En los últimos dos años la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, ha sido objeto de un éxodo laboral que desde julio registra 15 renuncias diarias, denuncian representantes sindicales, que solicitaron no ser identificados.
Aseguran que en ese período 5.000 trabajadores han sido víctimas de despidos indirectos, jubilaciones antes de tiempo, envío del personal de forma inconsulta a lugares de trabajo distantes de sus residencias, así como la negativa de promociones y mejoras económicas.
El éxodo masivo de trabajadores con un mínimo de 10 años de servicio y experiencia es visto con indiferencia por la directiva de Corpoelec, indicó una de las fuentes que señalaron que “los cargos quedan vacíos; y si son ocupados, es por personas –muchas de ellas enviadas por el PSUV– que no llenan los requerimientos”.
Las fuentes indicaron que muchas de las renuncias corresponden a despidos indirectos por pensar políticamente distinto, situación que se ha agudizado luego del 16 de julio contra quienes participaron en la consulta popular de la oposición y contra aquellos que no acudieron, el 30 de julio, a votar por la asamblea nacional constituyente.
Otra fuente señaló que la estampida de personal, iniciada a mediados de 2015, se debe a la persecución política y a la falta de motivación en el trabajo por los bajos sueldos y desconocimiento al buen desempeño. “Esto compromete aún más la calidad de la prestación del servicio a los usuarios, ya golpeada por la ausencia de inversiones, además de la falta de mantenimiento y actos vandálicos contra las instalaciones y la carencia de repuestos, materiales y equipos”, alertó.
La fuente explicó que los datos provienen de las divisiones de talento humano de la corporación en el ámbito nacional, que también han mostrado su preocupación porque “los cargos quedan sin ocupar, y si son ocupados es por recomendados del PSUV que no llenan los requerimientos técnicos ni la experiencia”.
Informó que otros 1.000 trabajadores están suspendidos del cargo sin pago de salario, ticket alimentación y HCM debido a que Corpoelec los denunció ante las autoridades penales como saboteadores porque los responsabiliza de fallas e interrupciones del servicio, cuando la causa de esas situaciones es la falta de mantenimiento. “La empresa alega que les pagará sus beneficios cuando salga la sentencia, pero eso significa esperar años debido a la lentitud del sistema judicial venezolano”, manifestó.