Con la falta de papel de seguridad con el que se emiten los certificados de nacimiento, el Estado le niega un derecho fundamental a los bebés que nacen en los centros asistenciales públicos. Más de 900 documentos de este tipo se adeudan en el hospital de Los Magallanes de Catia y en el Materno Infantil de Petare no los entregan desde hace por lo menos 6 meses. Los reclamos se repiten en las instituciones más importantes del país
Dannis Hernández -Dannito, como lo llama su madre, Zenaida Alcázares- tiene cuatro meses de edad, es venezolano y caraqueño. Nació el 21 de mayo a las 9:30 de la noche y se llama exactamente como su padre. Hasta ahora su historia personal tiene poco de extraordinario: su madre hace cola en cuanto establecimiento consigue para comprar leche y es el tercer hijo de una familia residenciada en Petare. Pero lo que podría ser el dato más indiscutible de su corta biografía es el más incierto.
Dannito aún no ha nacido, al menos no desde el punto de vista legal. Con una existencia postergada por el Estado, su nombre todavía no figura en el Registro Civil y su identidad es solo un acuerdo familiar, un consenso. No hay nada que pruebe su nacimiento y mientras espera respuesta, Zenaida dice que lleva la cuenta de aquel alumbramiento en el almanaque batiente que cuelga de su nevera. Después de todo, su niño nació sano, como se lo había confirmado su médico durante el control, pero dos cosas cambiaron a última hora: vino al mundo por cesárea y, en lugar de una clínica, como había aspirado la mamá, nació en el Materno Infantil de Petare, pues tuvo problemas con la póliza de seguro y los dolores llegaron sin aviso previo.
«He acudido varias veces a la dirección del hospital y no hay quien dé la cara por la irresponsabilidad de este Gobierno. Nadie se atreve a decirme cuándo será solventado el problema, con quién debo hablar para que me entreguen el certificado de nacimiento de mi hijo. Tengo más de tres semanas oyendo la misma excusa: el próximo lunes estará listo», cuenta Zenaida.
Su drama es aún peor. Su esposo se mudó a Medellín hace seis semanas para abonar el terreno donde construirán lo que será su próximo hogar y dejar atrás la pesadilla de vivir en Venezuela sin alimentos, sin servicios ni medicinas. «No me he podido mudar a Colombia porque no tengo el certificado del niño y no puedo salir del país sin su partida de nacimiento. No lo he bautizado y tampoco he podido comprar leche regulada cuando se ha presentado la oportunidad», cuenta Zenaida.
Con el déficit presupuestario que arrincona a los hospitales, la crisis sanitaria no solo se ciñe a los problemas de infraestructura, la escasez de insumos y a la falta de personal. El drama en la atención pública permea terrenos inusitados y dificulta la emisión de certificados de nacimiento. Las maternidades se han quedado sin papel de seguridad para emitir las actas y responden a los reclamos con medidas improvisadas: un oficio sin mayor pretensión que la de asegurar que la madre fue atendida en el centro de turno. A decir verdad, la ausencia de papel de seguridad tiene implicaciones más allá de lo netamente legal pues incluso priva a los bebés del derecho a la inmunización en un país donde proliferan enfermedades que se creían erradicadas.
Sin nombre, sin nacionalidad
Sin un documento oficial, los niños quedan fuera del Registro Civil, y para algunos su nacimiento es más una cuestión de fe que de certeza. Anadanis Aponte, abogada y ex funcionaria del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio Sucre, hace énfasis en las implicaciones legales. A su juicio, lo que ocurre en los centros públicos, donde nace 80 % de la población según el Ministerio de Salud, vulnera el derecho a la identidad.
Desde que el Consejo Nacional Electoral asumió la rectoría del Sistema Nacional de Registro Civil se han presentado fallas en los recursos y escasea el personal operativo para desempeñar funciones en los registros ubicados en algunos hospitales.
«Hoy se viola el derecho a ser inscrito en un Registro Civil y se vulnera el derecho a un nombre y a una nacionalidad», denuncia Aponte. En la práctica, explica la abogada, también se priva a las familias del acta de nacimiento que prueba quién es la madre y el padre del niño.
La escasez de EV-25, como también se les conoce a las planillas de certificación, no solo afecta los establecimientos especializados como la Maternidad Concepción Palacios, también ocurre en hospitales generales como el Doctor José Gregorio Hernández, en Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto.
Daniel Hernández, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, señala que la institución adeuda 900 certificados a niños nacidos en Los Magallanes. Aunque las primeras denuncias en torno al problema se presentaron en abril, no fue sino hasta hace dos meses cuando estalló el descontento.
El ginecobstetra Roberto Márquez, del Materno Infantil de Petare, asegura que la situación arropa a todas las instituciones públicas. Los certificados, que son emitidos por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y refrendados por la cartera de sanidad, no llegan a las direcciones regionales de salud, lo cual impide su despacho a los distritos sanitarios, que son los responsables de suministrar el formulario a la dirección de registros médicos de cada hospital.
«El departamento de estadística de cada hospital debería permanecer repleto de actas», dice, y agrega que solo en esa institución se atienden 1.000 partos por mes; sin embargo, no expiden actas de nacimiento desde hace más de seis meses. «Los niños que nacen están sin identificación. En días pasados, un representante formuló la denuncia ante el Consejo de Protección del Niño porque no tenían forma de tramitar la partida de nacimiento de su representado. Las madres solo se van con una hoja que hace constar que parieron en el hospital», advierte el médico.
Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país y agrega que la emisión del certificado, compuesto por cuatro actas seriadas e impresas en papel químico, es responsabilidad de varias instituciones. La situación desborda el área metropolitana. Marín explica que el papel de seguridad no se produce en el país y ello ha retrasado la entrega. Solo en el José Gregorio Hernández, de Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto, el número de parturientas atendidas en un día se incrementó de 15 a 60, según el personal. La recuperación de ese servicio abre una brecha importante de espera para las familias que aguardan por un certificado de nacimiento. Sin embargo, asegura que buscan alternativas: «Estamos haciendo impresiones en papel bond y les colocamos un sello de seguridad».
Los reclamos por la falta de identidad se repiten en los centros más importantes del país, como la Maternidad Concepción Palacios, Santa Ana y los hospitales materno infantiles de El Valle, Caricuao y Petare. Los familiares aseguran que tienen poco margen para resolver un problema, cuya responsabilidad es absolutamente del Estado.
Hernández asegura que al problema de insumos en los hospitales se le adhiere la fragilidad institucional con la que se responde a los pacientes. »Lo que ocurre con la salud es reflejo de un Gobierno indolente. La identidad y el reconocimiento es lo primero que adquiere una persona al nacer». En un país cuya tasa oficial de natalidad se ubica en 19,81 por cada mil habitantes, hasta los nacimientos son cuestionables.
El epidemiólogo Mauricio Villadiego, ex trabajador del Instituto Nacional de Higiene, explica que los registros de nacimientos no son un mero dato estadístico. La importancia de la data estriba en el diseño de programas, planes y proyectos de salud para proteger a una población vulnerable. «Si no se registran los niños nacidos, no podremos construir un sistema de salud preventivo, eficiente. Cómo estableces un cerco epidemiológico sin siquiera saber cuántos niños nacieron en un período determinado».
Padres indignados
En la Maternidad de El Valle, donde la entrega de certificados ha fallado en los últimos tres meses, los padres afectados han intercambiado teléfonos para hacerle seguimiento al tema. Aseguran que la dirección elude las quejas y, en lugar de fijar plazos para la entrega de los certificados, le restan importancia al trámite. «Nos dijeron que estaban al tanto de la situación, pero que había otros temas prioritarios como la falta de especialistas», dijo Mirta Lozada, una representante del consejo comunal de la calle 2 de El Valle.
Las embarazadas de su comunidad saben que se enfrentan a un sistema de salud cuya mayor respuesta es «no hay».
“En mi caso tuve que esperar siete meses para que me entregaran el certificado de mi niña. Recurrí a la presión para que la oficina de registros médicos del Materno Hugo Chávez me consiguiera un acta de nacimiento”, contó la vecina Yoandris Espinoza, de Los Jardines de El Valle.
Lo que ocurre con los certificados de nacimiento, coinciden médicos, compromete la atención integral de los neonatos. El problema ni siquiera figura en la data de denuncias en el área procesadas por Provea entre 2012 y 2017. Ni siquiera existe una queja similar documentada entre los 23.980 reclamos formulados contra el sistema público de Salud durante ese período. Para Andrés Monsalve, cirujano del Materno Infantil de Caricuao, la ausencia de papel para la certificación de los nacimientos es el preludio de una crisis peor, que socava cualquier pretensión de servicio e institucionalidad.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, todos los niños tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad. Según el instrumento legal, el Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la determinación de identidad de todos los pequeños, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares.
La indignación de los representantes no es exclusivo de los centros del Ministerio de Salud, en los hospitales adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales también se reproducen las quejas de los familiares. En la Unidad de Registro Civil del Miguel Pérez Carreño tampoco se están haciendo los registros. “Lo que ocurre es que se dan de alta a los niños sin el certificado de nacimiento”, afirma Manuel González, padre de un niño de cuatro meses. La situación incluso ha sido motivo de protesta.
De acuerdo con la ONG Cecodap, el certificado de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales contemplados en la Lopnna y el incumplimiento de ese derecho está sancionado por la misma legislación. A propósito de ello, el artículo 225 de esta ley establece pautas específicas para sancionar a los funcionarios públicos que violen el derecho a obtener el documento de identidad: “Todo funcionario o funcionaria pública que entorpezca, impida, retrase, viole o amenace el ejercicio del derecho a ser inscrito o inscrita u obtener los documentos de identificación de un niño, niña o adolescente, será responsable civil penal y administrativamente”.
Cuando el nacimiento ocurre en hospital, clínica, maternidad u otro centro de salud, la declaración del nacimiento se hará ante la máxima autoridad pública de la institución respectiva. Dicho funcionario deberá extender la correspondiente acta haciendo cuatro ejemplares del mismo tenor. Uno de los ejemplares se entregará al representante, el otro lo remitirá a la primera autoridad civil de la parroquia o municipio en cuya jurisdicción ocurrió el nacimiento, a fin de que esta autoridad certifique la declaración en los respectivos libros del Registro Civil. El tercer ejemplar se conservará en un archivo especial de la institución. Y el cuarto se remitirá al CNE.
Jesús García, coordinador del postgrado de obstetricia y ginecología del Materno Infantil de Caricuao y jefe de servicio, señala que el rezago con la entrega de certificados es evidente. Agrega que las actas no llegan a tiempo y las madres deben aguardar, con cita previa, por la llegada de las planillas.
Aun con un servicio venido a menos, en el Materno infantil de Caricuao se atienden entre 20 y 25 partos por jornada quirúrgica efectiva. Cada lunes y viernes, cuando la institución dispone de anestesiólogos, se practican por lo menos 16 cesáreas y se atienden ocho partos. Según el personal de salud, los últimos 30 certificados que llegaron a la institución corresponden al mes de agosto y con ellos apenas se saldan los nacimientos en un día cualquiera. “Los más interesados en tramitar las actas son quienes se van del país y tienen previsto viajar este mismo año. Hay muchos casos como esos”, dice García.
Un dato que evidencia la magnitud del problema en Caracas es el número de gestiones realizadas por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del municipio Sucre. Solo en ese despacho del Área Metropolitana se atienden entre 60 y 70 representantes por día, que acuden por un oficio de presentación extemporánea. Se trata de un procedimiento que se activa cuando los padres presentan a los niños transcurridos los 90 días establecidos por la Ley Orgánica de Registro Civil después del nacimiento.
Nelson Villasmil, consejero del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente de Sucre, sostiene que, en algunos casos extremos, llegan personas a presentar a sus hijos tres, cinco, 10 o 15 años después de su nacimiento. “Cuando ello ocurre, los padres deben explicar por qué le vulneraron el derecho a la identidad al menor de edad y por qué no se hicieron las gestiones ante el Registro Civil. Nuestra función es garantizar el derecho a la identidad, pero cada vez que vamos al Domingo Luciani o al Materno Infantil de Petare corroboramos que la entrega de los certificados de nacimientos está paralizada porque no hay material para expedirlos”, alerta.
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