Por supuesta protección al patrimonio histórico, el Concejo Municipal de Libertador, con mayoría de ediles del PSUV, decretó el martes al anochecer la expropiación de siete locales comerciales ubicados entre las esquinas de San Jacinto y Traposos, y con funcionarios de la Alcaldía de Caracas procedió al desalojo de propietarios y empleados. Entre las casas afectadas está la sede del restaurante La Atarraya con una tradición mayor de 60 años.
Vecinos calificaron la acción de “violación flagrante a la propiedad privada e irrespeto al patrimonio”. Expertos consideraron que el motivo argumentado es un contrasentido, pues no pueden dar protección a una arquitectura que ya la tiene.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que la decisión fue adoptada de forma inconsulta por orden de la alcalde de Libertador, Erika Farías, sin oportunidad de defensa por parte de los propietarios o consulta alguna a la comunidad.
Indicó que los afectados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores y Emprendedores de la zona se reunirán para buscar soluciones.