El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, aseguró que hasta el derecho de expresar públicamente el pensamiento está amenazado en Venezuela con la aprobación de la Ley del odio que promovió la asamblea nacional constituyente, la cual además es ilegítima, dijo, por no instalarse bajo los parámetros de la legislación nacional.
“La motivación de la ley nos parece viciada desde el planteamiento de sus objetivos. Está en contra de expresiones, sin definiciones claras y refuerza la figura de los delitos de opinión. El problema de la ley es que pretende limitar severamente el derecho a la libertad de expresión por lo que no compete solo a la Relatoría sino también a los ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil hacer frente a esta norma”.
Advirtió que más allá de promover la tolerancia y la paz, en su articulado no se delimita qué califica como crimen de odio, pero sí se castiga penalmente a quien emita opiniones que no estén alineadas con el mensaje del gobierno.
Expresó preocupación debido a que el instrumento legal no está ajustado a los estándares del derecho internacional. “El tipo penal no es ajustado ni específico a expresiones que inviten realmente al odio, sino que amplían cualquier discriminación: es una puerta que se abre a la discrecionalidad en un país donde el sistema de justicia no goza de la independencia que se requiere”, refirió.
Señaló que además se aplican penas imprescriptibles, cuando el sistema internacional de los derechos humanos plantea esta figura como medida de protección de los ciudadanos frente al gobierno. “El Estado busca proteger a sus funcionarios mientras persigue a los ciudadanos”, dijo.
Lanza señaló que los ataques a la libertad de expresión se han agudizado con la persecución a los medios independientes. Puso como ejemplo la demanda que introdujo el dirigente del PSUV, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por una información publicada en El Nacional, que al no ser de su agrado fue llevada al terreno penal.
En este contexto, también resaltó las amenazas directas a los periodistas, el cese de concesiones a medios radioeléctricos, las limitantes para la entrega de papel periódico y la compra de medios de comunicación tradicionales por parte de personas ajenas al periodismo, pero cercanas al gobierno.
“En Venezuela, la libertad de expresión es un campo minado”, aseguró durante su participación en el foro El odio como excusa para censurar,que fue organizado por la ONG Espacio Público.
Recordó que en Europa se establecieron restricciones frente al nazismo, por ejemplo, pero en Latinoamérica los gobiernos han utilizado estos mecanismos para la censura.
En el caso de Venezuela, Lanza señaló que el gobierno busca cerrar los espacios de expresión que utilizan los ciudadanos para vencer la desinformación. “Preocupa la discrecionalidad que tiene el gobierno para intervenir y obligar a transmitir campañas, lo que expone a los medios de comunicación y restringe su libertad de expresión”.
El relator anunció que a pesar de los impedimentos que tiene la CIDH para entrar en el país, se prepara un informe en el que se registrarán las violaciones a la libertad de expresión.