Un promedio de cinco años de retraso tienen las universidades autónomas en la renovación de los cargos de rectoría y decanatos. El TSJ trancó el juego desde 2011, cuando la Sala Electoral y luego la Constitucional admitieron recursos que impidieron nuevas elecciones. Y ahora el CNU designa los cargos vacantes sin respetar las competencias de cada consejo universitario. Las autoridades de las casas de estudios desean entregar el testigo, pero aseguran que seguirán al frente de sus responsabilidades el tiempo que sea necesario para frenar los intentos del gobierno de desconocer la autonomía universitaria
En el Rectorado de la Universidad Central de Venezuela una pared muestra los rostros de los rectores que marcaron la historia que la precede. La primera mujer rectora en 286 años, Cecilia García-Arocha, llegó a esa oficina en mayo de 2008, luego de ser elegida por la comunidad universitaria como principal autoridad. Y aunque desde junio de 2012 debió entregar el testigo, puesto que en la UCV no existe la figura de reelección en el mismo cargo, ya cumple 2 períodos debido a una serie de decisiones jurídicas y políticas.
El mismo escenario se repite en los rectorados de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la Unexpo, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y por consiguiente en sus consejos directivos y decanatos.
Los cuatro cargos principales –rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario– se deben renovar cada cuatro años y se eligen a través de la votación de los miembros de la comunidad académica, regulados por una comisión electoral que responde y organiza elecciones según los reglamentos internos de cada universidad.
Pero el conflicto comenzó cuando la Sala Electoral del TSJ decidió la suspensión de elecciones universitarias hasta tanto las casas de estudio modificaran sus reglamentos electorales para ajustarlos a la Ley Orgánica de Educación, promulgada en 2009. No obstante, esta normativa tiene a su vez un recurso de nulidad admitido por la Sala Constitucional porque contraviene el artículo 109 de la Constitución y el 10 de la Ley de Universidades, así que, en la práctica, cualquier decisión tomada sin el acuerdo de la comunidad universitaria representa una violación de su autonomía.
Rita Añez, rectora de la Unexpo y presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios desde el año 2004 hasta 2013, recuerda el inicio del proceso con el que debió lidiar. “En 2011 se iban a realizar las elecciones rectorales de 4 universidades autónomas (UCV, UDO, ULA y LUZ) más 3 experimentales (Unexpo, UCLA y UNET Táchira), pero teníamos como precedente que en 2009 (pocos meses después de que se aprobara la Ley Orgánica de Educación) se suspendieron las elecciones de decanos. Las comisiones electorales estuvieron durante todo el año 2010 presentando recursos ante tribunales para que se reanudaran los procesos electorales de cada universidad”.
Añez señala que llegó 2011 con la suspensión de las elecciones rectorales y a pesar de las 60 sentencias que tenían para solicitar el reinicio de los procesos, la decisión de la Sala Electoral fue obligar a las universidades a hacer un reglamento en 15 días. Pero como la Ley de Educación violaba la Ley de Universidades y la Constitución, la Sala Constitucional entró en el escenario para tratar de dirimir el asunto. Entre amenazas de desacato y multas pasó 2012 sin decisión de ninguna de las dos salas y de allí en adelante el TSJ dejó los procesos electorales suspendidos en el aire.
Juego trancado. El TSJ entró en el juego, pero no movió las piezas y prohibió que otros lo hicieran. Debido a la falta de respuesta de la Sala Electoral y la Sala Constitucional frente a los recursos de nulidad admitidos, las autoridades se quedaron donde estaban y casi una década después, cuando el panorama parecía más trancado que nunca, el gobierno hizo una jugada que desempolvó el tablero: ante la renuncia del vicerrector académico de la USB, el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, utilizó una sesión del Consejo Nacional de Universidades para omitir la consulta interna que hizo esa comunidad académica, en la que resultó electo como vicerrector Oscar González.
El rector de la USB, Enrique Planchart, se enteró seis días antes de que se realizara el CNU que el ministro postularía a un tercero: Luis Holder, quien terminó convirtiéndose en el designado, según palabras del ministro Roa “por unanimidad”. En esa sesión no se encontraban los otros 17 rectores de la Averu. Solo estaba Planchart, que salvó su voto (lo que significa uno en contra). Holder ni siquiera es profesor de la USB y viene de desempeñarse en el área gerencial de una universidad militar.
Planchart considera que la acción fue un ensayo, una avanzada para ver qué pasa en el resto de las universidades: “El gobierno sabe que si va a elecciones las pierde todas. Están tratando de tener más poder a través de decisiones de este estilo para intervenir las universidades”.
Lo asegura porque un año antes se había presentado una situación similar con la figura del vicerrector administrativo de esa universidad, quien también renunció y sin embargo el CNU, presidido por el entonces ministro Jorge Arreaza, respetó las razones y las credenciales con las cuales Mariela Azzato había sido elegida y designada por el Consejo Universitario de la USB, órgano que tiene la competencia para estos casos.
Planchart explica que en el reglamento de la USB se establece que en ausencia absoluta de algún miembro de sus autoridades, el CNU puede designar temporalmente a alguien por un período de hasta 180 días, si el consejo directivo no tuviera candidatos. “Pero este no era el caso. La designación de Oscar González fue el resultado de una votación en la que participaron la asociación de profesores, la federación de centros estudiantiles y la asociación de egresados. Ellos decidieron entre dos opciones que el profesor González fuera la persona designada y aun así en el CNU se ignoró por completo una elección validada por la comunidad universitaria”.La reacción no se hizo esperar. Dos meses después, los estudiantes y docentes todavía desconocen la designación de Holder, protestaron su presencia y hasta trataron de impedir su entrada en la universidad. “Pero esta designación vino acompañada de amenazas del viceministro (Andrés Eloy Ruiz) de que iba a demandar al consejo directivo ante el TSJ para que nos declararan en desacato. Incluso nos dijo que si era necesario utilizaría la fuerzas de seguridad”, señala Planchart.
La percepción de Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la USB, es que esto ocurrió porque se han propuesto entorpecer los procesos de renovación en cada universidad en la que no hay asociaciones o gremios afectos al gobierno, y cuando no les funciona, recurren al TSJ. “Quieren sentar un precedente para intervenir la universidad, pero nosotros lo desconocemos. Este funcionario puede estar sentado en una oficina; sin embargo, en la práctica no es nuestro vicerrector académico”.
En la mira. El precedente que mencionan tanto Planchart como Ascanio tiene una segunda parte. Hace un mes el rector de la UCLA, Francesco Leone, falleció y tal como establece el reglamento de esa universidad, ante la ausencia absoluta se debe convocar a elecciones de inmediato. El consejo directivo nombró como rectora interina a Nelly Velásquez porque el proceso electoral sigue en el limbo jurídico. Pero de nuevo, en el Consejo Nacional de Universidades que se realizó el 26 de septiembre, los miembros de la Asociación de Rectores Bolivarianos solicitaron que se incluyera en la agenda la discusión del caso de la UCLA.
De acuerdo con el artículo 33 del reglamento del CNU, no se puede abrir la discusión de un punto de agenda si no está presente la representación de esa universidad, como ocurrió en esta ocasión en la que no se encontraba la rectora designada. Pero mientras se celebraba la sesión el ministro, a través de su cuenta de Twitter @hugbelpsuv, adelantó: “El único órgano facultado para designar autoridades en el caso de la UCLA es el #CNU”.
La Averu volvió a denunciar la intención de intervenir la autonomía. La rectora de la UCV y presidenta de la asociación advirtió que estas designaciones son competencia de los consejos universitarios de cada casa de estudios y fue enfática al decir que no confía en el CNU como instancia. “Creo en la alternabilidad democrática y que la única vía para transformaciones es el voto. Pero esto responde a políticas de gobierno, de unas personas que tienen casi 20 años gobernando, las mismas caras, la misma gente ocupando cargos porque no creen en la renovación”, señaló García Arocha.
El caso de la UCLA no fue el primero: en diciembre de 2015 falleció el secretario de la Universidad de Oriente, Juan Bolaños Curvelo; y en julio de 2016 la vicerrectora administrativa de LUZ, María Guadalupe Núñez.
Voto igualitario vs designación a dedo. Todo empezó con el 1×1. La Ley de Educación establece que las elecciones universitarias deben realizarse en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros, a pesar de que la Ley de Universidades estipula que los reglamentos son diseñados y normados con autonomía por cada consejo universitario.
Mario Bonucci, abogado y rector de la ULA, explica que la universidad es una estructura académica y no se puede equiparar a un sistema nacional de votantes. “¿Por qué en la Fuerza Armada no se establece este mismo sistema? ¿Acaso un profesor puede votar en las elecciones del sindicato de obreros?”, cuestiona y precisa que hay condiciones que tomar en cuenta como el voto estudiantil, pues muchos jóvenes llegan a la universidad siendo menores de edad.
Bonucci coincide con la visión de García Arocha, Planchart, Añez y Jessy Divo, esta última rectora de la Universidad de Carabobo, quienes explican que están dispuestos a revisar y modificar los reglamentos siempre que se respete la configuración natural del claustro académico.
“En este caso el espíritu del legislador no pretende ser participativo y democrático porque hay categorías de trabajadores; es como si nosotros fuéramos a votar en elecciones de empleados. Cada uno tiene su configuración y los gremios tienen la potestad de decidir sus reglamentos. No se trata de imponer autoridades por las buenas o por las malas”, precisa Divo.
La rectora señala que esto refleja una política intervencionista desde el Estado y lo ejemplifica con situaciones similares que enfrentan los colegios profesionales, federaciones, sindicatos y otros gremios que tampoco han podido realizar elecciones por suspensiones u objeciones que no se resuelven institucionalmente. “Cuando no es el TSJ lo hacen a través del CNE, que pone obstáculos y retrasa los procesos. Juegan al desgaste, al cansancio, a la renuncia y a la inestabilidad en las instituciones”, dice Divo.
Bonucci es aún más gráfico al explicar la situación: “Están esperando como aves de rapiña que las autoridades se mueran o renuncien porque saben que por la vía electoral y democrática jamás podrían representar a la universidad”.
Por eso argumenta que el voto igualitario debe aplicar para todos. “Hay que ir a elecciones, pero también las universidades bolivarianas que no prevén procesos electorales y sus autoridades son designadas a dedo por el ministro de turno”, afirma el rector de la ULA y agrega que la suspensión de las elecciones es “un secuestro político de la democracia universitaria”.
Gobiernos estudiantiles. Pero no solo los rectores han tenido que luchar por la defensa del voto. La representación estudiantil también se ha enfrentado a amenazas, suspensiones de última hora e incluso agresiones para evitar que concreten sus elecciones como gobierno y cogobierno estudiantil.
El 14 de febrero de 2016 el TSJ admitió un recurso de amparo presentado por cuatro estudiantes de la UCV que denunciaban que habían sido excluidos del registro electoral y por tanto ordenaba suspender las elecciones de cogobierno para el período 2017-2018 de la Federación de Centros Universitarios previstas para el viernes 17 de febrero.
La sentencia emitida por el TSJ señalaba que “muchos estudiantes, tanto regulares como nuevos ingresos, fueron excluidos del mismo, cuyo cronograma de inscripción en las respetivas escuelas les asignó fecha de inscripción cuando ya los procesos de impugnación y registro en el padrón electoral habían sido cerrados, negándoles la posibilidad de participar en el proceso electoral, y poder elegir sus representantes estudiantiles, incluso violándoles la posibilidad de poder participar como candidatos en el mismo proceso”. El TSJ utilizó el mismo recurso de citar a los representantes del Consejo Universitario y a la comisión electoral, pero además les notificó el inicio de un procedimiento ante el Ministerio Público.
Los ucevistas lograron realizar la elección porque la comisión electoral que los regula no es la misma que norma el proceso de autoridades, solo coinciden para los candidatos a cogobierno, es decir, la representación estudiantil que va al Consejo Universitario.
Una situación similar amenazaba las elecciones de la Federación de Centros Estudiantiles en la USB. La votación realizada el 16 de junio de 2016 enfrentaba el mismo obstáculo para elegir el cogobierno porque se rige con la comisión electoral de las autoridades que está inhabilitada. Daniel Ascanio, quien resultó elegido para el período 2016-2017, explica que no han podido hacer elecciones desde 2013, a pesar de que esos cargos son representaciones muy importantes porque son la voz de los estudiantes dentro del Consejo Universitario.
“Explicamos a nuestros compañeros que desconocen la sentencia que no es un problema de la universidad, sino del TSJ. En la USB designamos a esos representantes a través del directorio, porque allí se concentra la representación de todas las carreras. Los estudiantes tenemos que defender nuestra participación en las decisiones de cogobierno”, señala Ascanio.
En la Universidad de Carabobo también se declararon en desconocimiento de la sentencia del TSJ y se amparan en la Constitución para concretar las elecciones estudiantiles. El presidente de la FCU, Iván Uzcátegui, declaró en febrero de 2017 que habían introducido cuatro recursos ante el TSJ para pedir que se permitieran las elecciones como en el resto de las universidades, y que habían convocado a cinco procesos electorales que fueron suspendidos por la vía judicial y en otros casos a través de agresiones durante los procesos.
El presidente de la FCE-USB tiene su visión sobre la implementación del 1×1, la representación igualitaria que el TSJ defiende en nombre del estudiantado y los trabajadores: “No estamos cerrados a modificar el reglamento, pero ese debate se tiene que dar dentro de las universidades, no en el CNU donde no tenemos representación”.
Y en pro de la igualdad, Ascanio recuerda que la exigencia no debe ser solo para las elecciones rectorales sino para todos los gremios que integran la comunidad universitaria y menciona el caso de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la Universidad Simón Bolívar: “El presidente de ese sindicato tiene 13 años en el cargo y cada vez que los trabajadores exigen elecciones las paralizan, en este caso a través del CNE. Cada vez que hay convocatoria algo ocurre, invalidan a los candidatos o se presenta cualquier obstáculo. La renovación tiene que ser en todos los sectores”.
