Por MARIELBA NÚÑEZ
En una escala que parece haber tomado desprevenida a la comunidad internacional, el movimiento de ciudadanos fuera de las fronteras del país se aceleró de tal forma que ha sido calificado de crisis regional, comparable para algunos con los procesos experimentados a raíz de los conflictos en Siria y Myanmar. Algunas cifras sitúan la emigración en más de 4 millones de personas, de las cuales 550.000 se contabilizan oficialmente en Colombia. Expertos advierten que es necesario actuar de acuerdo con lo que señala el derecho internacional para fortalecer los sistemas de protección de quienes han tenido que abandonar sus hogares
Comenzó hace unos años como un goteo y ya es una imparable avalancha. Las fronteras de Venezuela se han convertido en corredores a través de los cuales, a diario, miles de personas buscan un escape a la emergencia humanitaria que todavía no ha sido reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya hay voces que comparan el éxodo a otros países –en particular a Colombia– con procesos como los experimentados a raíz del conflicto en Siria y de la expulsión de la comunidad rohingya, en Myanmar.
Las cifras, desde luego, son una evidencia contundente de la crisis migratoria: oficialmente, de acuerdo con la Dirección General de Migración Colombia, más de 550.000 venezolanos se han trasladado a la nación vecina, aproximadamente la misma cantidad de refugiados sirios que ha sido acogida en Jordania y el mismo número de rohingyas que han huido a Bangladesh. “Observamos una migración forzosa que, en el lenguaje de la cooperación humanitaria, se define como el movimiento fuera del lugar de origen con carácter temporal o permanente, que por lo general tiene dos características: que es a gran escala y que tiene un carácter involuntario; las personas no se van porque quieren, sino porque es la única respuesta que consiguen ante factores extremos”, explica Beatriz Borges, responsable de la línea de investigación de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
En diciembre Angil González, de 28 años de edad, se convirtió en uno de los 25.000 venezolanos que se calcula que a diario cruzan el Puente Simón Bolívar, en la frontera con Cúcuta, en su caso para no volver. Vivía en Acarigua y se dedicaba al mercadeo digital, área en la que, como trabajadora independiente, le iba bastante bien, cuenta, hasta que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. “Allí se me empezó a complicar la situación porque el dinero no me alcanzaba para cubrir los exámenes y los tratamientos. Todos los días la inflación hacía más elevado el costo de las consultas. Aunque ganaba mil veces más que cualquiera, no me daba abasto”.
En la actualidad vive en Funza, Cundinamarca, donde consiguió trabajo en su área, por lo que ya se considera establecida y mucho menos preocupada que cuando llegó, especialmente luego de que el gobierno colombiano extendiera el permiso especial de permanencia para los venezolanos que hubieran llegado a ese país antes del 2 de febrero. Uno de sus planes a corto plazo es poder llevarse a su familia.
En estos casos, la decisión de migrar constituye una medida desesperada, de acuerdo con la socióloga Claudia Vargas, de la Universidad Simón Bolívar. “Los venezolanos están viendo en la emigración la posibilidad de cumplir sus expectativas mínimas de vida. Estamos hablando de lo más básico: alimentación, salud, y no salimos de ahí. Esa es la razón por la que ahora estamos viendo una emigración de estratos socioeconómicos más pobres: la gente se va porque es la única opción que se tiene para poder mantener a la familia que está aquí en Venezuela”, señala la investigadora especializada en el tema.
Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, puntualiza: “Estamos ante todo frente a una crisis de derechos humanos. Si los venezolanos gozaran de las garantías fundamentales a las que tienen derecho como ciudadanos de su país –salud, alimentación y libertad de expresión, entre otras– no se verían forzados a abandonar sus casas y comunidades para intentar sobrevivir en otros lugares”.
Números por establecer
La verdadera magnitud del éxodo es difícil de calcular. El Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana calcula que la cifra supera los 2,7 millones de personas. Una encuesta de Consultores XXI señala que el número estaba por encima de los 4 millones de personas en diciembre de 2017, lo que equivale a 12% de la población. “Lamentablemente el gobierno no publica ningún tipo de cifras sobre la salida de los ciudadanos en los últimos años, por lo cual es imposible tener una idea clara –o al menos oficial– de cuántas personas han emigrado”, apunta Jiménez. “Este es uno de los muchos ejemplos en los que el gobierno prefiere la opacidad a la transparencia”.
El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli aporta otros datos: “A través de la frontera con Colombia se han llegado a trasladar 70.000 personas diarias. En la frontera con Brasil se calcula que entre 300 y 400 personas caminan cada día hasta 200 kilómetros para llegar a Manaos. En la frontera marítima la información es más difícil de conseguir, pero existen indicios de que el movimiento es importante, como el hecho de que hay 10.000 venezolanos en Curazao”. La AN ofreció esta semana poner en marcha el registro internacional de venezolanos en el exterior, justamente para contribuir a precisar la cantidad.
Analizar y darle seguimiento a ese fenómeno resulta cuesta arriba “porque hay mucha variedad de características entre los migrantes y, además, el número ha subido de forma exponencial en los últimos meses”, agrega Borges. “En años anteriores las razones de la migración venezolana respondían a otro perfil –era más calificada, normalmente se iba por avión, obedecía muchas veces al problema de la inseguridad– pero en la reciente oleada, como lo hemos planteado las organizaciones de la sociedad civil, tiene su origen en una emergencia humanitaria compleja, de carácter político”.
El informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, publicado el lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dedica un capítulo a la crisis causada por las migraciones. Cita una investigación del Consejo Nacional de Inmigración de Brasil que reveló que 77% de venezolanos que habían llegado a Roraima –que se cifra en más de 32.000 solamente en Boa Vista– había migrado debido a la crisis económica y política, y solo 25% deseaba volver a Venezuela. “El estudio evidenció la migración de indígenas de la etnia warao debido al hambre y a la ausencia de servicios públicos como la educación y la salud”.
El documento se hace eco de lo señalado por el jefe de la Unidad Legal para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Juan Carlos Murillo, para quien la migración venezolana “ya no es exclusivamente de carácter económico, sino que tiene un componente mayor de refugiados”. Las cifras ofrecidas esta semana por el organismo dan una idea del alcance de la crisis: más de 100.000 venezolanos han solicitado asilo, principalmente en Estados Unidos.
A esa condición aspira E. P., de 22 años de edad y graduada en comercio exterior, que emigró a México en compañía de su mamá, su hermana y su cuñado, y actualmente presenta una solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En ese país las solicitudes de refugio entregadas por venezolanos sumaron 4.047 en 2017, 1.119% más que en 2016. “No quiero tener preocupaciones sobre mi seguridad, sobre qué voy a comer mañana o cómo voy a conseguir las medicinas si alguien de mi familia se enferma”, expresa.
Impacto regional
La crisis migratoria convirtió a Venezuela, que hasta hace unas décadas era un país receptor, en uno expulsor de migrantes, indica Jiménez. “La migración a gran escala es una de las principales formas de demostrar que la crisis venezolana dejó de ser una crisis interna y pasó a convertirse en una crisis de la región. La comunidad internacional casi no ha tenido tiempo de prepararse para este cambio tan radical y debe ahora fortalecer sus sistemas internos de protección”.
Para ello, señala Borges, es urgente que se apliquen los principios de derecho internacional humanitario con el fin de brindar protección “a los venezolanos que están saliendo masivamente y que ven la emigración como única opción de sobrevivencia”. Esto implicaría generar mecanismos que permitan que tanto a corto como a largo plazo sea un proceso regular y ordenado, “como establece el Pacto Mundial de Migraciones”.
Hasta ahora, señala, las reacciones que se han producido en varios países, entre ellos Argentina, Perú o Colombia, tienen limitaciones porque son de carácter temporal. “Muchas veces eso no permite la posibilidad a los migrantes de planificar a futuro”. En otros casos, como el de Honduras, apunta, se han establecido restricciones de ingreso bastante altas, “por el temor de recibir migración venezolana”.
Recalca que es importante distinguir el caso de las personas que ameritan protección internacional y para las que opera el principio de no devolución, porque su vida en el país está en juego, como es el caso de los perseguidos políticos, de otro tipo de migrantes que, aunque también se han visto expulsados del país por varias razones, en principio su vida no correría peligro si regresan. “Aunque la crisis venezolana ha alcanzado gran magnitud, la protección internacional hasta los momentos se ha enfocado a un flujo migratorio mixto, donde hay personas migrantes, migración forzosa y donde tenemos personas con necesidad de protección especial, y son los países con espacios fronterizos los que están lidiando con las consecuencias de esta crisis”.
La xenofobia de la que han sido víctimas los venezolanos en otras naciones latinoamericanas es una de las consecuencias indeseadas de la movilización masiva y la ausencia de políticas migratorias. El ataque con bombas incendiarias el 23 de enero contra un polideportivo donde pernoctaban 900 venezolanos en Cúcuta fue uno de los casos más repudiados. Un hecho similar ocurrió en Boa Vista, donde en varios incidentes fueron incendiadas casas de inmigrantes venezolanos. “Es importante no solo la asistencia médica alimentaria, sino también proveer canales de estabilización migratoria y desarrollar políticas contra la xenofobia en los países de destino”.
Otro de los problemas graves tiene que ver con el creciente uso de rutas clandestinas para abandonar el país, especialmente a través del mar, riesgosa opción que ha sido comparada con el caso de los balseros cubanos. Stefanelli recuerda que la AN aprobó un acuerdo especial para solicitar que Curazao otorgue el estatus de refugiados a los sobrevivientes del naufragio de una embarcación el 10 de enero, un grupo de personas que aspiraba a llegar a las costas de esa isla en un peñero que partió de San José de la Costa, estado Falcón. Según los testimonios que ofrecieron, habían pagado 100 dólares por el traslado.
“Hay una vulnerabilidad estructural de las personas migrantes, especialmente por falta de canales regulares para trasladarse, y eso también repercute en posibles violaciones de derechos humanos porque además involucra la existencia de redes de tráfico de personas”, advierte Borges. “Eso sin contar que los migrantes también están expuestos a represalias de agentes de seguridad, a la delincuencia común y al crimen internacional”.
Rutas riesgosas: tragedia silenciada
El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli considera que la salida de venezolanos a través de rutas riesgosas y clandestinas “es una tragedia que se ha ocultado”. No se refiere solamente al caso del naufragio del peñero que partió de San José de la Costa, en Falcón, en el que murieron cuatro personas en enero pasado, sino también a lo ocurrido con el barco Rosa María, que zarpó deLa Vela de Coro, también con destino a Curazao, y se hundió el 9 de julio del año pasado. “Dejó dos desaparecidos, pero como ocurrió en aguas venezolanas no se reconoce como un caso de ciudadanos que huyen”, señala. A esto se podría añadir el incidente reportado el 9 de mayo de 2017, cuando un bote se hundió en el trayecto entre Trinidad y Venezuela, lo cual causó el fallecimiento de tres personas, entre ellas una médica.
“Es un peligro huir del país de esta manera. No solo ocurren estos problemas en el mar, pues en las fronteras terrestres también hay muchos problemas, entre ellos asaltos y desapariciones”, advierte. El acuerdo sobre el naufragio en Curazao aprobado por la AN el 6 de febrero no solo exhorta al gobierno de ese país a reconocer a los sobrevivientes el estatus de refugiados, sino que también señala que se denunciará que lo sucedido “no es un hecho aislado ni reciente, que esta situación que viven los jóvenes venezolanos huyendo despavoridamente de su país, es de dimensiones trágicas y colosales y que ocurre en todas nuestras fronteras”. Stefanelli señala que el detonador de la última oleada de migraciones masivas fue la instalación de la asamblea nacional constituyente, en agosto pasado. “Venezuela, a pesar de que no tiene un conflicto declarado, es un país en un conflicto y hay muchas muertes”.