Sociedad

Un patrimonio en declive por la fiebre del oro

Al menos 6 áreas protegidas están amenazadas por el incremento sin control de la búsqueda del metal dorado, entre ellas el Parque Nacional Canaima, dentro del cual, han revelado imágenes satelitales, hay 15 puntos ya afectados por daños al ecosistema. Una ley aprobada por la AN propone ampliar la protección para detener la agresión a los ecosistemas 

Un patrimonio en declive por la fiebre del oro

 Foto cortesía Alberto Blanco-Dávila

Por Marielba Núñez | mnunez@el-nacional.com

Los ríos del Parque Nacional Canaima suelen ser de aguas cristalinas y rojizas. A la distancia lucen oscuras, “negras”, un aspecto que se deriva de la poca presencia de sedimentos y un alto contenido de cierto tipo de ácidos. Esa apariencia, sin embargo, ha ido cambiando. Ahora es más frecuente ver que el agua luce turbia y de color marrón.

La causa de esta transformación no es otra que la minería ilegal que prolifera dentro del área protegida –un territorio de aproximadamente 3 millones de hectáreas–, pese a que está prohibida por las leyes. “El efecto que 501 hectáreasde minas están produciendo sobre los centenares de kilómetros de ecosistemas fluviales es evidente y probablemente catastrófico”, señala el reporte presentado ante la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Unesco por la ONG SOS Orinoco para denunciar el riesgo que corre el parque nacional que fue decretado patrimonio de la humanidad en 1994. “Esa turbidez significa que cambiaron totalmente las condiciones para la vida, y que seguramente muchas especies de peces, insectos, plancton, que estaban adaptadas a vivir en aguas negras, ahora no pueden vivir en aguas turbias... estos ecosistemas de aguas negras son un valor patrimonial natural per se; volverlos turbios es una evidencia de pérdida patrimonial”, indica el documento.

El grupo de investigación que elaboró el informe, basado en una metodología de interpretación digital de imágenes de satélites captadas entre los años 2017 y 2018, verificó un total de 15 sitios de actividad minera dentro de los linderos del parque, y otros 18 en los alrededores, 33 puntos que se enumeran en la petición de que se considere el parque nacional como patrimonio en peligro. Pero la minería dentro del territorio que alberga bellezas naturales admiradas en todo el mundo, como el Santo Ángel y Roraima, podría ser aún más dañina que lo señalado, pues no todos lo sitios son detectables mediante este tipo de observaciones, advierten. “Las imágenes de satélite empleadas no tienen la resolución suficiente como para detectar minas pequeñas. Es muy probable que el número verdadero de minas sea mayor al aquí reportado”, agrega el texto.

Canaima, sin embargo, no es la única área protegida del sur de Venezuela que sufre la acción de la minería ilegal, pues hay otras en las que se evidencian sus estragos. El informe La realidad de la minería ilegal en los países amazónicos, elaborado por expertos de cinco naciones, menciona también como afectados las reservas forestales de Imataca y La Paragua, la reserva de biósfera del Alto Orinoco y el Parque Nacional Yapacana. A la lista habría que sumar el Parque Nacional El Caura, “donde está avanzando rápidamente la deforestación”, apunta el ex senador Alexander Luzardo, autor de los artículos sobre protección del ambiente de la Constitución. “Esa fue hasta los noventa una de las últimas cuencas prístinas del planeta, y ya entonces advertíamos lo que implicaba ir decretando una feria minera en el territorio”, apunta.

Lunares desérticos

Las cicatrices de la minería ilegal se han multiplicado rápidamente en la porción del territorio nacional que forma parte de la Amazonía, una región de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, que el país comparte con Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa y Surinam y que, en el caso venezolano, integran los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. En su conjunto, la Amazonía representa la mayor extensión de bosques tropicales y alberga la mayor biodiversidad del planeta.

De acuerdo con un análisis de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, presentado en diciembre, es Venezuela el país de esta región que presenta la mayor cantidad de sitios donde hay actividad de la minería ilegal. Según sus conclusiones, a las que llegaron a partir del análisis de información satelital, noticias publicadas por medios de comunicación e información suministrada por reportes de comunidades de habitantes de la zona, incluidos pueblos indígenas, en el país hay por lo menos 1.899 puntos de minería ilegal, de un total de 2.312 detectados en los 5 países donde se llevó a cabo el estudio, lo que se traduce en más de 80% de la actividad minera ilegal encontrada.

En el especial La Amazonía saqueada, que elaboraron a partir del estudio, destacan la situación del Parque Nacional Yapacana, un área protegida de 320.000 hectáreas del estado Amazonas. “Desde los años ochenta, son conocidas las actividades de extracción de oro dentro del parque nacional. Sin embargo, la ilegalidad se hizo patente con alianzas entre los mineros y miembros disidentes de guerrillas colombianas... se habla de la presencia de hasta 2.000 hombres dentro del área”, recoge el texto.

Sobre la presencia de grupos irregulares y de actividades delictivas asociadas con la explotación del mineral en el sur del país se ha alertado repetidas veces. “Hay fuerzas de ocupación en Amazonas y en Bolívar. Se ha denunciado la presencia de guerrilla y de paramilitares que ocupan el territorio y lo destruyen, que es lo más grave, porque la soberanía se puede recuperar pero si se destruyen el ambiente y la biodiversidad, ¿cómo se recuperan?”, apunta Luzardo. “¿Cómo se recupera el Amazonas, la cuenca del Caroní, que tiene un valor ecológico, económico y social más que todo el oro y los minerales que están allí, porque alberga bienes insustituibles para la vida?”, recalca.

Los efectos de la fiebre del oro en Canaima son enumerados en el documento de SOS Orinoco: destrucción del suelo, destrucción de la cobertura vegetal, creación de pozos artificiales donde proliferan insectos que transmiten enfermedades, sedimentación de cuerpos de agua naturales, alteración de los parámetros físico-químicos del agua, incremento de la deforestación y de los incendios forestales, entre muchos otros.

Los daños no son solo sobre la naturaleza. Las comunidades indígenas también están amenazadas por la proliferación de la actividad, en la que parte de sus miembros participan. El pueblo pemón, por ejemplo, se ha visto afectado por la degradación social, cultural y económica, así como por el envenenamiento por mercurio y el aumento de enfermedades transmisibles, menciona el texto.

Luzardo llama la atención sobre el efecto impulsor que tuvo el decreto 2248 que creó el Arco Minero del Orinoco, contra el que advirtió desde que fue aprobado por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016: “Han querido infectar el país de arcos mineros. El propio gobierno ha promovido el delito ambiental, asociado con algunos actores privados, e intenta hacer cómplice al sector militar al convertirlo en garimpeiro, así como a los pueblos locales afectados por el hambre y por las necesidades, e incluso a todos los ciudadanos venezolanos a los que trató de engañar con la famosa venta del lingotico de oro, que no es otra cosa que un lingotico envenenado con cianuro y mercurio”.

Antídoto legal

A finales de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una norma que deroga el decreto del Arco Minero y obliga a incrementar la protección sobre las áreas bajo administración especial que están ubicadas en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se trata de la Ley Orgánica de Megarreserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía.

Luzardo, redactor de la ley, señala que el texto también suprime otros decretos con los que se ha impulsado el afán minero en la zona, entre ellos el 3110, del 22 de septiembre de 2004, que dictó el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, “que ya la corte había derogado en 1997 y con el que Hugo Chávez prácticamente dio inicio al Arco Minero, al restituir la pequeña y mediana minería”, acota Luzardo. Otro decreto que quedaría anulado es el 2231 del 10 de febrero de 2016, con el cual el gobierno de Nicolás Maduro creóla Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Pero, adicionalmente, con la ley quedaría eliminada cualquier participación de este sector en el área: “Se prohíbe en forma absoluta la participación de efectivos o funcionarios públicos civiles y militares, sea cual sea el rango en la gestión, operación y cualquier actividad minera lucrativa o de extractivismo minero, públicas o privadas o de asignación o de recepción, manejo directo o indirecto de concesiones, u operaciones bursátiles vinculados con la minería”, señala el texto.

Las barreras que intenta establecer el documento al declive de la conservación del sur del país incluyen también la prohibición del uso del mercurio y del cianuro en las áreas establecidas en la megarreserva y la regulación de las actividades que pueden realizar los pueblos indígenas cuyos territorios queden demarcados dentro de ellas. Según la ley, toda actividad económica en la zona debe ser ambientalmente sustentable. Se trata de una respuesta al derecho que han aducido algunos voceros de las comunidades sobre la explotación minera, con el argumento de que formaría parte de prácticas tradicionales. Luzardo contradice: “Debe haber respeto al territorio, no se puede invocar un historia ancestral para ejercer la minería y destruir el ambiente”.

Una reserva que protege los recursos del futuro

La ley de creación de la megarreserva del sur de Orinoco y de la Amazonía, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 27 de noviembre, busca, recalca el redactor de la norma, Alexander Luzardo, proteger para el futuro “un patrimonio insustituible de agua, de biodiversidad y de energía limpia”. Se trata de 360.000 kilómetros cuadrados que incluyen “la cuenca estratégica del Caroní, que surte 65% de la electricidad del país” y concentran 80% del agua dulce y más de 10.000 especies vegetales.

Luzardo destaca la creación de la zona protectora costera del Orinoco, que va desde la desembocadura del río Cuchivero hasta la desembocadura del Orinoco en el océano Atlántico. También, la transformación de la reserva forestal de Imataca en reserva de biósfera, una figura de protección más amplia. Algo similar ocurre con la reserva forestal La Paragua, que pasa a ser parque nacional. Otro aporte del texto es la creación de la reserva de biósfera del Caroní, “la cual abarca la totalidad de la cuenca, incluidos el Parque Nacional Canaima, la Zona Protectora Sur del estado Bolívar, la reserva hidráulica de Ikabarú”, entre otras áreas bajo régimen de administración especial.

También están incluidos los parques nacionales Parima-Tapirapeco, La Neblina, Duida Marahuaca y Yapacana, y la reserva forestal Sipapo, que pasaría a ser parque nacional, así como la reserva de biósfera Alto Orinoco-Casiquiare ubicados en el estado Amazonas, y la reserva de biósfera de Delta Amacuro.

María Eugenia Gil, representante de la ONG ambientalista Aguaclara, destaca la importancia de la ley, pues “permitirá abordar una gran cantidad de problemas sociales, étnicos, de soberanía, de corrupción, de contaminación química y otros. Esta Ley nos devuelve a los venezolanos nuestro patrimonio”.

Luzardo advierte que, aunque la norma no pueda aplicarse por ahora, supone un compromiso de la dirigencia para adoptar esas políticas a futuro. La discusión sobre la conveniencia económica de preservar ese territorio es inútil, señala: “El Arco Minero ha sido una estafa. El oro representa apenas 0,4% del PIB, mientras nada supera la cuenca del Caroní, que tiene una potencialidad equivalente a entre 500.000 y 800.000 barriles de petróleo diarios, pero de energía limpia”.

15.000 personas se dedican en Venezuela a la pequeña minería, según el análisis La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, que, sin embargo, destaca que estas cifras no son confiables. Incluido cada núcleo familiar, alrededor de 68.000 personas dependen de la actividad para subsistir.