La Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas denunció que lleva al menos tres años bajo persecución, amedrentada y limitada en sus funciones médicas para procurar bienestar a sus pacientes. Esta semana, las 41 sociedades que la integran, se declararon en asamblea permanente para planificar una serie de medidas con el fin de denunciar la crisis humanitaria.
Algunos casos de amenazas con acciones legales a médicos cumplen al menos dos años. En abril de 2017, el obstetra Jorge Pérez fue suspendido 60 días de su cargo en la Maternidad del Sur por denunciar la problemática. En noviembre del mismo año, el sindicalista José Luis Spitia y el ginecólogo Gonzalo Müller, ambos trabajadores del Hospital Doctor José Gregorio Hernández, fueron detenidos por el Sebin durante 72 horas por aceptar los donativos de insumos que hizo la esposa del dirigente político Leopoldo López.
Luis López, actual ministro para la Salud, pero en 2012 director de Salud de Aragua, se ha caracterizado desde entonces por su mano pesada para firmar jubilaciones forzadas y destituir a los médicos de sus cargos. A su récord de bajas hasta la fecha en el Hospital Central de Maracay se suman las jubilaciones de profesionales por marchar en protestas. En 2014 inició acciones legales contra el médico Ángel Sarmiento, hoy en el exilio, quien pidió información sobre el incremento de chikungunya y una fiebre hemorrágica en el centro de salud que causó muertes.
Pero hoy el gremio médico sabe que hasta sus vidas corren peligro y se mantienen en vilo al ver que el traumatólogo del Hospital Universitario de Caracas, Jorge Marulanda, está detenido desde el 20 de mayo. El especialista fue presentado en tribunales militares e imputado por traición a la patria e instigación a la rebelión. El Foro Penal denunció que además fue torturado.
Jesús Pereira, presidente de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, indica que la asamblea permanente se debe más a la crisis humanitaria que está afectando a sus pacientes y espera poder ofrecer declaraciones conjuntas en los próximos días.
“Somos perseguidos políticamente y nos quieren amedrentar, pero además, el hecho de que no nos den insumos elimina la condición de trabajo. Los pacientes no son atendidos con la calidad adecuada y los médicos asumimos ahí responsabilidad y somos copartícipes, por eso se debe decir el porqué se están muriendo estos enfermos”, dice Pereira.
El gremio descarta una huelga o paros para no perjudicar a los venezolanos, pero sí se preparan para continuamente dar reportes sobre la crisis y emitir comunicados públicos en torno a lo que se vive en hospitales y clínicas.
“Los médicos tenemos tres funciones en la vida: darle una bienvenida al ser humano al mundo en las mejores condiciones de nacimiento; segundo, mantenerlo con vida ante una emergencia y procurarle una buena calidad de vida, y tercero, ofrecerle un bien morir a los pacientes. Ninguna de las tres cosas las estamos haciendo en Venezuela”, precisa Pereira.
Pacientes tomarán sede del ministerio
Ante la paralización de trasplantes, Codevida convocó a una protesta para el 6 de junio en la sede del Ministerio para la Salud, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de las Personas Trasplantadas.
El viernes se cumple un año desde que el Min Salud paralizó los trasplantes en el país y desde que la directiva de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células fue destituida por hacer públicas las carencias para garantizar el éxito de los injertos.
Una de las causas de la paralización fue el desabastecimiento de inmunosupresores en la farmacia de alto costo del Seguro Social, medicamentos que los pacientes deben tomar de por vida para no rechazar los órganos. Las carencias persisten.
En 2016 Fundavene informó a El Nacional que había 1.500 personas esperando por un riñón y otras 15.000 estaban en diálisis, 6.000 aguardaban por una córnea que les devolviera la vista, 60 necesitaban un hígado y 200 requerían un trasplante de médula.