleta de Merchán, asignada al procedimiento, no se pronunció. “Cuando un juez no se ajusta a los debidos procesos y no hay protección del tribunal, se convalidan las violaciones contra el Poder Ejecutivo”, enfatizó.
El abogado añadió que con el cierre del sistema metro sigue en curso la violación del derecho de manifestar y transitar libremente. No descartó hacer la demanda ante instancias internacionales de no obtener respuesta en dos meses.