El Ministerio de Educación ordenó empezar procedimientos disciplinarios, penales y civiles a dueños y directivos de 15 colegios privados por “permitir, provocar e incitar” dentro de las instituciones y sus adyacencias “acciones de violencia, y el inaceptable desprecio e irrespeto al pabellón tricolor”, informaron en un comunicado.
Entre los planteles afectados destacan el Santa Cecilia y La Presentación que esta semana fueron tendencia en Twitter porque sus alumnos de bachillerato protestaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Lecuna y Catia, respectivamente. La última manifestación fue amedrentada por civiles armados, hecho repudiado ayer por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
La lista se completa con las U. E. P. Monseñor Castillo, Cristo Rey, Luisa Cáceres de Arismendi, Nuestra Señora del Valle, Independencia, Liceo Alcázar, Santísima Trinidad en Distrito Capital, San Martín de Porres y Adventista Oropeza Castillo en Miranda, San José de Cagua, María Inmaculada y La Calicantina en Aragua, y La Merced en el estado Zulia.
La nota de prensa también asegura que en el caso de que se demuestre que docentes “han participado y fomentado actos de violencia e incitación al odio, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica” de niñas, niños y adolescentes, se aplicarán las sanciones correspondientes.
El titular de este despacho, Elías Jaua, precisó que se tomaron medidas contra unidades educativas privadas que, por ejemplo, han permitido que se enarbole o se exponga la bandera al revés. “La bandera se iza como tiene que ser, como la hemos llevado siempre los venezolanos, con el amarillo, azul y rojo… No vamos a permitir el irrespeto a lo más sagrado que tenemos, nuestros símbolos patrios, con los cuales le dimos libertad a todo este continente”, dijo en su programa radial Encuentro popular.
La semana pasada, la directora de la Zona Educativa de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, Beatriz Cortés, había señalado en una entrevista que siete colegios privados estaban siendo investigados por presuntamente autorizar o permitir la salida de estudiantes para que participaran en manifestaciones violentas.