La organización no gubernamental Unión Afirmativa denunció este jueves que la ley de Venezuela no tiene puntos determinados que garanticen y protejan los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI.
«No existe en Venezuela una ley amplia e integral que incluya todos los tipos de discriminación y establezca las normas y sanciones contra quienes comentan actos de discriminación, y que incluya el derecho a la no discriminación en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Mientras que los derechos de los animales son salvaguardados a través de la ley para la protección de la fauna domestica libre y en cautiverio, las personas LGBTI no cuentan con ninguna ley especial que les proteja contra la discriminación que sufren diariamente en espacios públicos, colegios, universidades, empresas públicas y privadas, etcétera», señaló el comunicado.
En el texto se destaca que desde el año 2016 se han generado denuncias públicas con respecto a redes de tratas de personas de mujeres transexuales hacia España con el fin de ser explotadas y comercializadas sexualemente. Ante estas situaciones, las cartas magnas venezolanas no cuentan con estatutos que las protejan ante este tipo de crímenes.
«La ausencia de un marco legal sólido y de instituciones que garanticen y salvaguarden los derechos y la integridad de la comunidad LGBT son de alguna forma entendidas como una licencia para violar los derechos de este colectivo, en el marco de la impunidad. Los funcionarios públicos a menudo se amparan en la ausencia de reglamentos y normas para evitar procesar las denuncias de discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Los miembros de la comunidad LGBT en Venezuela siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría», asevera.
El documento recalca que hace cuatro años, Venezuela fue incluida por Estados Unidos en la lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas por segunda vez de manera consecutiva. Denunció que, a pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres y otra para el control del crimen organizado, estas leyes no son debidamente implementadas.
La información acotada por el representante de la ONG fue corroborada de acuerdo al criterio de la ONG y el informe «Crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI». «El problema no es la falta de legislación, sino su pobre aplicación», concluyó Quintero.
Con información de nota de prensa