Las Naciones Unidas se pronunció sobre casos de desnutrición, pacientes en diálisis sin insumos y desalojos forzados de personas de sus viviendas en Venezuela, y criticó que no exista información oficial sobre alimentación, salud y cortes de electricidad.

Un grupo de expertos independientes de la ONU instó al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas para remediar las «alarmantes condiciones de vida» que existen en Venezuela a causa de la crisis política, económica y social.

“Hacemos un llamado al gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”, enfatizaron los relatores Leilani Farha, del derecho a la alimentación, Hilal Elver, del derecho a la salud, Dainius Puras, y sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en un comunicado en conjunto.

En el reporte los relatores manifestaron que en 2016 más del 50% de la población venezolana vivía en pobreza extrema y que una familia necesitaba ganar a finales del año pasado 63 salarios mínimos para adquirir la canasta básica familiar. Según los expertos de la ONU, algunas estadísticas muestran que la desnutrición afecta ya a 1,3 millones de personas y que de media 5 o 6 niños mueren cada semana por la falta de alimentos.

En el comunicado se nombra el caso de los pacientes en diálisis que se quedaron sin insumos desde el 22 de enero y ocasionó que, en 32 de las 129 unidades de diálisis, los pacientes estuvieran una semana sin recibir la terapia de sustitución renal y al menos 5 personas fallecieran.

“El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”, dijeron.

“Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales”, señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud.

El grupo de expertos también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales. Esta comunicación y la respuesta por parte del gobierno serán publicadas en los próximos días.

Rechazan que se promueva la

“rumba” cuando personas mueren

I. H.

Activistas de derechos humanos rechazaron el llamado presidencial a celebrar el carnaval cuando hay personas muriendo por no tener acceso a medicamentos. Instaron a consultar a venezolanos sobre cuáles son sus necesidades básicas insatisfechas.

Los representantes de las ONG reaccionaron a la invitación, en cadena presidencial, a dar inicio a las fiestas a partir de ayer.»El derecho a la rumba es parte de los derechos del pueblo», dijo.

Ese mismo día, horas antes de la alocución presidencial, los pacientes crónicos se congregaron en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, para ofrecer por cuarta vez sus testimonios sobre su condición y sobre las personas fallecidas en los últimos dos años, cuando comenzó la intermitencia en el abastecimiento de medicinas.

Codevida, que organizó la asamblea de ciudadanos, agregó que desde hace ocho meses hay una falla absoluta de medicinas de alto costo para todas las patologías.

Convite, que tiene un radar para investigar el abastecimiento de medicinas para la hipertensión, diabetes, diarrea y enfermedades respiratorias, en 120 farmacias del país, cuestionó el llamado a celebrar en medio del luto que vive el país por la pérdida de vidas ocasionadas por la crisis de salud.

“Todos tenemos derecho al entretenimiento, pero la prioridad debería ser salvar vidas. Ya no se trata de personas que pueden morir, sino que ya fallecieron. Parece que el llamado que hizo ayer el presidente para declarar que había un derecho a la rumba, sustituye el derecho a la salud y a la vida”, denunció Luis Francisco Cabezas, presidente de Convite.

En la cadena, Maduro pidió respaldo al documento que solo firmó el gobierno, al terminar la mesa de diálogo con la oposición en República Dominicana. »Apenas regresemos de carnaval, vamos a una firma del diálogo y del acuerdo de Santo Domingo por el pueblo. ¡Vamos a firmar!”, dijo Maduro.

Cabezas, ante ese firmazo, pidió a los venezolanos manifestar sus necesidades. “Si se hace una consulta, la gente seguro diría que no quiere a Bonny Cepeda cantando, sino medicinas en las farmacias”, enfatizó el activista.


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