Más aulas vacías y menos docentes en los colegios avizoran representantes del sector educación en los próximos tres meses, debido a la resolución 027 que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 41502 del 15 de octubre y que fue difundida ayer.

Nancy Hernández de Marín, presidente de la Fenasopadres, cuestionó la disposición dictada por la Vicepresidencia y sobre la cual no fueron informados. Afirmó que irrespetaron los montos de los nuevos salarios de los docentes que serían subsidiados por el gobierno, a pesar de que ya habían sido discutidos en los colegios.

“Esto es casi un despido indirecto de los docentes por parte del gobierno. Se calculó un tabulador de 3.200 bolívares soberanos como pago mínimo a un docente, y el gobierno estableció un monto de 2.500 bolívares como sueldo, es decir, menos de la mitad del precio acordado”, expresó luego de recordar que los representantes son los únicos que deben establecer las tarifas para las mensualidades del colegio de los hijos. “Los padres somos los socios principales de los colegios y el gobierno quiere meterse en nuestros bolsillos, pues algunos colegios son asociaciones sin fines de lucro y no son empresas; esto será un retroceso para las instituciones privadas”.

Aseguró que ante el hecho de que 80% de la educación está en crisis, el método adoptado para el pago de salario no asegura que los colegios podrán seguir abiertos después del subsidio. “Ningún profesional está obligado a aceptar; todo es un control político por parte del gobierno, una institución privada no tendrá cómo pagar al personal después que se cumplan los tres meses”, dijo.

La resolución 027 busca subsidiar durante tres meses a todos los colegios privados del territorio nacional, luego de un acuerdo entre el gobierno y representantes de las organizaciones Andiep, Cavep, AVEC y APEP. El artículo primero establece que docentes y trabajadores estarán obligados a registrarse en el Sistema Patria para obtener salarios, respetando los tabuladores del gremio.

Olga Ramos, investigadora del Observatorio Educativo de Venezuela, quien también criticó la norma, señaló que una empresa productora de arroz o harina podrá aumentar los costos de su producción para combatir la inflación, pero un colegio sin una estructura de costos autónoma no podrá seguir operando. “Lo que el gobierno quiere es una migración forzada por parte de los niños a escuelas públicas; lo que no calculan es que aumentará el volumen de trabajo en esas escuelas, pero bajará la calidad en la educación. Nos condenan a ser mediocres”, añadió.

Los docentes perderán los beneficios del contrato colectivo, indicó. “Si el gobierno quiere subsidiar a los colegios, deben empezar por el estudiante; ellos son los que deben recibir ayuda para pagar las mensualidades y no los docentes ni obreros”, afirmó. El subsidio debería ser a través becas, refirió. “Esta resolución no es manejable como empresa para un colegio que debe mantener un año escolar, debido a que la única fuente de ingreso es la de los padres. Este subsidio debió ser por lo mínimo durante un año escolar completo; si no hay manera de generar ingresos, los planteles se ven obligados a pagar menos y no habrá forma de hacerlo”.


Sundde fiscaliza y complica asambleas

Fijar por consenso el monto de las mensualidades en instituciones de educación privada, conforme a la resolución 027 que fue publicada en Gaceta Oficial hace cinco días, es un proceso lleno de dificultades, denuncian padres y representantes. Funcionarios de la Sundde y de la Zona Educativa fiscalizan las reuniones, por instrucción de la orden administrativa de la Vicepresidencia, y en ocasiones está complicando los acuerdos, debido a que obligan a los padres a estar presentes a pesar de haber firmado la planilla. En algunos casos también es difícil lograr el quórum necesario debido a las dificultades de cualquier orden que atraviesa cada familia.

En opinión de Carlos Trapani, abogado de Cecodap, la Sundde no tiene competencias en materia educativa ni conoce el funcionamiento de las escuelas, por lo cual consideró una intromisión al papel que debe cumplir el Ministerio de Educación.

El abogado expresó que otra dificultad de fondo en la posibilidad de lograr acuerdos para fijar las mensualidades es el propio texto de la resolución. “Cada colegio tiene su particularidad y no aplica para todos, además deja de lado la decisión de los padres y representantes, sin que eso signifique una medida abusiva”.   


Sancionarán incumplimiento

Ayer circuló la Gaceta Oficial N° 41502, de fecha 15 de octubre de 2018, que publicó la Resolución 027 emanada de la Vicepresidencia de la República, en la cual se ordena al personal obrero y docente de los colegios privados a inscribirse en la plataforma patria.

En el artículo 1° la decisión judicial dice: “Inscribirse en la plataforma patria con el objeto que el personal docente y obrero que preste servicios en cada una de las unidades educativas, pueda registrar los datos laborales en la pestaña identificada como laboral, a los fines que el Estado honre los compromisos de pago de las diferencias que genere la aplicación de los tabuladores del gremio docente y obrero, respetando los escalafones correspondientes, durante tres (3) meses contados a partir del 16 de septiembre de 2018”.

En el artículo 6°, la decisión judicial señala: “La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones educativas de carácter privado que se encuentren en el territorio nacional”.

La decisión finaliza en el artículo 7°: “El incumplimiento de este acuerdo será sancionado, de conformidad con lo previsto en la Ley constitucional de precios acordados, en concordancia con el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley orgánica de precios justos y la Ley orgánica de educación”.


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