El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017.
El informe registró el derecho a la vida como el más violentado durante 2017, seguido del derecho a la alimentación, a la salud, e integridad personal.
“Personas cuya salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos, por no recibir atención médica oportuna y adecuada, por la violencia institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza y muerte por la acción de la delincuencia”, reza el documento
En el informe calificó a Venezuela como un país en “emergencia humanitaria”, especificó que el sistema alimentario se caracterizó este año por la reducción sostenida de la producción nacional, las importaciones y el consumo de alimentos, lo que desemboco en “alarmantes niveles de desnutrición”.
“9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez; aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día”, puntualizó.
Se agravó el déficit de personal médico, de enfermería, las fallas de servicios en hospitales públicos y la escasez de medicinas e insumos, “comprometiendo entre 50% y 90% sus niveles operativos” lo que causo muertes y el registro de 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la salud según el informe.
Entre enero y junio de 2017 unas 1.847 personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad venezolanos y Provea registró 7.357 casos de violación al derecho de la integridad personal que incluyen torturas; tratos crueles; allanamientos ilegales; heridos, lesionados y amenazas y hostigamiento.
El informe registró un total de 2.450 ataques a la población civil en el marco de la Rebelión Popular abril-julio, “con el objetivo de frenar la protesta popular, inhibir a los manifestantes de seguir protestando y castigar a urbanismos y comunidades que se movilizaron contra la dictadura”, sin embargo el balance enfatizó que dicha rebelion a pesar de ser derrotada elevó el costo político para los “represores venezolanos” y logro llamar la antención de la comunidad internacional, la cual «aumentó la presión sobre la dictadura».
Lea el informe completo en Provea