“A un toque de queda se han tenido que someter los residentes de la parroquia Candelaria, dado el incremento de delitos como el robo, hurto de vehículos y amenazas de muerte a comerciantes por cobro de vacunas”, denunció Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, quien aseguró que esto se debe a la obra de grupos criminales que habitan en las edificaciones invadidas en la zona, y otros de la parroquia Altagracia y San Bernardino “cuya actuación delictiva la aplican en Candelaria”, dijo.

Rojas explicó que los locales comerciales bajan sus santamarías a las 5:30 pm y que después de las 6:00 pm no transitan personas “porque es la hora pico de preferencia de los delincuentes”.

Agregó que en el norte de Caracas existen 150 edificios invadidos, de los cuales 34 están ubicados en Candelaria, algunos cerca de organismos del gobierno. “Estas edificaciones generan inseguridad en la zona, no hay control de ingreso ni un registro que permita determinar el número real de personas que las habitan, entre niños, ancianos y gente adulta, para que el Estado instrumente una política que les permita su reubicación. Esas torres son lugares donde el agresor se esconde de las autoridades”, indicó.

“Nosotros le hemos pedido al ministro de Interior, Néstor Reverol, que se dedique a impartir ley en los edificios invadidos, que en realidad cuentan con el aval del gobierno nacional. Estas edificaciones se han convertido en alcabalas de la muerte”, aseveró.

Rojas recordó que en agosto un grupo de 20 personas invadió las instalaciones del Hotel Inter ubicado en la esquina de Calero de la parroquia, a pocos metros del Ministerio Público, lo que causó mucha alarma y miedo entre los vecinos. Luego de la denuncia y la presión vecinal, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se acercaron al lugar y desalojaron el inmueble.

“La protesta es nuestra única arma para enfrentar este tipo de arbitrariedades, y es un muro de contención para evitar más violaciones a nuestra propiedad privada”, afirmó.


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