La emergencia humanitaria tiene rostro femenino: ellas son las que en mayor medida se sacrifican para tratar de atajar el deterioro alimentario que afrontan las familias, y también las que sufren con mayor crudeza el embate del empobrecimiento. El menoscabo del acceso a la salud reproductiva, con consecuencias como el aumento del embarazo en adolescentes o de la mortalidad materna, y los riesgos derivados de la violencia de género son ignorados por el Estado, advierten especialistas

La espera es parte de la cotidianidad para Yajaira Díaz. Con 55 años de edad, trabaja en una oficina bancaria y, diariamente, tiene que gastar entre 50.000 y 60.000 bolívares en efectivo para poder hacer el trayecto de ida y vuelta desde Guarenas a su trabajo en el centro de Caracas. Se considera afortunada porque de la taquilla del banco le permiten retirar 100.000 bolívares diarios, pero aún así tiene que hacer una cola de una hora todos los días frente a un cajero para obtener los 10.000 bolívares adicionales que le permitan completar lo que le cuesta el trayecto.

La falta de efectivo es solo una de las razones de sus desvelos. La otra es la comida. En su casa convive con su madre y su hija adolescente y cuenta que conseguir los alimentos se hace cuesta arriba. Aunque recibe, una vez al mes o cada dos meses, la caja de productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, la califica de insuficiente porque no trae ni carnes ni vegetales. Las tres mujeres se las arreglan para comprar de vez en cuando un pollo, pero Yajaira prefiere dejar de comer su porción para que las otras lo hagan. “Ellas lo necesitan más, yo me conformo con arroz pelado”, dice.

La historia cotidiana de Yajaira no es un ejemplo aislado en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país –caracterizada por la falta de acceso a alimentos y medicinas, el desmoronamiento del Estado, la violencia y las migraciones forzadas– en la que las mujeres llevan una de las peores partes. El monitoreo de la situación nutricional de niños menores de 5 años realizado por la ONG Cáritas en 42 parroquias de 7 estados de Venezuela, ya ha revelado que una de las tácticas a las que han tenido que recurrir las familias para sobrellevar la adversidad cotidiana ha sido que algunos de sus integrantes dejen de comer para que otros se alimenten. Con mayor frecuencia, quienes se sacrifican son las mujeres, en más de la mitad de los casos, las de mayor edad. «En 60% de los hogares en las parroquias más pobres del país, son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario familiar”, reseña el informe Mujeres al límite elaborado por la coalición de organizaciones Equivalencias en Acción, que están trabajando en una continuación de esa investigación. 

Aunque la inexistencia de cifras oficiales sigue siendo uno de los grandes obstáculos para saber el verdadero alcance de la crisis, el sacrificio que suelen hacer las mujeres a favor de sus familias las deja como uno los segmentos de la población con mayor riesgo de desnutrición, señala Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, una de las ONG responsables del documento, en la que también participaron las organizaciones Avesa, Mujeres en Línea y Freya.

Mediciones de Datanálisis revelan también la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de la adquisición de los alimentos: compran más en pequeños expendios como abastos y bodegas de sectores populares en comparación con los hombres (54% ellas y 46% ellos). También son quienes en mayor proporción reciben el CLAP o compran en Mercal, por lo que son más susceptibles a la coacción política que se ha denunciado vinculada con estos mecanismos. «La base de las misiones, consejos comunales y el CLAP está compuesta por un número importante de mujeres, que tratan de estar asociadas a esos esquemas de gobierno para poder tener acceso a los alimentos», señala Luisa Kislinger, de Mujeres en Línea.

En el caso de la malnutrición infantil, también se ven diferencias de género: según datos recabados por Cáritas, de cada 100 niños afectados con retardo en el crecimiento, un indicador que habla de desnutrición crónica, 53 fueron niñas y 47 varones. “Este tipo de daño nutricional, cuando ocurre antes de los 2 años de vida y en países con las condiciones sanitarias y alimentarias como las que presenta Venezuela actualmente, es irreversible y tiene consecuencias metabólicas, cognitivas y afectivas perjudiciales para toda la vida. De modo tal que serán entonces las niñas quienes soportarán, según estas cifras, las mayores consecuencias a futuro”, advierte el documento.

Pobreza en femenino. La vulnerabilidad de las mujeres también se ve incrementada porque se trata del sector tradicionalmente más pobre. Las últimas cifras oficiales sobre el tema, que datan de 2013, mostraban las inequidades: por cada 100 hombres que vivían en pobreza había 107 mujeres, mientras que en condiciones de pobreza extrema, por cada 100 hombres había 112 mujeres. De un total de 9,1 millones de venezolanos en pobreza, más de la mitad eran de sexo femenino.

Las últimas cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas dan cuenta de cómo el deterioro progresivo de las condiciones de vida se tradujo también en un empeoramiento de la situación de las mujeres. “La tasa de desocupación femenina aumentó 3 veces más que la masculina entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando pasó de 1,5% a 4,5%”. Para tener una idea del impacto social de este dato, hay que tener en cuenta que 4 de cada 10 hogares tienen como jefa a una mujer, apunta Kislinger. «En 70% de los casos se trata de mujeres solas». Ello, junto con las diferencias en el ingreso que reciben y la calidad del empleo al que tienen acceso las mujeres, así como la carga de trabajo que conlleva el cuidado familiar, que recae sobre los hombros de ellas, lleva a las autoras del informe a señalar que hay “un proceso silente de feminización de la pobreza”.

Para las mujeres que son jefas de hogar no existen redes de apoyo ni tampoco hay un sistema que brinde posibilidades de desarrollo personal, puntualiza Borges. «Las políticas públicas están enfocadas en lo asistencial y no en apoyar las capacidades de las mujeres. En los estratos más desfavorecidos la referencia es convertirse en mamá, no educarse ni avanzar profesionalmente». Las brechas de género se ven favorecidas por los rasgos culturales y no hay políticas que contribuyan a minimizar las diferencias en el ámbito económico, lo que se agudiza en la crisis, añade.

Sexualidad en rojo. Las precarias condiciones de salud también conspiran contra el bienestar de las mujeres. Borges destaca el agravamiento de la mortalidad materna, cuyas cifras negativas fueron oficialmente reconocidas por el Ministerio de Salud en el último Boletín Epidemiológico que se difundió públicamente, correspondiente a 2016, cuando el número de fallecimientos de embarazadas fue de 756, un aumento de 65,79% con respecto al año anterior, cuando se registraron 456 decesos. 

Los casos de mujeres que viajan a parir en otros países, por miedo a que sus hijos nazcan en hospitales que no están dotados y no les garantizan una adecuada atención se han multiplicado. Eso ha ocurrido en Brasil, Colombia y Argentina, a donde las mujeres se aventuran a irse incluso en autobús y en avanzado estado de gestación, señala Kislinger.

Los anticonceptivos siguen siendo un producto escaso en los centros asistenciales públicos, un problema reconocido por el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Venezuela, Jorge González Caro, quien informó el mes pasado que la última compra importante del gobierno de Nicolás Maduro en este renglón databa de 2015. 

Una encuesta realizada el año pasado entre mujeres en edad reproductiva reveló que 72% manifestaba no haber encontrado anticonceptivos disponibles en los 12 meses anteriores, 19% admitía que había tenido que comprarlos a bachaqueros o en grupos que los ofrecían en redes sociales, mientras que 27% indicaba que no pudo comprarlos en las farmacias debido a los altos costos. Un 10% dijo que los había tenido que comprar en el extranjero. La venta de estos productos fuera del mercado formal aumenta los riesgos de estafas y falsificaciones, añade Kislinger, para quien la gravedad de esta situación ha sido ignorada sistemáticamente por el Estado. «No se considera la anticoncepción como una prioridad, la sexualidad femenina sigue siendo penalizada». El artículo 76 de la Constitución, recuerda, reconoce y ampara la autonomía reproductiva, «el derecho de decidir cuándo tener hijos y al acceso a todo lo necesario para ejercer esa potestad, pero la realidad es que no tienes ni información, ni métodos, ni servicios». 

Las dificultades contravienen las normas del Ministerio de Salud, que establecen que el ejercicio de la sexualidad “está íntimamente ligado a la autonomía reproductiva, en tanto las mujeres tienen el derecho a una vida sexual activa que no necesariamente termine en un embarazo. Y para ello deben contar con la información y los insumos necesarios que deben ser garantizados por el Estado”, acota el informe. “Esta situación obliga a las mujeres muchas veces a buscar una salida, y en este contexto se trata de una salida desesperada”, señala Borges. El aborto clandestino se ha multiplicado, apuntan las activistas, aunque es un tema del que no se habla. 

Al problema de la alta incidencia de embarazos en adolescentes tampoco se le ha dado una respuesta efectiva y, por el contrario, se trata de una situación que se ha acentuado. Venezuela ostenta el nada envidiable lugar de tener la más alta tasa de fecundidad en mujeres entre los 15 y los 19 años de edad en América del Sur, 80,9 nacimientos por cada 1.000 jóvenes en esas edades, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. «Los embarazos no deseados entre adolescentes se producen sobre todo en los sectores más pobres, con la consecuencia de que, como ya se ha investigado, estás condenando a esas nuevas generaciones también a la pobreza», agrega Kislinger.

Derechos ausentes. Las irregularidades y los obstáculos para desenvolverse cotidianamente que encuentran las mujeres en el país se contraponen a derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. «Hay que resaltar que el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud reproductiva, todo eso se está violentando en el contexto venezolano», indica Fabiola Romero, directora del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya.

Si algo caracteriza el escenario que las mujeres afrontan en su día a día es la violencia, puntualiza Borges, «que cruza todas las discriminaciones». Las carencias y problemas denunciados contravienen lo que establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya implementación, además, está plagada de debilidades, según denuncia el informe. Uno de los puntos más graves es que se desconoce el alcance del delito de femicidio, aunque cifras del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal de 2014, que registraron un total de 74 casos, habían situado al país entre los últimos lugares en esta materia en la región, precedido solo por Honduras y El Salvador.

La violencia intrafamiliar contra las mujeres sigue siendo un asunto pendiente y la falta de datos impide saber con precisión la situación del acceso de las mujeres a la justicia, destaca el informe, aunque se sabe de las altas cifras del fenómeno, pues según el Fondo de Población para el Desarrollo, 50% de las mujeres venezolanas ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja, sin que funcionen los mecanismos estatales previstos para sancionar a los culpables. La debacle social y económica empeora las difíciles condiciones en las que las venezolanas sobreviven. «En la medida en que se deterioran las condiciones, se incrementa la inflación, hay menos acceso a los servicios básicos como agua, luz o transporte, gestionar la crisis se hace menos viable para ellas», advierte Romero.

2,7 millones de hogares venezolanos tenía como jefa a una mujer en 2011, de acuerdo con las cifras del censo, lo que representaba 39% del total. Hace 10 años, la cifra era de 29% y hace 20 años, de 24%, lo que evidencia que en el país hay una tendencia creciente a que las familias sean encabezadas por ellas.


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