Una investigación en el Cendes sobre la violencia del Estado contra los derechos ciudadanos, la cual partió de la observación permanente de una funeraria cercana durante nueve años, permite a la psicóloga y criminóloga Magaly Huggins afirmar que “la familia venezolana está de luto, por los que se mueren, por los que les matan y por los que se van del país”. No hay razones, sostiene, para celebrar hoy el Día Mundial de la Familia.
“Se está viviendo violencia del Estado porque la inseguridad, generada por la impunidad, es terrible; no hay comida, la hiperinflación está haciendo que los altos precios de los alimentos que pueden conseguirse sean inaccesibles para una familia promedio. 87% de los hogares está en pobreza (Encovi 2018) y son desposeídos de su derecho constitucional a la alimentación, establecido también en convenciones y acuerdos internacionales”.
Afirma que a las muertes violentas, calculadas en 300.000 cada año (OVV 2017), y al problema de la desnutrición, se suma otra “epidemia de violencia” que afecta a la familia venezolana: el quebrantamiento del derecho a la salud por el Estado. “Esto está causando muertes evitables porque no hay medicamentos asequibles a la población, ni siquiera para las enfermedades comunes ni crónicas”.
El estudio que realiza, y del cual no reveló cifras, indica que esos fallecimientos “evitables” están ocurriendo por hipertensión y diabetes, cáncer, sida, lo cual se agrega el estado de los hospitales pediátricos, “donde no hay tratamiento ni oxígeno para atender los niños con asma”. “Los niños están muriendo de mengua, no hay cómo ponerles suero para su recuperación, y a eso se suma la desnutrición. Esto está pasando en familias de todo el país”.
Por si fuera poco, pacientes crónicos fallecen por la falta de atención estatal. “Tenemos casos de jóvenes que forman parte de un grupo familiar, en los cuales son los únicos con la enfermedad, pero todos sus parientes se movilizan para buscar la insulina, y no se consigue porque hace un año que el Estado no la compra. Hay dinero para hacer campaña electoral, para comprar armas, pero no para medicamentos necesarios. Pero además de los pacientes que mueren porque no tienen medicamento, otros están muriendo por contaminación intrahospitalaria. Tenemos muchos casos de fallecimientos por bacterias adquiridas en proceso de diálisis, en transfusiones o en operación en quirófanos”.
Asegura que este panorama es una negación del derecho a la vida. “Tenemos que las familias están expuestas a que un miembro del grupo se enferme o al temor a que se acaben los remedios que les puedan enviar del exterior o que consigan por casualidad. Todo este drama es una violación institucional hacia las familias venezolanas, por acción o por omisión. Pareciera que el Estado está diciéndonos: ‘O se van o se mueren”.
—Qué les queda a las familias que permanecen en el país?
—Las familias salen adelante porque no solo son matricentradas, sino también porque existe en ellas la esperanza y la solidaridad. Están ayudando miembros hasta de la tercera generación.