Sociedad

La precariedad pone en riesgo a las emigrantes

Las condiciones en que las mujeres se ven obligadas a abandonar el país las hacen vulnerables a redes de trata de personas y de explotación sexual, alertan ONG. También llaman la atención sobre los femicidios de venezolanas fuera de las fronteras, vinculados con la pérdida de redes de apoyo

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Por Marielba Núñez | mnunez@el-nacional.com

La emergencia humanitaria ha obligado a muchas venezolanas a la migración forzada, como se conoce la huida del país debido a la presión de factores extremos, como el hambre o la violencia. "Responde al desespero de quienes buscan una posibilidad de subsistencia", señala Beatriz Borges, directora ejecutiva de Centro de Justicia y Paz. Para la especialista, quien además es investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, se trata del síntoma más visible del agravamiento de la crisis, "que se ha hecho vertiginoso".

Cálculos hechos por la Universidad Simón Bolívar y por la firma Consultores XXI cifraron en 4 millones el número de personas que había dejado el país hasta el año pasado, una cifra que puede aumentar dado que el flujo no ha cesado. Aunque no abundan los registros diferenciados por género, datos oficiales ofrecidos por el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia señalaban que de 442.462 personas que estaban en ese país en situación irregular para el mes de junio, 219.799 eran de sexo femenino. Luisa Kislinger, internacionalista y directora de la ONG Mujeres en Línea, llama la atención sobre el peligro que corre esa población. "En el caso de las mujeres, el riesgo a ser víctima de explotación sexual es la mayor vulnerabilidad que afrontan".

Las difíciles condiciones en las que muchas venezolanas están emigrando las convierten en blanco de las redes de trata de mujeres, como ya ha sido denunciado en Brasil, Colombia, España y Venezuela, entre otros países. “Los Estados deberían actuar para prevenir estas situaciones", señala. Sobre esta situación también alerta el informe Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, de la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. "Cada vez es más común la denuncia internacional acerca del estado de mendicidad e indigencia de muchos ciudadanos venezolanos en el exterior, que se convierten en potenciales víctimas para las redes de la delincuencia organizada asociadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata", indican. 

Este año, los cuerpos policiales españoles han informado al menos de dos casos de desarticulación de bandas de explotación sexual, entre cuyas víctimas había varias venezolanas. El primero de estos operativos tuvo lugar en febrero, en Barcelona, y el segundo en junio, en Salamanca. A fines del año pasado, la policía mexicana informó que había desmontado grupos similares en Toluca y Cuernavaca. "Tenemos casos de venezolanas, quienes son llevadas a tierras tan cercanas como Cúcuta, Colombia, donde no solo se enfrentan a la explotación por medio de la venta de favores sexuales, sino que en la competencia con las nativas colombianas deben ceder a las exigencias de los cuerpos de seguridad de ese país, cayendo en una especie de revictimización a través de la explotación sexual y de pagos de coimas para mantener su estatus de trabajo dentro de ese país", agrega el informe de Paz Activa. 

Miembros de ONG que observan el paso fronterizo con Colombia han alertado sobre las precarias condiciones de los emigrantes venezolanos, que muchas veces no han tenido ni siquiera acceso a agua potable antes de emprender el viaje. "Nos han denunciado casos de familias que están sometiendo a la prostitución a algunos de sus miembros, entre ellas niñas o adolescentes, con el fin de reunir recursos para continuar con el viaje a otros países", agrega Kislinger.

Muerte fuera de las fronteras. Las ONG de defensa de los derechos de las mujeres también están preocupadas por la recurrencia de informaciones sobre asesinatos de venezolanas en el extranjero, en varios casos cometidos por las parejas con las que emigraron. Kislinger señala que se trata de un problema que debe ser investigado y sobre el que es necesario reflexionar. 

Se han reportado sucesos de este tipo en países como Chile, Perú y México. "Una de nuestras conclusiones es que muchas veces las mujeres están inmersas en la espiral de violencia que precede al femicidio, pero al emigrar, han perdido su red de apoyo, están en un entorno en el que no pueden acudir a su familia o a las amigas para protegerse y los agresores pueden considerarse con mayor impunidad para actuar. Esto incrementa la vulnerabilidad".

Asimismo se han denunciado asesinatos de venezolanas dedicadas al trabajo sexual. Kislinger alerta sobre la vinculación de esos femicidios con la actuación de las redes de trata de mujeres, que muchas veces captan a sus víctimas con ofertas de trabajo engañosas. 

El informe de Paz Activa alerta que la trata de mujeres se ha visto exacerbada, dentro del país, en las zonas mineras, donde bajo intimidación y coacción, muchas son obligadas a realizar favores sexuales. "En las denominadas 'currutelas' que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias étnicas", señala el texto. Entre las comunidades más vulnerables están los pueblos indígenas, cuya fragilidad se ha visto avivada por las irregularidades alrededor del Arco Minero.

Agresiones durante las protestas no han sido investigadas

Un capítulo que no se ha cerrado es el de la violencia utilizada contra la población femenina durante los meses de protestas de 2014 y de 2017, con fines de represión política. Un informe presentado ante el Comité contra la Tortura, señala que durante las actuaciones de los cuerpos de seguridad efectuadas hace cuatro años, se evidenciaron actos de violencia específicamente dirigidos contra las detenidas. "Se destacan las amenazas de violación sexual y de obligación de práctica del sexo oral a funcionarios que les tenían bajo su custodia durante las detenciones, así como casos de desnudez forzada acompañada de descalificaciones referidas a la forma o contextura física de las mujeres", señala el informe Mujeres al límite, elaborado por una coalición de organizaciones no gubernamentales. Este tipo de casos pueden ser muchos más que los que lograron reseñar las ONG, pues la mayoría de las víctimas "no denunciaron para evitar una mayor humillación pública y porque consideraban que nadie sería sancionado".  

Algo similar ocurrió el año pasado con las detenidas, pues si bien las cifras recabadas por la ONG Foro Penal dan cuenta únicamente de cuatro casos de tratos crueles, intimidatorios y humillantes asociados a violencia sexual, "muchas otras denuncias fueron narradas por las víctimas a sus abogados pero no fueron formalizadas, o las contaron en sus audiencias pero luego no ejercieron acciones debido al temor a denunciar estos casos por considerarlos muy intimidantes".

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, señala que hasta ahora las investigaciones sobre las torturas cometidas durante las protestas no han arrojado ningún resultado. "Eso ha ocurrido pese a que los organismos internacionales han insistido en la obligación del país de investigar estos delitos y evidencia que no tenemos estado de derecho ni institucionalidad". Recuerda que el gobierno, al ignorar este mandato, incurre en actos que generan una responsabilidad. "Sobre este punto vamos a insistir las organizaciones de derechos humanos".